La Comisión Administrativa de ATE Ensenada y la Mesa del Cuerpo de Delegados declararon la “emergencia laboral” en Astillero Río Santiago por las trabas para cumplir con los trabajos encargados.
Además, presentaron sus inquietudes ante las autoridades de la empresa por no poder cumplir con el plazo establecido para la entrega del buque Eva Perón para Venezuela debido a la falta de materiales e insumos, que, según aseguró el gremio, se encuentran “detenidos en la Aduana”.
Así lo informó a través de un comunicado, en el que los trabajadores destacaron que ”los cuatro containers con equipamiento para culminar los trabajos se encuentran detenidos en la Aduana hace varios meses a consecuencia de las trabas impuestas por los organismos de control del Estado de la provincia de Buenos Aires”.
“De esta manera, desde el gremio se les quitó toda responsabilidad a los trabajadores ya que los operarios no cuentan con los materiales necesarios para finalizar el buque”, consignó el texto.
Por otra parte, la Comisión Administrativa de ATE Ensenada manifestó que está a la espera de un encuentro con el flamante ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, Joaquín de la Torre, para interiorizarlo sobre distintas problemáticas.
Entre ellas, mencionó inconvenientes con cartas de crédito que, al no destrabarse, no permiten agilizar las tareas de los remolcadores y bulk carriers.
También, expresó preocupación por la construcción del buque multipropósito para la Armada, por la situación de la inversión tecnológica y por la seguridad de los trabajadores del Astillero.
Además, presentaron sus inquietudes ante las autoridades de la empresa por no poder cumplir con el plazo establecido para la entrega del buque Eva Perón para Venezuela debido a la falta de materiales e insumos, que, según aseguró el gremio, se encuentran “detenidos en la Aduana”.
Así lo informó a través de un comunicado, en el que los trabajadores destacaron que ”los cuatro containers con equipamiento para culminar los trabajos se encuentran detenidos en la Aduana hace varios meses a consecuencia de las trabas impuestas por los organismos de control del Estado de la provincia de Buenos Aires”.
“De esta manera, desde el gremio se les quitó toda responsabilidad a los trabajadores ya que los operarios no cuentan con los materiales necesarios para finalizar el buque”, consignó el texto.
Por otra parte, la Comisión Administrativa de ATE Ensenada manifestó que está a la espera de un encuentro con el flamante ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, Joaquín de la Torre, para interiorizarlo sobre distintas problemáticas.
Entre ellas, mencionó inconvenientes con cartas de crédito que, al no destrabarse, no permiten agilizar las tareas de los remolcadores y bulk carriers.
También, expresó preocupación por la construcción del buque multipropósito para la Armada, por la situación de la inversión tecnológica y por la seguridad de los trabajadores del Astillero.
ATE Capital anunció acciones judiciales para evitar el desfinanciamiento de la ANSES
El secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández, anunció la presentación de acciones de amparo colectivas, junto a otros gremios, para proteger el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES
En conferencia de prensa junto a Eduardo López (UTE-CTERA), Miguel Fernández Pastor, Carlos Ortega (SECASFPI), Luciano Fernández afirmó que “las organizaciones sindicales tenemos que respaldar la iniciativa de Miguel Fernández Pastor”, el abogado que obtuvo una medida cautelar contra la ley que avanza con el vaciamiento de los fondos de ANSES.
“Desde ATE Capital, junto con el cuerpo de de delegados de ATE ANSES, estamos llevando a cabo una campaña de conocimiento público para que la sociedad sepa que lo que se está haciendo no es una reparación histórica, sino que se está poniendo en riesgo la estabilidad del sistema público y de reparto”.
Miguel Fernández Pastor se refirió a la medida cautelar que obtuvo a favor del FGS y sostuvo que “la aspiración es de resolver esta medida favorablemente y que resulte en una resolución definitiva”. Explicó que “a partir del amparo, ANSES emitió un comunicado en donde dicen que todo se va a pagar normalmente y que nadie corre riesgo de cobrar, ya que la liquidación de los juicios se pagaría con el blanqueo y los fondos del tesoro”. Y aclaró que “si esto lo hubieran puesto en la ley, no estaríamos en esta discusión ya que es exactamente lo que nosotros queremos”.
“El ejemplo es como si alguien que tiene una fábrica y está endeudado. Viene alguien y le dice que para pagar esa deuda tiene que vender las máquinas, los camiones, las oficinas, etc. Entonces se queda sin fábrica y ya no paga ni la deuda ni la fábrica. Esto es lo mismo, acá pagan con lo producido y no con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad”, agregó.
Según proyecciones del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, se estima que el FGS desaparecería por completo debido a la recomposición de haberes a los jubilados de altos ingresos que ingresen a la llamada “reparación histórica”.
Por su parte, Eduardo López (UTE-CTERA) recordó que “todos los presentes en esta reunión nos movilizamos en contra de esta ley cuando lamentablemente se aprobaba en el Congreso”. Manifestó su apoyo a los amparos, y graficó: “En los 90 vimos maestras de 70 años dando clases que no se querían jubilar porque eso significaba caer en la indigencia y la pobreza”. Agregó que “la pelea no es sólo por esos docentes, también por los alumnos de esos docentes” y advirtió que “se está empezando un camino para volver a la privatización de la administración del sistema previsional”.
En conferencia de prensa junto a Eduardo López (UTE-CTERA), Miguel Fernández Pastor, Carlos Ortega (SECASFPI), Luciano Fernández afirmó que “las organizaciones sindicales tenemos que respaldar la iniciativa de Miguel Fernández Pastor”, el abogado que obtuvo una medida cautelar contra la ley que avanza con el vaciamiento de los fondos de ANSES.
“Desde ATE Capital, junto con el cuerpo de de delegados de ATE ANSES, estamos llevando a cabo una campaña de conocimiento público para que la sociedad sepa que lo que se está haciendo no es una reparación histórica, sino que se está poniendo en riesgo la estabilidad del sistema público y de reparto”.
Miguel Fernández Pastor se refirió a la medida cautelar que obtuvo a favor del FGS y sostuvo que “la aspiración es de resolver esta medida favorablemente y que resulte en una resolución definitiva”. Explicó que “a partir del amparo, ANSES emitió un comunicado en donde dicen que todo se va a pagar normalmente y que nadie corre riesgo de cobrar, ya que la liquidación de los juicios se pagaría con el blanqueo y los fondos del tesoro”. Y aclaró que “si esto lo hubieran puesto en la ley, no estaríamos en esta discusión ya que es exactamente lo que nosotros queremos”.
“El ejemplo es como si alguien que tiene una fábrica y está endeudado. Viene alguien y le dice que para pagar esa deuda tiene que vender las máquinas, los camiones, las oficinas, etc. Entonces se queda sin fábrica y ya no paga ni la deuda ni la fábrica. Esto es lo mismo, acá pagan con lo producido y no con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad”, agregó.
Según proyecciones del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, se estima que el FGS desaparecería por completo debido a la recomposición de haberes a los jubilados de altos ingresos que ingresen a la llamada “reparación histórica”.
Por su parte, Eduardo López (UTE-CTERA) recordó que “todos los presentes en esta reunión nos movilizamos en contra de esta ley cuando lamentablemente se aprobaba en el Congreso”. Manifestó su apoyo a los amparos, y graficó: “En los 90 vimos maestras de 70 años dando clases que no se querían jubilar porque eso significaba caer en la indigencia y la pobreza”. Agregó que “la pelea no es sólo por esos docentes, también por los alumnos de esos docentes” y advirtió que “se está empezando un camino para volver a la privatización de la administración del sistema previsional”.
Temor por desalojo y 200 despidos en la ex Donnelley
Tras la quiebra de la multinacional Donnelley, los trabajadores conformaron la cooperativa Madygraf y sostienen 200 empleos. Ahora la justicia amenaza con desalojarlos y dejar esas familias en la calle.
Eduardo Ayala, trabajador de la gráfica ex-Donnelley (de Garín), hoy día configurada en la Cooperativa Madygraf, y Myriam Bregman, diputada nacional del PTS – FIT y abogada de los trabajadores, se manifestaron sobre el peligro inmediato de que se pierdan doscientos puestos de trabajo, ante un posible desalojo por parte de la Justicia nacional en lo comercial.
Al respecto, Ayala señaló que “si el juzgado no autoriza una nueva prórroga del contrato de alquiler del predio, luego del 31 de octubre de 2016 se pueden perder más de doscientos puestos de trabajo de quienes integramos la cooperativa”.
“En un contexto donde la desocupación aumenta, está en peligro nuestra fuente laboral, y por eso los trabajadores ya estamos discutiendo qué medidas vamos a adoptar para conservar nuestro trabajo”, agregó el trabajador gráfico.
En tanto, la diputada nacional Myriam Bregman sostuvo: “Actualmente el juez de la quiebra de Donnelley, Gerardo Santicchia, pretende que se firme un contrato de locación que implica admitir que el 31 de octubre de 2016 se vence el plazo de alquiler y se deba cerrar la cooperativa y entregar el inmueble. Les está está pidiendo a los trabajadores que firmen su propio desalojo. Es muy grave la situación”.
Por último, Ayala concluyó: “Tenemos un proyecto de expropiación en la Legislatura Bonaerense que salvaría estos doscientos puestos de trabajo e incluso podríamos incorporar nuevos trabajadores si se sancionara, pero el proyecto se encuentra trabado en diferentes comisiones. Estamos exigiendo a los diputados bonaerenses que sancionen la expropiación definitiva de la ex-Donnelley a favor de la cooperativa de trabajo Madygraf, que fue la que mantuvo los doscientos puestos de trabajo ante el cierre de la multinacional norteamericana”.
Eduardo Ayala, trabajador de la gráfica ex-Donnelley (de Garín), hoy día configurada en la Cooperativa Madygraf, y Myriam Bregman, diputada nacional del PTS – FIT y abogada de los trabajadores, se manifestaron sobre el peligro inmediato de que se pierdan doscientos puestos de trabajo, ante un posible desalojo por parte de la Justicia nacional en lo comercial.
Al respecto, Ayala señaló que “si el juzgado no autoriza una nueva prórroga del contrato de alquiler del predio, luego del 31 de octubre de 2016 se pueden perder más de doscientos puestos de trabajo de quienes integramos la cooperativa”.
“En un contexto donde la desocupación aumenta, está en peligro nuestra fuente laboral, y por eso los trabajadores ya estamos discutiendo qué medidas vamos a adoptar para conservar nuestro trabajo”, agregó el trabajador gráfico.
En tanto, la diputada nacional Myriam Bregman sostuvo: “Actualmente el juez de la quiebra de Donnelley, Gerardo Santicchia, pretende que se firme un contrato de locación que implica admitir que el 31 de octubre de 2016 se vence el plazo de alquiler y se deba cerrar la cooperativa y entregar el inmueble. Les está está pidiendo a los trabajadores que firmen su propio desalojo. Es muy grave la situación”.
Por último, Ayala concluyó: “Tenemos un proyecto de expropiación en la Legislatura Bonaerense que salvaría estos doscientos puestos de trabajo e incluso podríamos incorporar nuevos trabajadores si se sancionara, pero el proyecto se encuentra trabado en diferentes comisiones. Estamos exigiendo a los diputados bonaerenses que sancionen la expropiación definitiva de la ex-Donnelley a favor de la cooperativa de trabajo Madygraf, que fue la que mantuvo los doscientos puestos de trabajo ante el cierre de la multinacional norteamericana”.
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