jueves, 27 de octubre de 2016

ARGENTINA:#EnacomNoCumple Redes de medios comunitarios se movilizan para reclamar por los incumplimientos del Estado

Fue este miércoles 26 de octubre a las 4 de la tarde para reclamar los fondos adeudados por el estado a radios y canales comunitarios. Convocan FARCO, AMARC, RNMA, Red Colmena/CNCT, Red Pac, Red Com, Arecia, Canales comunitarios Pares, Urbana y Barricada TV.
Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri no se pagaron los montos del Fondo Concursable de Fomento (FOMECA) ganados el año pasado por medios de todo el país y no se ejecutaron los recursos que por ley se deben destinar a fortalecer esos proyectos de comunicación. El incumplimiento se mantiene a pesar de las reuniones que, en varias oportunidades, mantuvieron los representantes de las redes de medios con autoridades del ENaCom. Los plazos que se propusieron por el organismo para el pago de fondos adeudados y para las líneas de concursos 2016 ya pasaron y los compromisos no fueron saldados.
La manifestación será el miércoles a las 16hs en calle Perú 106 (CABA). La jornada está convocada por el espacio Interredes (FARCO, AMARC, RNMA, Red Colmena/CNCT, Red Pac, Red Com, Arecia, Canales comunitarios Pares, Urbana y Barricada TV).
La presidenta de FARCO, Mariela Pugliese opinó que se busca reducir a los medios populares a su mínima expresión y criticó las promesas de pago incumplidas por el gobierno que obligan a la movilización de hoy. “Ya 
estamos a casi un año de la deuda que tiene el Estado con las organizaciones, y no es una deuda simbólica, es una deuda de fondos que no se están pagando (…) Me parece que el objetivo es `limpiarnos` para que puedan tanto las frecuencias como los recursos destinados al sector a los que ellos quieren, que son las grandes empresas de telecomunicaciones y medios audiovisuales”, afirmó.
Además de los fondos adeudados por el ENaCom, las redes de medios comunitarios exigirán la habilitación para los canales de televisión comunitarios que ganaron concursos y que siguen sin ser habilitados y que en Buenos Aires están siendo interferidos por el Canal 13 del grupo Clarín y el cumplimiento del 33% de reserva de frecuencias previsto por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para el sector sin fines de lucro.
“El sector comunitario es el que asegura la libertad de expresión y la posibilidad de que alguien esté diciendo la verdad”, expresó Pugliese.
En Mendoza, los medios comunitarios realizarán a las 10 de la mañana un escrache en la sede local del ente
El FOMECA está previsto en el artículo 97 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; allí se establece que el 10% de los fondos recaudados por el organismo de regulación serán destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios. Tiene un carácter fuertemente redistributivo, ya que se nutre de los gravámenes y multas que aportan los medios y fomenta procesos de actualización tecnológica, desarrollo de proyectos, fortalecimiento institucional y producción de contenidos de sus destinatarios.
A través de un comunicado, las redes de comedios comunitarios afirmaron que “la falta de pagos impacta en la sostenibilidad de nuestros medios, obligándolos al cerrar o a seguir construyendo en la carencia de recursos. Esto no es democratización ni pluralidad, sino regresión en materia de derechos a la libertad de expresión, de los medios y de sus audiencias”.
La situación de los canales comunitarios
En diálogo con Radio Gráfica,  Natalia Vinelli, periodista y fundadora de Barricada TV, se refirió a las licencias que le otorgó el Gobierno Nacional a Jorge Fontevecchia y aseguró que “hay un montón de promesas que no se están cumpliendo”.
“Hubo concursos el año pasado para Televisión Digital Abierta. Fontevecchia se presentó con su empresa y su nombre para dos señales, pero perdieron. No se los dio porque tenían un problema con la presentación de los papeles que estaban vinculados con la parte de la carpeta patrimonial. Judicializaron el tema. Cuando cambia el gobierno eso es revisado y dan por ganador a Fontevecchia”, relató Vinelli. Y agregó: “Fueron habilitados los dos canales en un contexto en el cual los canales comunitarios, que también ganamos concursos en esa época, venimos reclamando que nos habiliten (…) Pintan un escenario en el cual tenes que ser comprensivo porque no hay lugar, pero resulta que cuando se trata de una empresa se hace mágicamente”.
Comunicado de Interredes
CONVOCAMOS A TODXS por:
* Pago de los FOMECAS Adeudados.
* HABILITACION de los canales comunitarios concursados: Barricada TV, Urbana TV y Pares TV. Basta de interferencias de Canal 13.
* Reconocimiento Legal y Devolución de los equipos a ANTENA NEGRA TV.
* Resolución de los CONCURSOS pendientes para radio y televisión comunitarias.
* Cumplimiento de la RESERVA del 33% para las sin fines de lucro y elaboración del Plan Técnico.
Pasaron más de nueve meses de la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), y en el marco de su gestión continúa sin pagarse la deuda millonaria que mantiene con nuestros medios. Sumado a esto, no se abrieron las anunciadas líneas 2016 del Fondo de Fomento Concursable (FOMECA), incumpliendo así con lo previsto en la Ley Nacional de Presupuesto del año en curso.
Además algunas de esas líneas restringen las posibilidades de concursar a medios de nuestro sector, cuya única legalidad otorgada por el Estado ha sido un número de empadronamiento. Ese fondo establecido en la Ley 26522 (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual), se mantiene vigente aún pese a los decretos que modificaron varios de sus artículos, y no pueden ser utilizados para ningún otro fin que no sea el apoyo a los medios comunitarios, de pueblos originarios y de frontera. Son Fondos que existen actualmente y que no están siendo ejecutados.
Desde el inicio de la nueva gestión venimos sosteniendo reuniones tanto con el directorio del organismo como con el
área que atiende las políticas de fomento para el sector. Hemos realizado propuestas, entregado toda la información y la
documentación requerida; hemos sido abiertos al diálogo y una y otra vez las promesas se desvanecieron en el aire. El
diálogo, hasta ahora, fue un simulacro.
La falta de pagos impacta en la sostenibilidad de nuestros medios, obligándolos al cerrar o a seguir construyendo en la carencia de recursos. Esto no es democratización ni pluralidad, sino regresión en materia de derechos a la libertad de expresión, de los medios y de sus audiencias.
Tampoco se avanzó en estos largos meses en la habilitación definitiva de los canales comunitarios concursados, que
cumplieron con todas las exigencias derivadas del acto de adjudicación, ni se han abierto nuevos concursos de radio y
televisión sin fines de lucro. El ENACOM es rápido para habilitar canales comerciales y para avanzar en acuerdos con empresas, pero desoye los reclamos de los medios comunitarios, alternativos y populares.
El incumplimiento también se verifica en el desconocimiento de la reserva el 33% del espectro para el sector sin fines de lucro. Cuando medios privados cierran sus empresas, como el caso de Radio América, la normativa vigente establece el reordenamiento del espectro radioeléctrico en base a cumplir con la reserva para el sector no comercial de la comunicación.
Además, continúan las interferencias contra Barricada TV y Urbana TV por parte de la empresa Canal 13/Artear, y tampoco se levantó el proceso penal contra Antena Negra TV, iniciado por una empresa de seguridad privada que no posee licencia alguna para operar en el espectro. En este marco comienzan a aparecer situaciones de interferencias de medios comerciales a medios de nuestro sector como sucede con FM La Caterva y FM La Tribu, ante las cuales el organismo plantea la resolución del conflicto entre las partes, desentendiéndose de su rol.
Los funcionarios de ENACOM, ente presidido por Miguel Ángel De Godoy, sostienen una política de dilación con los medios comunitarios. Nos reciben, pero no nos escuchan. Nos prometen respuestas que nunca llegan y en nada han avanzado en estos meses, condenándonos al ahogo financiero y la precariedad. En consonancia con otros conflictos que surgen cotidianamente en el país, la gestión de Cambiemos sólo gana tiempo, para que el único que avance sea el mercado.

CORDOBA:“Por fin la Justicia toma una decisión que protege a los sectores que no tienen tierra ni vivienda”

Un recurso de amparo requerido por organizaciones sociales busca que las autoridades municipales apliquen en su totalidad y reglamenten la Ordenanza Municipal 11.988, para la formación del denominado “Banco de Inmuebles”.
La Cámara en lo Contencioso Administrativa hizo lugar a un amparo presentado por organizaciones vinculadas a la vivienda contra la Municipalidad de Córdoba.
La acción de amparo fue promovida por la Asociación de Beneficiarios y Adjudicatarios de Planes de Vivienda (Hogar Clase Media Mix), la Cooperativa de Trabajo Felipe Varela (Comisión Provincial de Tierras) y la Asociación Mutual Carlos Mugica, propietaria de La Ranchada.
El Banco del Inmueble tiene como objetivo facilitar el acceso a tierra para vivienda propia y única y limitar los procesos de valoración y especulación inmobiliaria, principalmente.
Marco Galán, especialista en hábitat social y presidente de la Mutual Carlos Mugica, resaltó la importancia de la plena implementación de la Ordenanza Municipal 11.988.
Además, la ordenanza, sancionada en 2011 establece que las nuevas urbanizaciones a ser aprobadas por el Municipio deberán donar el 5% de la superficie parcelaria a fin de integrar el Banco del Inmueble. Dicha donación puede efectivizarse con tierras ubicadas en el mismo predio a urbanizar, en otro predio dentro del ejido de la ciudad o con su equivalente en dinero.
Sin embargo, hay más de 60 loteos privados que no han cedido ese 5% que prevé la ordenanza, y que, en muchos casos, ya fueron vendidos sin calcular ese costo.
En otros términos, esto implica 500 mil metros cuadraros de tierra que deberían ser transferidos al municipio, o su equivalente en dinero, que son mil cien millones de pesos que deberían aportar los desarrollistas privados al banco del inmueble. De contar con estos recursos, el municipio tendría entre 2500 y 3000 lotes para viviendas sociales.
“Por fin la justicia toma una decisión que protege a los sectores populares que no tienen tierra ni vivienda“, afirmó Galán.
Gacetilla completa
ORGANIZACIONES SOCIALES DE VIVIENDA PROMOVEMOS ACCIÓN DE AMPARO CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA
Es un recurso llevado adelante por la Asociación de Beneficiarios y Adjudicatarios de Planes de Vivienda (Hogar Clase Media Mix), la Cooperativa de Trabajo Felipe Varela (Comisión Provincial de Tierras) y la Asociación Mutual Carlos Mugica.
La medida busca que las autoridades municipales apliquen en su totalidad y reglamenten la Ordenanza Municipal 11.988, para la formación del denominado “Banco de Inmuebles”.
Según reza la citada ordenanza en su Art. 1°, el Banco Municipal de Inmuebles debe integrarse por inmuebles del dominio público afectados al uso privado, que no cuenten con afectación específica, o que habiéndose afectado haya quedado sin efecto la causa de su afectación, más aquellos que se adquieran a tal fin.
Justamente, entre sus principales objetivos encontramos el facilitar el acceso a tierra para vivienda propia y única, gestionar la reserva de tierras destinadas a equipamiento urbano, promover la reducción de la incidencia del precio del suelo en el precio total de las viviendas construidas o a construir, como forma de regular y limitar los procesos de valorización y especulación inmobiliaria.
Se establece asimismo que, las nuevas urbanizaciones a ser aprobadas por el Municipio, además de las exigencias ya contempladas en las Ordenanzas Nº 8060/85 y 8606/91 y sus modificatorias, deberán donar el cinco (5 %) de la superficie parcelaria, a fin de integrar el Banco Municipal de inmuebles.
Dicha donación puede efectivizarse con tierras ubicadas en el mismo predio a urbanizar, o con una superficie equivalente en su valor económico de tierra urbanizada en otra localización dentro del ejido municipal, o bien con su equivalente en dinero.
El Intendente Municipal no ha cumplido con su obligación de exigir a ningún desarrollista la cesión del 5 % de las parcelas o su valor en dinero, provocando un perjuicio en sus derechos constitucionales a los vecinos en situación desfavorable y a las instituciones que los agrupan, que se pueden cuantificar en 509.895.89 metros cuadrados que debieron ingresar al “Banco de Inmuebles” o lo que traducidos en pesos (y al irrisorio precio de $ 2.000 el metro cuadrado) priva a sectores vulnerables, y con derecho de acceso a la vivienda, de la suma de $1.019.791.000 aproximadamente, que estimamos producirían 2500 lotes.
La misma norma prevé además la creación de un Padrón de Postulantes del Banco Municipal de Inmuebles, en el cual se inscribirán aquellas personas físicas o jurídicas que deseen acceder a inmuebles afectados al Banco, lo cual tampoco ha sido efectivizado.
Ninguna duda cabe acerca de la enorme frustración que causa a vecinos de la ciudad de Córdoba en situación de calle y a las instituciones solidarias que intentan dar soluciones habitacionales a los más desfavorecidos de la sociedad, la indolencia e inacción del Municipio en la aplicación de esta Ordenanza, dictada ya hace casi 5 años.
Esta inacción municipal viola los derechos fundamentales y las garantías reconocidas por la Constitución de la Provincia de Córdoba, la Constitución Nacional y la misma Carta Orgánica Municipal.
Como instituciones con reconocida trayectoria en la defensa de los derechos ciudadanos, AVANZAMOS EN ESTA ACCIÓN DE AMPARO, convencidos de la necesidad de exigir el cumplimiento de la ley, fundamentalmente los derechos de acceso a la tierra y a la vivienda de miles de cordobeses que, teniendo reconocidos estos derechos por la normativa vigente, deben padecer la quietud de quienes incumplen con la justicia, con la ley y con la voluntad popular.

CHACO:Pueblos originarios recurren al Superior Tribunal para frenar la entrega de hectáreas de la Reserva Grande

La reserva, unas 300 mil hectáreas ubicadas al sur del Río Bermejito, fue adjudicada a los pueblos indígenas por la reforma de la Constitución del Chaco de 1994.
Organizaciones indígenas nucleadas en la MO.WI.TOB (Moqoit, Wichí y Toba) presentaron este martes en el Superior Tribunal de Justicia del Chaco, una acción de inconstitucionalidad frente al anuncio del Gobierno provincial de entrega de títulos de propiedad en la llamada Reserva Grande, zona del impenetrable chaqueño.
Oscar Villalba, miembro de la MO.WI.TOB, dijo que la intención del gobierno es “subdividir nuestro ambiente”. 
En la presentación, realizada por el doctor Cristian Aguirre, apoderado de la MO.WI.TOB, los pueblos indígenas plantean que “la entrega de títulos de propiedad que lleva adelante el Gobierno Provincial está basado en decretos inconstitucionales”.
Explican que: “Estos decretos, firmados por el Poder Ejecutivo Provincial en diciembre de 2015, violan el artículo 37 de la Constitución Provincial que establece que las tierras otorgadas en reserva  `serán inembargables, imprescriptibles, indivisibles e intransferibles a terceros`. Contrariamente a esto, el Gobierno impulsa la entrega de tierras dividiendo y fragmentando nuestro territorio, adjudicando parcelas a terceros y mediante un proceso de consulta viciado de nulidad”.
20 años de incumplimientos
La Reserva Grande, unas 300 mil hectáreas ubicadas al sur del Río Bermejito, fue adjudicada a los pueblos indígenas por la reforma de la Constitución del Chaco de 1994.
En los últimos años se avanzó con una propuesta que adjudicaba 100 mil hectáreas para cada pueblo. Relocalización de las familias criollas y titularización comunitaria de la reserva a nombre de la MO.WI.TOB.
Sin embargo, a fines del 2015, el defensor del pueblo Gustavo Corregido, presentó una medida cautelar solicitando la titularización de las tierras ocupadas por las familias criollas. El Gobierno, a través de 6 decretos realizó entonces una nueva propuesta de adjudicación.
Las mejores tierras, al lado del río, le fueron otorgadas a las familias criollas. A los pueblos indígenas, les tocó la parte más hostil del impenetrable.
“Esto nos provocó un gran dolor, porque después de tanto trabajo de hacer mensuras y logrado acuerdos con los hermanos criollos, el gobierno cambió todo y nos adjudicó tierras afuera de la Reserva”, expresó Francisco Matorras, abuelo Wichí de Nueva Pompeya.
La presentación finaliza diciendo: “Los Pueblos Indígenas estamos convencidos que hacer lo prohibido por la Constitución lastima profundamente nuestra Democracia . Por eso esperamos que el Superior Tribunal, al que hemos escuchado hablar del Convenio 169, del Pacto de San José y de tantas normas que reconocen derechos indígenas, escuchen nuestro reclamo, y beneficien al Pueblo del Chaco con MAS Y MEJOR DEMOCRACIA”.

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