El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se mostró hoy a favor de que, en las próximas elecciones legislativas, se permita la convivencia de los sistemas de boleta en papel y boleta única electrónica para "tener conciencia de cuál es mejor".
Frigerio planteó que sería positivo que la Justicia Electoral habilitara ambos sistemas: "Si se permitiera que convivieran dos sistemas en la misma elección, creo que sería bueno porque uno podría tener conciencia de cuál es mejor", afirmó en una entrevista que concedió a radio La Red.
El funcionario insistió con que, a pesar del freno que a fines del año pasado la reforma electoral encontró en el Congreso, "es algo que inexorablemente se va a venir".
En este sentido, sostuvo que, si no prosperó el debate, fue porque "algunos senadores impidieron que esto se discutiera de cara a la sociedad" y señaló que, si no se logra establecer a nivel nacional, seguramente serán las propias provincias las que avanzarán con la modificación de sus propios sistemas electorales, como ya lo hicieron algunas, como Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La política migratoria del Gobierno
Frigerio, subrayó que la política migratoria impulsada por el Gobierno busca "evitar que ingresen delincuentes a la Argentina" y remarcó que las medidas adoptadas respetan "profundamente la Constitución", aunque "muchas veces nos vamos de mambo y el país terminó aceptando hombres de bien y de no tan bien, delincuentes".
"Lo que estamos haciendo con estas medidas es evitar que ingresen delincuentes a la Argentina y acelerar los trámites para que rápidamente podamos expulsar a los delincuentes que ya ingresaron", explicó Frigerio, en declaraciones a radio La Red.
El ministro aclaró que las medidas anunciadas en los últimos días y las analizadas por el gobierno respetan el espíritu de la Constitución de puertas abiertas a los extranjeros: "Somos un país que se forjó a través de inmigrantes. La Constitución dice que les tenemos que abrir las puertas a todos los hombres de bien que quieran habitar suelo argentino, y respetamos profundamente la historia y la Constitución".
No obstante, señaló que "lo que pasa es que a veces nos vamos de mambo y el país terminó aceptando a hombres de bien y de no tan bien, delincuentes".
Frigerio subrayó que "hay argentinos que manejan la droga y la delincuencia, y hay extranjeros, esos que dejamos pasar por no tener controles, que también lo hacen".
En este sentido, afirmó que esas personas "sentían que la Argentina era una tierra fértil para delinquir" y destacó que eso es lo que el gobierno busca "evitar".
"Tenemos que ordenar la política migratoria, como se hizo en el pasado", destacó el funcionario, quien dijo que la decisión del Gobierno "para la gran mayoría de la sociedad es razonable".
Ayer, el titular de la cartera política presentó un sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API), que comenzó a regir hoy en aerolíneas y cruceros, y que busca restringir el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales y acelerar la salida de aquellos que sean condenados por delinquir.
La dura definición de Beatriz Sarlo sobre Macri: "No sabe en profundidad lo que hace"
La intelectual dijo que el presidente no tiene "tradición política" y aseguró que se necesitan políticos que "sepan lo que hacen". Además lo comparó con Trump.
En una entrevista por Radio Millenium, Sarlo dijo que los presidentes tienen una "ausencia absoluta de tradiciones políticas. Algunos podrán decir que esas tradiciones son del pasado. Sin embargo, todos los líderes mundiales políticos tienen una tradición política importante".
La intelectual explicó que una "la tradición política es pensar en el pasado, conocerlo. Aquellos que tienen tradición política, no ignoran su historia".
En ese momento, uno de los periodistas dijo que Macri se define como desarrollista. Sarlo respondió que "la tradición política necesita una relación activa, que te lleva a pensar permanentemente. No es sólo decir que hay que poner fábricas para ganar dinero".
La intelectual además criticó al radicalismo por formar parte de la alianza Cambiemos. "Ellos tienen tradición política, los conozco. Ellos saben de dónde vienen. Incluso utilizan esa información para traicionar y mentir", sostuvo.
"Yo soy partidaria de que existan políticos que sepan lo que hacen con cierta profundidad intelectual y moral", afirmó Sarlo. En ese momento, los periodistas le dijeron que el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan no tenía esa cualidad. La escritora objetó que "tenía un partido detrás"
"En el caso Argentino no tenemos ni lo uno, ni lo otro", dijo la intelectual en referencia a que Macri no sabe con profundidad lo que hace, ni tampoco es la figura de un partido tradicional.
El apriete mafioso de Macri y Magnetto para los jueces que no pueden sobornar
Una maniobra de pinzas entre el gobierno nacional y los principales medios de comunicación (que amenazan con escracharlos) busca desplazar a los miembros de la justicia que no obedecen sus designios.
LAS TRES NOTAS DE CLARÍNNota 1
“Hay que enviar un mensaje claro a los jueces. Algunas cosas que pasaron durante el kirchnerismo son inadmisibles y van en contra de la independencia del poder de turno que el Presidente busca para la Justicia”, confió a Clarín un importante funcionario al tanto de la intención de Macri de iniciar una suerte de “depuración” del Poder Judicial.
Esa purga, señalan, no se hará “a lo bonzo”. “No hace falta: si echás a los más emblemáticos, el resto va a terminar de entender que ya no pueden seguir en la joda”, graficó con crudeza otra importante espada macrista acostumbrada a transitar los tribunales.
Por este motivo, el martes hubo una reunión en Casa Rosada Allí estuvieron el jefe de asesores del Presidente
En el encuentro, según pudo reconstruir este diario, se trazaron dos listas de jueces apuntados. Una de “alta prioridad” y otra que quedará para una segunda etapa.
En la primera figuran el juez de la Sala I de la Cámara Federal, Eduardo Freiler; el juez federal, Daniel Rafecas; y el administrador general del Consejo de la Magistratura, Juan Cubría.
Nota 2
La política suele abusar de los adjetivos para etiquetar personas y conductas, que según las circunstancias pueden describir con la misma palabra virtudes o defectos, o hasta virar en sustantivos que terminan incorporándose a la jerga de los políticos y operadores. Por ejemplo “tiempista” es una medalla que todos ellos quieren colgarse, pues convierte a sus destinatarios en geniales administradores del vertiginoso carrusel de los plazos para presentar candidaturas, sellar alianzas o ejecutar medidas difíciles. “Oportunista”, en cambio, ya tiene una doble lectura, entre la audacia y el ventajismo. Definitivamente barranca abajo, “temerario”, “inoportuno” o “imprudente” sólo cargan connotaciones radiactivas. Pues bien, a los politólogos les tocará calibrar las últimas movidas del gobierno hacia el Poder Judicial: a la discusión por la existencia de una feria judicial de un mes en pleno enero, y mientras las primeras denuncias contra sus funcionarios germinan en Comodoro Py, el Presidente ordenó que el Consejo de la Magistratura acelere el juicio político a varios magistrados cuestionados por su conducta, su patrimonio o sus presuntos compromisos con el kirchnerismo.
Tal como anticipa Clarín en exclusiva, el Gobierno estaría dispuesto a hacer valer la mayoría que consiguió en ese organismo mediante una polémica jugada, cuando aprovechó un descuido de los bloques peronistas en el Congreso para aprobar la designación del diputado macrista Pablo Tonelli. Justamente él, y sobre todo el representante del Ejecutivo en el Consejo, Juan Bautista Mahiques, serán las espadas que deberán traducir el deseo presidencial en las pretendidas destituciones.
No será fácil. Para empezar, desplazar a un juez -algo gravísimo- requiere de una mayoría especial de nueve votos, y no de los siete de la mayoría simple con los que sí podrían barrer de su silla al administrador Juan Cubría, lo que podría ocurrir en el próximo plenario, el 9 de febrero.
Con figuras fuertes del kirchnerismo -que resistirán la caída de magistrados cercanos a su pensamiento- y funcionarios judiciales que miran con lupa antes de voltear a uno de los propios, los procesos no serán fugaces. “El caso de Freiler es el más avanzado, de hecho hay pruebas más fuertes que el informe de Migraciones”, dijo ayer a Clarín un consejero que trabaja en la Comisión de Acusación. “Pero el procedimiento tiene sus etapas, aún hay que avalar las pruebas, pedir más informes. Eso sí: el nuestro es un juicio político, no penal. Basta con que la sociedad haya perdido la confianza de un juez para que pueda avanzar un jury contra él”. El expediente de Rafecas también avanza en el Consejo. Junto con la de Freiler, su suerte quedaría echada este año. También la de la camarista de Casación Ana María Figueroa. Otro número puesto es el de Rodolfo Canicoba Corral. Pero habrá que ver. Ese juez ahora estudia la denuncia contra el jefe de los espías, Gustavo Arribas.
Nota 3
La funcionaria judicial resiste aún hoy en su puesto de trabajo y no se ha ido, a pesar de los pedidos del actual Gobierno, de las críticas de dirigentes de Cambiemos (como Elisa Carrió) o de las denuncias judiciales que recibió. La administración de Mauricio Macri intentó conseguir la salida de la procuradora de Cristina: primero, con la gestión del ministro de Justicia, Germán Garavano. Pero los amigables modos del ministro no alcanzaron, por lo que desde esa dependencia se craneó el proyecto para limitar el mandato del procurador a cinco años. Eso actualmente no tiene tope, por lo que con esa iniciativa, Gils Carbó debería irse agosto de 2017. Como cualquier otra norma, no podría ser retroactiva, pero sería otro modo amigable de invitarla a jubilarse. Pero fue la mismísima Elisa Carrió quien abortó ese proyecto, que el Gobierno nacional había conseguido impulsar en el Congreso con el apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa.
En ese esquema, la vehemente diputada Graciela Camaño impulsaría el proyecto desde la conducción de una comisión bicameral para analizar el trabajo de los fiscales. El rechazo al proyecto por parte de Carrió -y del kirchnerismo, obviamente- dejó firme a Gils Carbó en su poltrona. Desde la Justicia le llegaron acusaciones: el fiscal José María Campagnoli -subordinado de la procuradora General- le inició una denuncia penal, acusándola de filtrar copias de una investigación que él tuvo a su cargo, en la que le apuntaba al ex espía Antonio “Jaime” Stiuso, en el caso del secuestro del ex empleado ferroviario Alfonso Severo, quien debía declarar en el juicio oral y público por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra.
Pero Gils Carbó ahora ata su suerte -una vez más- a Cristina Fernández de Kirchner. La procuradora espera saber cómo será el futuro político de su referente; esto es, si jugará políticamente y si será candidata a senadora o a diputada nacional, lo que la pondría una vez más en el centro del escenario político. De ese modo, Gils Carbó se sentiría fortalecida por la presencia de Cristina.
Sobre la continuidad o no de Gils Carbó, en el Gobierno nacional analizan tres variables: una, son los embates que imaginan -también en tiempo de campaña- volverán a surgir de la boca de la diputada Carrió. Otra, es la acción de Graciela Camaño, quien desde la Cámara de Diputados, insistirá con impugnar las acciones de la jefa de los fiscales.
Y finalmente, la frase con la que un ministro nacional definió el escenario: “Gils Carbó quiere saber cuánta vida le queda a Cristina”, asegura en referencia a la vida política de la ex jefa de Estado, quien tiene en su horizonte más inmediato, un calendario de citaciones judiciales muy intenso para el año y además, la decisión de si competirá o no electoralmente, esta vez en una elección parlamentaria donde debería competir con nombres como Sergio Massa, Margarita Stolbizer y los candidatos del Gobierno, impulsados María Eugenia Vidal y Mauricio Macri.
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