EL PAIS:La Cámara electoral denunció que el Gobierno frena transparentar el escrutinio por "interés político partidario”

A poco de las PASO, la Cámara Nacional Electoral apuntó directo contra Mauricio Macri a través de una acordada. El Tribunal sugirió que la administración PRO desoyó una propuesta enviada en enero y elude "robustecer las herramientas de fiscalización" para quedarse con el control de las elecciones bajo "la órbita del Ejecutivo Nacional". Mañana hay reunión con Frigerio.
A 47 días de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2017 en que se pondrán en juego bancas tanto para Diputados como para el Senado, Mauricio Macri se encontró con un nuevo capítulo de sus problemas con la justicia electoral. Es que estalló la disputa por el control del escrutinio provisorio, que a pesar de decir que busca la transparencia, el líder PRO pretende dejarlo bajo su control todo lo que pueda.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) disparó duro contra el gobierno nacional a través de una acordada en la comunicó a la ciudadanía que “pese a reiterados requerimientos de este Tribunal, el escrutinio provisorio continúa bajo la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional sin participación alguna de la justicia nacional electoral", con lo cual Macri sigue reteniendo el conteo de votos provisorio por "interés político partidario”.
El texto de la justicia electoral desnuda los cortocircuitos con el macrismo: mientras la CNE quiere participar del escrutinio provisorio con una propuesta enviada en enero que no consiguió respuesta de Cambiemos y que se basaba en "implementar una serie de medidas para el fortalecimiento del proceso electoral" con bajo costo económico, el Gobierno insiste con la intención de contratar a una empresa privada para que se encargue.
"La resolución se dicta porque en enero de este año -ante la falta de sanción de la ley de reforma electoral que se debatió en 2016- la Cámara se propuso implementar una serie de medidas para el fortalecimiento del proceso electoral, que requerían la actuación de la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior (Acordadas CNE 2/17 y 3/17)", explicó el Tribunal en un comunicado.
Según el mismo texto, "una de las propuestas se refería a un mecanismo de escrutinio provisorio diferente al que históricamente se ha implementado desde el Poder Ejecutivo, para robustecer las herramientas de fiscalización, propender a una difusión más rápida de los resultados y, fundamentalmente, para integrarlo ´como una fase más del proceso que dirige la justicia nacional electoral, alejado de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y, en consecuencia, de cualquier interés político partidario´".
Para agravar la denuncia en cuanto a la intencionalidad del macrismo en la no ejecución de la propuesta de la CNE, los firmantes de la acordada destacaron que "el proyecto de ley de 2016, que impulsó el Poder Ejecutivo y que aún no fue aprobado por el Congreso" incluía una "solución semejante".
Sin embargo, explica la resolución, “hasta el día de hoy -ya avanzado el cronograma electoral en curso- no se ha obtenido respuesta alguna”.
Además, la acordada firmada por los jueces de la Cámara Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via descarta que la falta de respuesta del Gobierno se deba a dificultades económicas para implementar la propuesta, como por ejemplo sí las había en el caso del voto electrónico buscado por Macri: "las previsiones propuestas no requerían ´un presupuesto significativo en relación al total asignado y al que históricamente se destinó al rubro´, y en modo alguno suponen la intervención de ninguna empresa privada ni justifican modalidad administrativa que al respecto se haya adoptado, sino que, por el contrario, procuran prescindir de la acostumbrada contratación de terceros".
Corcuera y Dalla Via se reunirán mañana con Rogelio Frigerio, el funcionario a quien apuntaron de forma indirecta al señalar a la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior. De allí surgirá la respuesta que dará el Gobierno a la dura denuncia de la CNE.

El controvertido proyecto de Macri que pone en peligro al matrimonio igualitario

El Poder Ejecutivo presentó una iniciativa sobre las libertades religiosas que pone en vilo a la educación sexual y a la unión civil entre dos personas del mismo sexo.

El Poder Ejecutivo envió un proyecto sobre las libertades religiosas que pone en peligro a la educación sexual y al matrimonio igualitario.
Por el hecho, la organización Amnistía Internacional le envió una carta a Mauricio Macri para manifestar preocupación por el proyecto.
Se trata del proyecto 0010/PE/2017 sobre Libertad Religiosa, remitido por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación el 12 de junio de 2017.
Según el texto, el proyecto busca consagrar una protección más completa a la libertad religiosa. Sin embargo este derecho ya se encuentra garantizado en nuestro país. En primer lugar, el artículo 14 de la Constitución Nacional consagra la profesión libre de culto, protegiendo la libertad religiosa y de conciencia. A su vez, el artículo 19 establece incluso que nadie será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe", afirma Amnistía en el comunicado.
Sobre el proyecto, la organización de Derechos Humanos advierte por el artículo 7 del proyecto. "Este apartado proclama de manera explícita el derecho a la objeción de conciencia, de las personas y de las instituciones. Específicamente, establece que “toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica” incluyendo a los funcionarios públicos", informa.
Además, describe sobre este apartado: "Este articulado constituye un retroceso sustantivo porque revierte la excepcionalidad del instituto de la “objeción de conciencia”, pasando ésta a ser casi la regla. En efecto el texto solo instituye como requisito que la creencia religiosa sea “sincera” presumiendo la “buena fe” del objetor por la existencia de dicha norma religiosa".
Si este proyecto avanza puede correr peligro el matrimonio igualitario y la educación sexual. Amnistía puso ejemplos de situaciones cotidianas donde podría impactar esta norma de "libertad religiosa".
Allí relata que "un docente podría negarse a impartir una clase sobre la 'teoría de la evolución' por encontrarse en pugna con su creencia religiosa, cercenando el derechos de niños, niñas y adolescentes a la educación". Además, en cuanto a la ley de Educación Sexual Integral advierte que "docente podría limitar la enseñanza religiosa a la moral sexual cristiana o moral de cualquier otra religión".
Sobre el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, Amnistía afirma que "un juez de paz o un registro civil podría negarse a casar a un matrimonio entre parejas del mismo sexo basándose en principios morales o religiosos, violando el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas".
Y el proyecto hasta podría dificultar a pacientes en obras sociales. "Una obra social podría negarse a proveer anticonceptivos aun existiendo una obligación legal para hacerlo y violando los derechos sexuales y reproductivos de jóvenes y adultos.