Tres años después de que surgieran los primeros casos de abusos sexuales y de explotación por efectivos de la misión de paz en ese país africano, un equipo de documentalistas suecos se contactó con varias sobrevivientes, quienes dijeron que nunca llegaron los fondos prometidos por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
“Lo que exponemos no es que se hayan cometido esas atrocidades, sino que entonces les prometieron un apoyo y simplemente desapareció”, explicó una de las directoras del AIDS-Free World y de la Campaña Código Azúl, Paula Donovan, al ser consultada por IPS.
La organización primero documentó los casos de abuso sexual cometidos por efectivos de las fuerzas de paz en 2015 y que causaron indignación pública.
Niñas de entre ocho y 15 años, residentes de un campamento de refugiados, denunciaron que las obligaron a tener relaciones sexuales a cambio de alimentos y de otros bienes. Hay 14 soldados franceses implicados en los hechos.
Tras reunirse con representantes de Unicef en República Centroafricana, quienes dijeron que las niñas estaban atendidas y los casos seguidos, la periodista Karin Mattisson y su equipo hablaron con algunas víctimas que dieron una versión diferente de los hechos.
Una de las sobrevivientes, Martha, quedó embarazada y contrajo el VIH (virus de inmunodeficiencia humana), causante del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), cuando tenía 14 años, a raíz del abuso perpetrado por un efectivo de la misión de paz.
“Al principio, Unicef dijo que se aseguraría que el soldado fuera detenido, y que se ocuparían de la madre y del bebé para ayudarnos. Pero luego, nada, nadie vino a vernos. Nosotros tuvimos que hacernos cargo del niño”, relató su amiga.
Martha dijo que lo único que recibieron fue un “regalo” monetario de unos 15 dólares, un saco de arroz, leche y azúcar. Mientras, el soldado fue repatriado y no se sabe si se tomaron medidas punitivas.
Dos niños, también violados y que declararon en el marco de la investigación inicial de la ONU, también dijeron que no habían recibido ninguna ayuda. “Estamos tratando de salir adelante por nuestra cuenta. Le vamos a buscar agua a la gente, lavamos autos, así hemos vivido desde entonces”, relató uno de ellos.
La portavoz de Unicef, Najwa Mekki, dijo a IPS que la agencia ofreció asistencia a los menores de los casos que conocen y que reforzaron su procedimiento de denuncia, de asistencia a las víctimas y la capacitación del personal desde 2015.
“Hacemos un seguimiento de los niños identificados en el programa de televisión sueco, ofrecemos asistencia cuando corresponde y seguiremos otorgando el apoyo necesario a cualquier víctima de explotación sexual y de abuso que se presente o del que nos informen”, dijo a IPS.
El ex secretario general adjunto y alto representante de la ONU, el embajador Anwarul Chowdhury, quien participa en la Campaña Código Azul, explicó que la burocracia de la ONU perjudica la implementación de medidas al impedir en ese tipo de casos que la información clara y concisa siga la cadena de mando.
“Para cuando la información finalmente llega al secretario general, está totalmente diluida”, dijo a IPS. Y sin todas las pruebas, cualquier investigación se vuelve un “estudio falso”, añadió.
“La justicia se demora y se les niega”, subrayó, por su parte, Chowdhury.
Donovan también señaló el uso problemático de “gente de adentro de la ONU” para hacer frente al problema debido a sus preocupaciones por su propio legado y reputación.
“Las personas que forman parte del problema quedaron encargadas de la solución. No quieren presentarse y decir ‘esto es lo que está tan mal y es horrible de la ONU y decidí arreglarlo’ porque ellos estuvieron a cargo de todo”, explicó.
A principios de este año, el secretario general António Guterres anunció la creación de un grupo de investigación para analizar la respuesta de la ONU a la explotación y el abuso sexual.
Entre los integrantes del equipo se encuentra la subsecretaria general para las fuerzas de paz Jane Holl Lute y el asesor militar del Departamento de Operaciones de Paz, teniente general Carlos Humberto Loitey.
Pero según Chowdhury, ningún grupo de investigación servirá para nada. “Si es con gente de adentro de la ONU, no harán nada para poner lo propio en el abuso”, explicó a IPS.
Donovan y Chowdhury pidieron un mecanismo judicial especial para atender los abusos sexuales de efectivos de las fuerzas de paz.
Chowdhury, por su parte, subrayó la necesidad de una unidad independiente para realizar investigaciones y denunciar casos, y así contribuir a que se tomen medidas contra los responsables y cuyas acciones suelen gozar de la protección de sus compañeros.
“La ONU necesita salvarse de sí misma”, resumió Donovan.
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