Los feriados puentes habían sido eliminados por el Gobierno pero volverán en el año 2018.
Los feriados puentes habían sido eliminados por el Gobierno Nacional pero volverán en el año 2018, ya que se aprobó una ley en el Senado. La determinación fue tomada con 59 votos a favor y una abstención.
El proyecto de ley le da al Poder Ejecutivo la facultad de disponer de tres feriados puente anuales, los cuales habían sido eliminados del calendario 2017. La Cámara alta avaló la iniciativa que contaba con la aprobación de Diputados.
La iniciativa le da la capacidad al Ejecutivo de establecer tres feriados puente a lo largo del año para completar un fin de semana largo cuando los días festivos inamovibles sean un martes o un jueves.
La intención del proyecto es incentivar el turismo y empujar así el desarrollo de las economías regionales.
La medida había sido derogada por el gobierno de Mauricio Macri con el argumento que afectaban el cumplimiento del calendario escolar y que entorpecían la competitividad del sector productivo.
En el año 2018, son tres los feriados que caen martes o jueves: el 24 de abril (Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos), el 1 de Mayo (Día del trabajador), el 25 de diciembre (Navidad) caen martes.
La oposición, en sus distintas variantes, fue la encargado de defender el proyecto. Los distintos oradores coincidieron en señalar que el plazo para la prorroga no se podía reducir a menos de cuatro años debido, entre otras cosas, a la complejidad del relevamiento territorial.
Al respecto la senadora jujeña Liliana Fellner señaló: “En caso de no prorrogarse por cuatro años se estaría incumpliendo con el convenio 169 de la OIT”
En ese contexto, la senadora mendocina por el bloque PJ-FpV, Anabel Fernández Sagasti, aprovechó para cuestionar tanto a Cambiemos como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Nos vamos a avalar la persecución y el desalojo de los pueblos originarios. Quieren crear un enemigo interno que no existe. La única violencia que existe hoy en argentina es la violencia institucional”, sentenció en el marco de una sesión que volvió a estar atravesada por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
El neuquino Marcelo Fuentes continuo por el camino marcado por Sagasti y aseguró que “la intención del Gobierno era que esta ley cayera pero la conmoción del caso Maldonado los llevo a entender que es necesaria”.
Desde la UCR y el interbloque Cambiemos, el primero en adelantar el apoyo fue el formoseño Luis Naidenoff. “Vamos a acompañar una vez más el proyecto de prórroga, porque estamos convencidos, de la necesidad de dotar de cierta certidumbre ante la inminencia de posibles medidas administrativas o judiciales que tiendan a menoscabar determinados derechos”, destacó el senador.
Sin embargo, Naidenoff cuestionó que en los últimos 11 años solo se relevado el 30% de las comunidades y señaló que si bien “la responsabilidad es compartida por el Estado nacional y los Estados provinciales” lo cierto es que “hay muchas provincias que no sólo no ayudan sino que ponen palos en la rueda”.
Por su parte, Miguel Ángel Pichetto, decidió hablar a título personal y dejó en claro que pese a apoyar “la norma que busca pacificar” en la “Argentina no se puede permitir que haya tierras sagradas” por cuestiones “de soberanía”.
El presidente del bloque Pj – FpV para cuestionar al RAM y calificarlo como una minoría violenta y al mismo tiempo pedir que se esclarezca el caso Maldonado.
La Asamblea de Chavascate que nuclea a habitantes de las localidades de Agua de Oro, Cerro Azul y El Manzano del Departamento Colón, fueron quiénes presentaron la denuncia contra el ex Secretario de Ambiente Raúl Costa y dos de los integrantes de la Comisión Técnica Interdisciplinaria de dicho organismo, Anuzis y Ferrari. Adrían Oitiana, miembro de esta organización expresó en FM Nexo que “el TSJ nos reconoció la condición de querellantes, esto quiere decir que nosotros como denunciantes pasamos a ser también parte del juicio, donde ya están imputados tres funcionarios.”
El desarrollo inmobiliario en Córdoba pone en riesgo no solamente el agua y el monte nativo sino también a la capilla histórica de Villa Candonga, patrimonio de todos los cordobeses.
“Este desarrollo inmobiliario se construye sobre la toma de agua de la cooperativa que abastece a las tres localidades que integran la asamblea de vecinos. Además está la capilla de Candonga que los empresarios se van a apropiar. Es un abuso a la cultura, la historia, un despojo a la identidad de todos los vecinos de la zona”, denunció el asambleísta.
La iniciativa le da la capacidad al Ejecutivo de establecer tres feriados puente a lo largo del año para completar un fin de semana largo cuando los días festivos inamovibles sean un martes o un jueves.
La intención del proyecto es incentivar el turismo y empujar así el desarrollo de las economías regionales.
La medida había sido derogada por el gobierno de Mauricio Macri con el argumento que afectaban el cumplimiento del calendario escolar y que entorpecían la competitividad del sector productivo.
En el año 2018, son tres los feriados que caen martes o jueves: el 24 de abril (Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos), el 1 de Mayo (Día del trabajador), el 25 de diciembre (Navidad) caen martes.
Atravesado por la desaparición de Santiago, el Senado aprobó la Ley de tierras
Luego de un largo debate en la que principal discusión fue el plazo de la nueva prórroga, la Cámara Alta aprobó la iniciativa y la giró a Diputados.
Con el vencimiento de la prorroga votada hace cuatro años en el horizonte, el Senado aprobó por unanimidad con 62 votos positivos la norma que extiende por cuatro años más la norma que impide el desaojo los pueblos originarios de sus territoriosLa oposición, en sus distintas variantes, fue la encargado de defender el proyecto. Los distintos oradores coincidieron en señalar que el plazo para la prorroga no se podía reducir a menos de cuatro años debido, entre otras cosas, a la complejidad del relevamiento territorial.
Al respecto la senadora jujeña Liliana Fellner señaló: “En caso de no prorrogarse por cuatro años se estaría incumpliendo con el convenio 169 de la OIT”
En ese contexto, la senadora mendocina por el bloque PJ-FpV, Anabel Fernández Sagasti, aprovechó para cuestionar tanto a Cambiemos como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Nos vamos a avalar la persecución y el desalojo de los pueblos originarios. Quieren crear un enemigo interno que no existe. La única violencia que existe hoy en argentina es la violencia institucional”, sentenció en el marco de una sesión que volvió a estar atravesada por la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
El neuquino Marcelo Fuentes continuo por el camino marcado por Sagasti y aseguró que “la intención del Gobierno era que esta ley cayera pero la conmoción del caso Maldonado los llevo a entender que es necesaria”.
Desde la UCR y el interbloque Cambiemos, el primero en adelantar el apoyo fue el formoseño Luis Naidenoff. “Vamos a acompañar una vez más el proyecto de prórroga, porque estamos convencidos, de la necesidad de dotar de cierta certidumbre ante la inminencia de posibles medidas administrativas o judiciales que tiendan a menoscabar determinados derechos”, destacó el senador.
Sin embargo, Naidenoff cuestionó que en los últimos 11 años solo se relevado el 30% de las comunidades y señaló que si bien “la responsabilidad es compartida por el Estado nacional y los Estados provinciales” lo cierto es que “hay muchas provincias que no sólo no ayudan sino que ponen palos en la rueda”.
Por su parte, Miguel Ángel Pichetto, decidió hablar a título personal y dejó en claro que pese a apoyar “la norma que busca pacificar” en la “Argentina no se puede permitir que haya tierras sagradas” por cuestiones “de soberanía”.
El presidente del bloque Pj – FpV para cuestionar al RAM y calificarlo como una minoría violenta y al mismo tiempo pedir que se esclarezca el caso Maldonado.
CORDOBA:serán querellantes en un juicio emblemático en defensa del ambiente
Los vecinos que conforman la Asamblea del Chavascate llevan diez años de lucha contra la construcción de un emprendimiento que vulnera la normativa vigente ambiental, a nivel nacional y provincial, y pone en riesgo la provisión de agua potable para la zona.
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba aceptó a la Asamblea de Vecinos del Chavascate como querellantes en la causa en la que están imputados funcionarios por autorizar indebidamente a la firma Ticupil S.A. a realizar un country en Villa Candonga, en una zona protegida por la Ley de Bosques 9.814.La Asamblea de Chavascate que nuclea a habitantes de las localidades de Agua de Oro, Cerro Azul y El Manzano del Departamento Colón, fueron quiénes presentaron la denuncia contra el ex Secretario de Ambiente Raúl Costa y dos de los integrantes de la Comisión Técnica Interdisciplinaria de dicho organismo, Anuzis y Ferrari. Adrían Oitiana, miembro de esta organización expresó en FM Nexo que “el TSJ nos reconoció la condición de querellantes, esto quiere decir que nosotros como denunciantes pasamos a ser también parte del juicio, donde ya están imputados tres funcionarios.”
El desarrollo inmobiliario en Córdoba pone en riesgo no solamente el agua y el monte nativo sino también a la capilla histórica de Villa Candonga, patrimonio de todos los cordobeses.
“Este desarrollo inmobiliario se construye sobre la toma de agua de la cooperativa que abastece a las tres localidades que integran la asamblea de vecinos. Además está la capilla de Candonga que los empresarios se van a apropiar. Es un abuso a la cultura, la historia, un despojo a la identidad de todos los vecinos de la zona”, denunció el asambleísta.
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