El Gobierno planea recortar el 18% de la planta estatal, es decir unos 35.000 puestos. Según publicó Clarín, el Ministerio de Modernización ya envió una planilla a cada dependencia con un examen exhaustivo de cuánto personal es deseable que ocupe cada área. Según el relevamiento oficial, al que accedió ese diario, para el Gobierno hay 19.119 trabajadores "de más".
Modernización planteó un esquema denominado "de adecuación". El mismo consiste en intimar a jubilarse a todo trabajador en condiciones de hacerlo, cortar contratos a aquellos que hayan tenido ausencias reiteradas y la no renovación de contratos que culminan a finales de diciembre.
Cabe destacar que en diciembre culminan contratos para 80.000 empleados (65.000 con contratos directos, el resto con convenios con Universidades). En Modernización niegan una reducción masiva de personal, sin embargo, los gremios estatales fueron notificados por los propios empleados.
Otra forma de recorte que se busca es la conclusión de los convenios con universidades. Especialmente esos contratos se registran en el Ministerio de Salud donde hay más de 600 jóvenes médicos comunitarios, y de especializaciones como salud mental, que prestan servicios al Estado mediante esos convenios.
Iguacel gastó $1200 millones en una autopista y un puente, pero quedó muy angosto y los trenes no pasan
El titular de Vialidad se jactaba de la velocidad de la obra. Críticas a la solución de cortar los bordes del puente.
Un error de cálculo millonario. El gobierno nacional gastó 1.200 millones en una obra que incluye un puente ferroviario en Luján, pero las formaciones del Sarmiento pasan ‘con lo justo' y los trenes de carga de origen chino directamente no podrán circular.
La obra del puente ferroviario que une la Autopista del Oeste con la Ruta Nacional Nº 5, esperada hace años por los vecinos de la zona, estuvo a cargo del ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, a través de Vialidad Nacional, que funciona casi como un ministerio aparte bajo la conducción del entusiasta Javier Igualcel, que suele hacer alarde de su relación directa con Macri.
La semana pasada, Iguacel se pavoneaba en Twitter -es un usuario muy activo de esa red social- de la eficiencia del PRO al momento de hacer obras. "En tiempo récord terminamos de poner los cuatro puentes del bypass de Luján. El sábado, se colocaron las tres vigas de apoyo y se montaron dos de los cuatro puentes. Hoy llegan dos vigas más y el puente estaría montado en su totalidad. Esto me emociona", escribió pletórico.
Pero todo salió mal. Los cálculos fallaron, pese a que Iguacel es ingeniero, y el puente quedó muy angosto. Los trenes no pasaban. Un sencillo metro hubiera evitado el bochorno.
La obra total tiene un presupuesto de 1.200 millones y el puente metálico, según las autoridades, habría costado unos 55 millones.
Desde la Unión Ferroviaria contaron lo que se vivió el viernes, al momento de la inauguración. "Querían hacer la foto, estaban todos para eso y se encontraron con que los trenes no pasaban por el puente", aseguró Diego Hormachea, titular de la seccional oeste de ese gremio.
"Estaban desesperados buscando una solución. Al parecer van a retirar un poco hacia afuera las barandas, o cortarlas para ganar espacio. Lo que pasa es que la baranda no es un adorno, es un refuerzo de la estructura. Hay que tener cuidado", agregó trabajador.
De hecho, el error no fue menor y no son tiempos para improvisar recortes a costa de seguridad. Los técnicos de la Unión Ferroviaria aseguran que el puente debería tener como mínimo 4,20 metros. Sin embargo la construcción apenas llegó a los 3,40 metros. Es decir, los cálculos de Iguacel fallaron por casi o un metro o se quedo corto por un cuarto del ancho necesario.
También a través de Twitter, Iguacel acaso intentó ensayar una explicación, sin que se notara demasiado la torpeza. Dijo que para evitar un corte del servicio por seis meses se decidió construir el puente en un taller y no in situ, sugiriendo un procedimiento un tanto extravagante que consiste en primero construir el puente a ojo, para luego ir "recortándolo" en el lugar .
También aseguró que la solución al problema será la de "cortar los bordes superiores del puente" para que pasen los trenes. Según aseguró eso "no afecta en nada" a la circulación de las formaciones por la sobredimensión estructural que tiene la obra.
Justamente esa es la solución que desde la Unión Ferroviaria consideran como riesgosa.
La semana pasada, Iguacel se pavoneaba en Twitter -es un usuario muy activo de esa red social- de la eficiencia del PRO al momento de hacer obras. "En tiempo récord terminamos de poner los cuatro puentes del bypass de Luján. El sábado, se colocaron las tres vigas de apoyo y se montaron dos de los cuatro puentes. Hoy llegan dos vigas más y el puente estaría montado en su totalidad. Esto me emociona", escribió pletórico.
Pero todo salió mal. Los cálculos fallaron, pese a que Iguacel es ingeniero, y el puente quedó muy angosto. Los trenes no pasaban. Un sencillo metro hubiera evitado el bochorno.
La obra total tiene un presupuesto de 1.200 millones y el puente metálico, según las autoridades, habría costado unos 55 millones.
Desde la Unión Ferroviaria contaron lo que se vivió el viernes, al momento de la inauguración. "Querían hacer la foto, estaban todos para eso y se encontraron con que los trenes no pasaban por el puente", aseguró Diego Hormachea, titular de la seccional oeste de ese gremio.
"Estaban desesperados buscando una solución. Al parecer van a retirar un poco hacia afuera las barandas, o cortarlas para ganar espacio. Lo que pasa es que la baranda no es un adorno, es un refuerzo de la estructura. Hay que tener cuidado", agregó trabajador.
De hecho, el error no fue menor y no son tiempos para improvisar recortes a costa de seguridad. Los técnicos de la Unión Ferroviaria aseguran que el puente debería tener como mínimo 4,20 metros. Sin embargo la construcción apenas llegó a los 3,40 metros. Es decir, los cálculos de Iguacel fallaron por casi o un metro o se quedo corto por un cuarto del ancho necesario.
También a través de Twitter, Iguacel acaso intentó ensayar una explicación, sin que se notara demasiado la torpeza. Dijo que para evitar un corte del servicio por seis meses se decidió construir el puente en un taller y no in situ, sugiriendo un procedimiento un tanto extravagante que consiste en primero construir el puente a ojo, para luego ir "recortándolo" en el lugar .
También aseguró que la solución al problema será la de "cortar los bordes superiores del puente" para que pasen los trenes. Según aseguró eso "no afecta en nada" a la circulación de las formaciones por la sobredimensión estructural que tiene la obra.
Justamente esa es la solución que desde la Unión Ferroviaria consideran como riesgosa.
Ahora Quintana viene por las farmacias de todo el país
El matutino La Nación hizo pública una notificación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) a la Confederación Farmacéutica Argentina que representa a las farmacias comunitarias del país. El organismo imputa a las entidades farmacéuticas en una causa que Quintana inició en 2011 y que fue desestimada en su momento, pero todo cambió por su presión como vicejefe de gabinete del gobierno nacional.
En el año 2011 cuando Mario Quintana era el CEO de la cadena Farmacity, reclamó a la CNDC que hiciera algo para que le bajaran las bonificaciones de PAMI.
Pero el aporte que realizan las farmacias de grandes centros urbanos y volumen de venta, es mayor que las que aportan en el interior de la provincia. A Quintana, con su red de 250 farmacias ubicadas solamente en grandes centros urbanos, no le gustó la bonificación que le correspondía por la magnitud de su cadena.
De hecho, todos los farmacéuticos hacemos ese reclamo desde hace años, pero el acuerdo firmado entre el PAMI y la Industria Farmacéutica impone desde mediados de los 90 una bonificación que las farmacias deben hacer para poder atender a los jubilados.
Sorpresivamente la causa se reactivó luego de que Quintana accediera a la vicejafetura de gabinete de la Nación. Ahora, de acuerdo a lo publicado en el diario La Nación, la CNDC parece darle la razón, “a primera vista”.
La sanción que aplicaría el organismo a la CoFA es multimillonaria e implicaría un enorme beneficio para Quintana y su cadena de farmacias a cuenta de la sustentabilidad de las farmacias comunitarias de todo el país que atienden PAMI.
También es una jugada que podría garantizarle la atención exclusiva del PAMI a su cadena, ya que una disminución a Farmacity, aumentaría la bonificación de las farmacias más pequeñas y sería insostenible la atención en los barrios.
La enorme presión que se ejerce sobre las organizaciones farmacéuticas por esta causa (y por el juicio que Quintana le inició a la provincia de Buenos Aires para instalar su cadena) no parece detenerse a pesar de los cuestionamientos realizados desde diferentes ámbitos sociales, políticos y profesionales.
Todos coinciden en señalar que quién predica desde la gestión nacional que ha venido para acabar con la corrupción y dinamizar la economía, utiliza su poder para favorecer a un grupo económico y vulnerar la ley vigente.
Farm. Maria Isabel REINOSO
Presidente – Colegio de Farmacéuticos Provincia de Buenos Aires
Pero el aporte que realizan las farmacias de grandes centros urbanos y volumen de venta, es mayor que las que aportan en el interior de la provincia. A Quintana, con su red de 250 farmacias ubicadas solamente en grandes centros urbanos, no le gustó la bonificación que le correspondía por la magnitud de su cadena.
De hecho, todos los farmacéuticos hacemos ese reclamo desde hace años, pero el acuerdo firmado entre el PAMI y la Industria Farmacéutica impone desde mediados de los 90 una bonificación que las farmacias deben hacer para poder atender a los jubilados.
Sorpresivamente la causa se reactivó luego de que Quintana accediera a la vicejafetura de gabinete de la Nación. Ahora, de acuerdo a lo publicado en el diario La Nación, la CNDC parece darle la razón, “a primera vista”.
La sanción que aplicaría el organismo a la CoFA es multimillonaria e implicaría un enorme beneficio para Quintana y su cadena de farmacias a cuenta de la sustentabilidad de las farmacias comunitarias de todo el país que atienden PAMI.
También es una jugada que podría garantizarle la atención exclusiva del PAMI a su cadena, ya que una disminución a Farmacity, aumentaría la bonificación de las farmacias más pequeñas y sería insostenible la atención en los barrios.
La enorme presión que se ejerce sobre las organizaciones farmacéuticas por esta causa (y por el juicio que Quintana le inició a la provincia de Buenos Aires para instalar su cadena) no parece detenerse a pesar de los cuestionamientos realizados desde diferentes ámbitos sociales, políticos y profesionales.
Todos coinciden en señalar que quién predica desde la gestión nacional que ha venido para acabar con la corrupción y dinamizar la economía, utiliza su poder para favorecer a un grupo económico y vulnerar la ley vigente.
Farm. Maria Isabel REINOSO
Presidente – Colegio de Farmacéuticos Provincia de Buenos Aires
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