EL PAIS:20 años en negro | El caso de la empleada doméstica de Urtubey llega a la Corte Interamericana
Durante dos décadas, Sarita Santos Dávila trabajó como empleada doméstica de la familia Urtubey; la despidieron pero no la indemnizaron y nunca le realizaron aportes.
De nuevo El Destape se hizo eco del triste caso de Sarita Santos Dávila que durante 1984 y 2005, trabajó como empleada doméstica de la familia Urtubey; siempre en negro, sin que se le realizaran aportes ni se le pagaran aguinaldos, vacaciones ni asignaciones familiares.Al ser despedida, tras 21 años de servicios, no le abonaron la indemnización correspondiente, por lo que la mujer decidió recurrir a la justicia salteña.
Sin embargo, tras años de litigar por el trabajo que realizó en las casas de la escribana Lía Urtubey, madre de Juan Manuel, y del propio gobernador, la Cámara de Apelaciones de la provincia decidió revocar un fallo a su favor en primera instancia.
Llegado el caso a la Corte Suprema salteña, ésta confirmó la polémica sentencia ‘in limine’ -es decir, rechazando todo lo expuesto- de la Cámara. Ahora, su caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“El juicio es contra toda la familia Urtubey porque ella trabajaba para los hijos -de Lía- inclusive”, explicó Víctor Hugo Sarmiento, uno de los letrados que representa a la exempleada doméstica del gobernador al sitio www.eldestape.com.
Vuelve Triaca con orden de doblegar a disidentes
MÁXIMA TENSIÓN ENTRE GOBIERNO Y GREMIOS EN EL ARRANQUE ANTICIPADO DE LAS PARITARIAS 2018 - Deberá imponer el tope del 15% en paritarias y hostigar a dirigentes opositores como Moyano y Palazzo. Admiten en su entorno que puede ser su último encargo. El camionero pasa lista el jueves.
La vuelta hoy de Jorge Triaca a sus tareas como ministro de Trabajo, en una semana decisiva de reordenamiento interno de la CGT, promete ser a todo o nada. Tras el escándalo todavía no apagado de su exempleada Sandra Heredia, el funcionario regresará con la instrucción precisa de encajonar las paritarias en un tope de 15% para los aumentos salariales y de confrontar a todos los dirigentes sindicales opuestos a esa pauta. La faena tendrá como primera escala el bancario Sergio Palazzo pero deberá escalar hasta Hugo Moyano, que impulsa para el 22 de febrero la primera protesta del año de gremios contra el Gobierno.
Cerca de Triaca admiten que puede tratarse del último encargo de Mauricio Macri y Mario Quintana. Y que, incluso si lleva a cabo con éxito el cometido, podrá ser una victoria pírrica que de todos modos termine con su salida del Gabinete. La constatación es que desde la cima del Ejecutivo sólo dotaron al ministro de palos, pero de ninguna zanahoria. En ese sentido enumeran el tope salarial sin extras, la caída de una porción de los subsidios Repro que reparte Trabajo y que por años fue una herramienta de gestión para suavizar a gremialistas y la profundización de una política de hostigamiento hacia dirigentes rebeldes.
En términos de gestión empresarial asimilan la orden a la que debe cumplir el directorio de una compañía en venta antes de un traspaso accionario. Siga o no Triaca al frente de Trabajo al final del proceso la maniobra contempla acelerar dos medidas que hasta ahora se encontraban en una etapa preliminar: la caducidad de personerías gremiales de sindicatos inactivos o con groseras fallas administrativas -en la gran mayoría de los casos se trata de meros sellos o entidades casi sin actividad formal- y, sobre todo, la puesta en marcha de auditorías sobre organizaciones que en los últimos dos años exhibieron alguna irregularidad.
Esta última resolución, a cargo de la directora de Asociaciones Sindicales, Karina Palacios, encierra la mayor amenaza para sindicatos de volumen intermedio acostumbrados a un vínculo más relajado con la autoridad política. La misma repartición tuvo un protagonismo similar cuando la encabezó meses atrás Horacio Pitrau, ahora viceministro de Trabajo, y tuvo a su cargo las intervenciones administrativas sobre gremios como el SOMU (marítimos), el de vigiladores Upsra) o el de Canillitas.
La pulseada de fondo será, de todos modos, la ronda de paritarias. Y tanto el gremio de Palazzo como el equipo de Triaca utilizan un mismo tono beligerante para describir el escenario. La Asociación Bancaria lanzó la semana pasada una campaña bajo la consigna "En febrero mueven las negras" como velada advertencia sobre inminentes paros y movilizaciones por la falta de avances en la negociación salarial con las entidades financieras. Hasta ahora los bancos ofrecieron para todo 2018 una suba del 9% con cláusula gatillo, que el gremio rechazó.
Desde Trabajo ya hubo una primera respuesta para esta confrontación. La semana pasada, como había anticipado este diario, Pitrau firmó una resolución que le quitó vigencia al descuento forzoso del 1% del sueldo de los empleados bancarios con destino al sindicato, la denominada "cuota solidaria". Y el siguiente paso será hacer lo propio con un aporte de los bancos a la obra social del 1% de la nómina salarial.
Todo el accionar está orientado al mismo objetivo: fijar el 15% de tope para los incrementos de sueldo del año sin adicionales. Con ese propósito esta misma semana el Gobierno buscará promocionar lo que en Trabajo considera acuerdos inminentes en gremios menores como el de tintoreros, los aceiteros de San Lorenzo o el sindicato de la Bolsa de Comercio.
La semana será intensa para toda el ámbito gremial. El jueves la dirigencia opositora se reunirá en la CGT para pasar lista de los participantes a la marcha convocada por Moyano para el 22. Pablo Moyano, hijo y lugarteniente de Hugo en Camioneros, y secretario gremial de la central, organizó el plenario bajo la premisa de que estará encabezado por su padre y por Luis Barrionuevo. Además de los sindicatos que les responden allí se medirá el nivel de adhesión de los disidentes, que por ahora son minoría y no cuentan con el apoyo de los "gordos" de los grandes gremios de servicios ni de los "independientes" en general asociados a los oficialismos.
Ayer el jefe de los maquinistas de trenes de La Fraternidad, Omar Maturano, le dio una mala noticia al Gobierno al anticipar, en radio El Mundo, su posible concurrencia a la marcha, pautada en la Plaza de Mayo o en la 9 de Julio. "Si es para frenar un ajuste hay que ir", adelantó. Un primer indicio de los auspiciantes de la protesta fue la foto que dejó el almuerzo organizado días atrás por Barrionuevo en Mar del Plata, que alumbró un documento crítico y con advertencias al Gobierno. La mesa principal contaba, junto a Moyano y el gastronómico, con sus respectivos alfiles en el triunvirato de la CGT, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, además de Palazzo y Maturano.
Cerca de Triaca admiten que puede tratarse del último encargo de Mauricio Macri y Mario Quintana. Y que, incluso si lleva a cabo con éxito el cometido, podrá ser una victoria pírrica que de todos modos termine con su salida del Gabinete. La constatación es que desde la cima del Ejecutivo sólo dotaron al ministro de palos, pero de ninguna zanahoria. En ese sentido enumeran el tope salarial sin extras, la caída de una porción de los subsidios Repro que reparte Trabajo y que por años fue una herramienta de gestión para suavizar a gremialistas y la profundización de una política de hostigamiento hacia dirigentes rebeldes.
En términos de gestión empresarial asimilan la orden a la que debe cumplir el directorio de una compañía en venta antes de un traspaso accionario. Siga o no Triaca al frente de Trabajo al final del proceso la maniobra contempla acelerar dos medidas que hasta ahora se encontraban en una etapa preliminar: la caducidad de personerías gremiales de sindicatos inactivos o con groseras fallas administrativas -en la gran mayoría de los casos se trata de meros sellos o entidades casi sin actividad formal- y, sobre todo, la puesta en marcha de auditorías sobre organizaciones que en los últimos dos años exhibieron alguna irregularidad.
Esta última resolución, a cargo de la directora de Asociaciones Sindicales, Karina Palacios, encierra la mayor amenaza para sindicatos de volumen intermedio acostumbrados a un vínculo más relajado con la autoridad política. La misma repartición tuvo un protagonismo similar cuando la encabezó meses atrás Horacio Pitrau, ahora viceministro de Trabajo, y tuvo a su cargo las intervenciones administrativas sobre gremios como el SOMU (marítimos), el de vigiladores Upsra) o el de Canillitas.
La pulseada de fondo será, de todos modos, la ronda de paritarias. Y tanto el gremio de Palazzo como el equipo de Triaca utilizan un mismo tono beligerante para describir el escenario. La Asociación Bancaria lanzó la semana pasada una campaña bajo la consigna "En febrero mueven las negras" como velada advertencia sobre inminentes paros y movilizaciones por la falta de avances en la negociación salarial con las entidades financieras. Hasta ahora los bancos ofrecieron para todo 2018 una suba del 9% con cláusula gatillo, que el gremio rechazó.
Desde Trabajo ya hubo una primera respuesta para esta confrontación. La semana pasada, como había anticipado este diario, Pitrau firmó una resolución que le quitó vigencia al descuento forzoso del 1% del sueldo de los empleados bancarios con destino al sindicato, la denominada "cuota solidaria". Y el siguiente paso será hacer lo propio con un aporte de los bancos a la obra social del 1% de la nómina salarial.
Todo el accionar está orientado al mismo objetivo: fijar el 15% de tope para los incrementos de sueldo del año sin adicionales. Con ese propósito esta misma semana el Gobierno buscará promocionar lo que en Trabajo considera acuerdos inminentes en gremios menores como el de tintoreros, los aceiteros de San Lorenzo o el sindicato de la Bolsa de Comercio.
La semana será intensa para toda el ámbito gremial. El jueves la dirigencia opositora se reunirá en la CGT para pasar lista de los participantes a la marcha convocada por Moyano para el 22. Pablo Moyano, hijo y lugarteniente de Hugo en Camioneros, y secretario gremial de la central, organizó el plenario bajo la premisa de que estará encabezado por su padre y por Luis Barrionuevo. Además de los sindicatos que les responden allí se medirá el nivel de adhesión de los disidentes, que por ahora son minoría y no cuentan con el apoyo de los "gordos" de los grandes gremios de servicios ni de los "independientes" en general asociados a los oficialismos.
Ayer el jefe de los maquinistas de trenes de La Fraternidad, Omar Maturano, le dio una mala noticia al Gobierno al anticipar, en radio El Mundo, su posible concurrencia a la marcha, pautada en la Plaza de Mayo o en la 9 de Julio. "Si es para frenar un ajuste hay que ir", adelantó. Un primer indicio de los auspiciantes de la protesta fue la foto que dejó el almuerzo organizado días atrás por Barrionuevo en Mar del Plata, que alumbró un documento crítico y con advertencias al Gobierno. La mesa principal contaba, junto a Moyano y el gastronómico, con sus respectivos alfiles en el triunvirato de la CGT, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, además de Palazzo y Maturano.
Tras la eliminación de 28mil planes de empleo, movimientos sociales se suman a la marcha contra el Gobierno
Tras darse a conocer la intención del Gobierno de avanzar con la eliminación de 28.000 planes sociales, Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) decidieron acompañar la marcha convocada por el dirigente camionero Hugo Moyano para el próximo 22 de febrero.
Por su parte, el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, adelantó además que el 15 o 16 de febrero los movimientos sociales harán su propia marcha.
Además de denunciar el cese de 28.000 planes de empleo dispuesto por el Ministerio de Trabajo, reclamarán por la sanción de una ley de Emergencia Alimentaria que destine mayor presupuesto a los comederos escolares, y sumarán el reclamo al Gobierno bonaerense para que invierta en obras de infraestructura en los barrios más carenciados.
En declaraciones a Radio 10, Menéndez afirmó: "Hoy vamos a definir una movilización con el conjunto de los movimientos sociales en rechazo al recorte de planes sociales". Además, en diálogo con la agencia de noticias NA calificó como "inmoral" la decisión de dar de baja programas sociales "en este deteriorado contexto social".
En ese sentido, el dirigente disparó: "Un ministro negrero como Jorge Triaca que utiliza los gremios intervenidos como aguantadero para contratar punteros políticos debería trasparentar sus acciones para tener la estatura moral de inspeccionar a organizaciones sociales que como pueden pelean contra el hambre en nuestro país. ¿Desde qué estatura moral puede un Ministerio comandado por este tipo de gente denunciar sin fundamentos a las organizaciones sociales?"
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