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EL PAIS:El Gobierno dará de baja 13 mil planes de asistencia social



En respuesta a las últimas movilizaciones, la exigencia del tratamiento de una Ley de Emergencia Alimentaria y en el marco de un fuerte recorte presupuestario promovido desde el Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo decidió dar de baja más de 13 mil planes de asistencia laboral sólo en verano.
Como respuesta a las últimas movilizaciones, ante la exigencia de la aplicación total de la Ley de Emergencia Social, el tratamiento en el Congreso de una Ley de Emergencia Alimentaria y en el marco de un fuerte recorte presupuestario promovido desde el Ejecutivo, el Gobierno nacional decidió recortar este verano más de 13 mil planes de asistencia que otorga el Ministerio de Trabajo. La provincia más perjudicada será San Juan y su gobernador, José Luis Gioja, ya advirtió una "crisis social de prooprciones".
La cartera que conduce Jorge Triaca maneja unos 283 mil programas de empleo y, en base al recorte presupuestario impulsado por el Ejecutivo, esta semana se darán de baja 5.537 planes de Entrenamiento para el trabajo, que se completarán en enero con 8.000 bajas más, según adelantaron fuentes oficiales al diario Clarín. Desde el Ministerio explicaron que los beneficiarios no pudieron demostrar una contraprestación a ese beneficio el año pasado, por eso se les quitará la asistencia.
Los planes de Entrenamiento están destinados a aquellas personas que se capacitan para insertarse en el mercado laboral. Son unos 80 mil programas que gestionan organizaciones sociales y los beneficiarios reciben tan sólo $1.800 mensuales. Si bien el plan es dar de baja 13.537 planes entre enero y febrero, desde Trabajo adelantaron que 28 mil beneficiarios no pudieron demostrar que se estén capacitando. Con el recorte, se dará de baja el 35% de los programas.
San Juan será la provincia más afectada, seguida de Jujuy, y Gioja ya advirtió que se corre "el peligro de que esto desate una crisis social de proporciones. Nos recortan fondos para obras públicas, buscan la división entre los sanjuaninos y ahora nos quieren generar un caldo  de cultivo para que se provoque un conflicto social recortando planes".La intención del Ministerio de Trabajo es trasladar parte de los planes hacia el salario complementario que maneja Desarrollo Social, que conduce Carolina Stanley. Los beneficiarios de este programa perciben $4.300 mensuales, una ayuda para alcanzar el salario mínimo, vital y móvil.

Ordenan suspender el desmonte en la finca El Cuchuy, propiedad de un pariente de Marcos Peña

Tras las denuncias de deforestación ilegal y los escraches de Greenpeace, el Gobierno informó que Braun Peña fue notificado sobre los cambios del uso de suelos.
Desde Greenpeace se inició meses atrás una fuerte campaña que denuncia la desforestación ilegal en la finca El Cuchy, propiedad de Jaime Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña. Al respecto el Gobierno de Salta salió a desmentirlo con un comunicado oficial, en el que aseguraba que el desmonte fue autorizado de forma legal.
Pero hoy, aquel cuestionado permiso tuvo un revés, tras una resolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que insta a suspender los efectos de las autorizaciones de recategorización de uso predial y cambio de uso de suelo.
Según informaron desde el gobierno local, ante esta resolución, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta notificó a Braun Peña que debe suspender el desmonte en la finca Cuchuy, un terreno que tiene casi 9.000 hectáreas.
“La medida se pone en marcha, más allá de las cuestiones de competencia que serán resueltas en el ámbito pertinente”, comunicaron desde la Provincia.
Cabe recordar que el grupo ambientalista denunció que esa estancia fue clasificada por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I - rojo y II - amarillo, que no permiten desmontes. Sin embargo, su dueño solicitó al gobierno provincial el cambio de zonificación de gran parte de la misma a la Categoría III - verde para poder deforestar 8.962 hectáreas (la superficie de media ciudad de Buenos Aires). Y el gobierno provincial lo autorizó, aunque la ley nacional no lo permitiría.

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