La Policía reprimió la masiva movilización de vecinos y asambleístas que se congregaron en la ciudad de Telsen, Chubut, donde el ministro de Energía Juan José Aranguren, encabeza una cumbre para promover la instalación de un megaproyecto minero en esa provincia.
Los disparos y los golpes contra los manifestantes se desataron cuando uno de los curas católicos de Telsen intentó entrar al edificio donde se realiza la reunión y las fuerzas de seguridad se lo impidieron. “Golpearon mucho a dos compañeras y, mientras eso sucedía, tiraban balas de goma”, relató Iván Marín, uno de los asambleístas que recibió disparos en el muslo izquierdo y otro en el brazo.
“Fueron balazos de goma innecesarios, el cura estaba acreditado”, aseguró Pablo Lara, integrante del Movimiento Antinuclear y Antiminero, que participó de la movilización a la que asistieron varios centenares de personas.
La marcha inundó las calles y el operativo policial para frenarla, también. Se calcula que hubo más de 300 efectivos de la Policía Federal, de la Infantería y del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) que formaron sendos cordones de seguridad en el lugar donde se encontraron el ministro de Energía Juan José Aranguren, integrantes de la Cámara Minera de Chubut, intendentes de la meseta provincial y legisladores provinciales.
En las calles, las pancartas dejaban claro que “El agua vale más que el oro” y un rotundo “No al saqueo, no a la violencia, no a la contaminación, no a la mina”. Según las imágenes, la asistencia al encuentro pro minero no fue la que el Gobierno esperaba. “Hay más policías que funcionarios en la cumbre. Es un fracaso político”, sintetizó Lara.
“La cumbre pretende habilitar minería en una provincia donde está prohibida”, cuestionó el asambleísta, en referencia a la ley provincial 5001 sancionada hace 15 años, que prohibió la instalación de la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Esta norma fue aprobada luego de que el 81 por ciento de la población de Esquel rechazara esa industria a través de una consulta popular.
Según trascendió, en el debate en Telsen estuvo presente el proyecto "Navidad”, un megaemprendimiento extractivista de plata y plomo que contaría con el aval de algunos jefes comunales de la región y al que el gobierno de Mauricio Macri intenta darle un fuerte impulso a pesar del rechazo de la población. El factor en disputa no solo es el cuidado del medioambiente sino también evitar que la explotación minera demande los miles de litros diarios de agua, que es de suma necesidad para la población de esa zona semiárida.
“Desde entonces, arrasó cerca de 300 hectáreas de bosques nativos“, sostuvo Greenpeace, que aseguró que detectó la deforestación tras sobrevuelos en la finca Cuchuy, en el norte de la provincia.
Según el coordinador de la Campaña de Bosques de la ONG, Hernán Giardini, “la impunidad con la que actúa Braun Peña es total”. “Primero consiguió un permiso del gobierno de Salta para desmontar donde la ley no lo permite y, a pesar de que hace dos semanas tanto la provincia como la Nación le ordenaron frenar las topadoras, sigue arrasando los bosques nativos. Esto demuestra claramente por qué el desmonte ilegal debe ser considerado un delito penal”, afirmó.
“El gobernador Urtubey debe controlar que ni Braun Peña ni ningún otro empresario sigan deforestando ilegalmente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar. Más allá de la suspensión de su ejecución, Salta debe cancelar en forma inmediata los 32 permisos de desmonte que otorgó violando la Ley de Bosques”, siguió Giardini.
Cabe recordar que la finca Cuchuy fue clasificada por el Ordenamiento de Bosques de Salta en las Categorías I – rojo y II – amarillo, que prohíben desmontes. En diciembre pasado, activistas intentaron frenar las topadoras.
Entre la argumentación utilizada para dar de baja este producto están las investigaciones de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, que agrupa al glifosato entre los principios activos que “se clasifican como probables carcinógenos para los seres humanos”.
Entre los estudios científicos citados, está el informe de expertos de la ONU -fechado en marzo de 2017- desarrollado en Ginebra donde se declaró que “el uso excesivo de pesticidas constituye un riesgo para la salud y remarcaron la obligación que tienen los gobiernos de resguardar a los niños del peligro de los agrotóxicos”.
También que “un estudio realizado por científicos del Conicet y publicado en el 2016, en la revista internacional Enviromental Monitoring and Assessment, determinó la presencia de altos niveles de glifosato y su degradación en toda la cuenca del Paraná, incluyendo las costas santafesinas”.
La norma tomó como ejemplo la iniciativa de países como Holanda, Malta, Sri Lanka y municipios como Barcelona, Madrid, Hamburgo, Edimburgo, Minneapolis, que en distintas partes del mundo ya prohibieron el uso del herbicida.
“En Francia está prohibido el uso de glifosato en los espacios públicos abiertos, y desde el gobierno han manifestado que prohibirán su uso en jardines particulares a partir del 2019”, expresaron los ediles.
Los disparos y los golpes contra los manifestantes se desataron cuando uno de los curas católicos de Telsen intentó entrar al edificio donde se realiza la reunión y las fuerzas de seguridad se lo impidieron. “Golpearon mucho a dos compañeras y, mientras eso sucedía, tiraban balas de goma”, relató Iván Marín, uno de los asambleístas que recibió disparos en el muslo izquierdo y otro en el brazo.
“Fueron balazos de goma innecesarios, el cura estaba acreditado”, aseguró Pablo Lara, integrante del Movimiento Antinuclear y Antiminero, que participó de la movilización a la que asistieron varios centenares de personas.
La marcha inundó las calles y el operativo policial para frenarla, también. Se calcula que hubo más de 300 efectivos de la Policía Federal, de la Infantería y del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) que formaron sendos cordones de seguridad en el lugar donde se encontraron el ministro de Energía Juan José Aranguren, integrantes de la Cámara Minera de Chubut, intendentes de la meseta provincial y legisladores provinciales.
En las calles, las pancartas dejaban claro que “El agua vale más que el oro” y un rotundo “No al saqueo, no a la violencia, no a la contaminación, no a la mina”. Según las imágenes, la asistencia al encuentro pro minero no fue la que el Gobierno esperaba. “Hay más policías que funcionarios en la cumbre. Es un fracaso político”, sintetizó Lara.
“La cumbre pretende habilitar minería en una provincia donde está prohibida”, cuestionó el asambleísta, en referencia a la ley provincial 5001 sancionada hace 15 años, que prohibió la instalación de la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Esta norma fue aprobada luego de que el 81 por ciento de la población de Esquel rechazara esa industria a través de una consulta popular.
Según trascendió, en el debate en Telsen estuvo presente el proyecto "Navidad”, un megaemprendimiento extractivista de plata y plomo que contaría con el aval de algunos jefes comunales de la región y al que el gobierno de Mauricio Macri intenta darle un fuerte impulso a pesar del rechazo de la población. El factor en disputa no solo es el cuidado del medioambiente sino también evitar que la explotación minera demande los miles de litros diarios de agua, que es de suma necesidad para la población de esa zona semiárida.
Según Greenpeace el primo de Peña sigue desmontando pese al freno de Nación y Salta
La ONG denunció que Alejandro Braun Peña "arrasó cerca de 300 hectáreas de bosques nativos". A fines de enero autoridades frenaron las prácticas en finca Cuchuy.
Greenpeace denunció que Alejandro Braun Peña, primo del jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, siguió desmontando a pesar de que el Ministerio de Ambiente y el gobierno de Salta suspendieron las prácticas a fines de enero.“Desde entonces, arrasó cerca de 300 hectáreas de bosques nativos“, sostuvo Greenpeace, que aseguró que detectó la deforestación tras sobrevuelos en la finca Cuchuy, en el norte de la provincia.
Según el coordinador de la Campaña de Bosques de la ONG, Hernán Giardini, “la impunidad con la que actúa Braun Peña es total”. “Primero consiguió un permiso del gobierno de Salta para desmontar donde la ley no lo permite y, a pesar de que hace dos semanas tanto la provincia como la Nación le ordenaron frenar las topadoras, sigue arrasando los bosques nativos. Esto demuestra claramente por qué el desmonte ilegal debe ser considerado un delito penal”, afirmó.
“El gobernador Urtubey debe controlar que ni Braun Peña ni ningún otro empresario sigan deforestando ilegalmente, aplicarles multas significativas y obligarlos a reforestar. Más allá de la suspensión de su ejecución, Salta debe cancelar en forma inmediata los 32 permisos de desmonte que otorgó violando la Ley de Bosques”, siguió Giardini.
Cabe recordar que la finca Cuchuy fue clasificada por el Ordenamiento de Bosques de Salta en las Categorías I – rojo y II – amarillo, que prohíben desmontes. En diciembre pasado, activistas intentaron frenar las topadoras.
Prohíben el uso de glifosato en Rosario por ser "carcinógeno para seres humanos”
Como las investigaciones vienen demostrando hace años, los estudios realizados en la ciudad santafesina determinaron el grave peligro que significa el uso de este herbicida para las personas.
Este jueves, el Concejo municipal de Rosario prohibió “la utilización y aplicación del herbicida glifosato en todas sus variantes, tanto para uso agronómico como así también para espacios públicos y jardines particulares”, según informó Rosario3.com.
La normativa impulsada por los concejales Osvaldo Miatello y Pedro Salinas indica que la Secretaría de Ambiente y Espacio Público de la Municipalidad deberá encargarse de encontrar “medidas alternativas para el control de malezas, atentas al cuidado del medio ambiente y la salud de las personas”.Entre la argumentación utilizada para dar de baja este producto están las investigaciones de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, que agrupa al glifosato entre los principios activos que “se clasifican como probables carcinógenos para los seres humanos”.
Entre los estudios científicos citados, está el informe de expertos de la ONU -fechado en marzo de 2017- desarrollado en Ginebra donde se declaró que “el uso excesivo de pesticidas constituye un riesgo para la salud y remarcaron la obligación que tienen los gobiernos de resguardar a los niños del peligro de los agrotóxicos”.
También que “un estudio realizado por científicos del Conicet y publicado en el 2016, en la revista internacional Enviromental Monitoring and Assessment, determinó la presencia de altos niveles de glifosato y su degradación en toda la cuenca del Paraná, incluyendo las costas santafesinas”.
La norma tomó como ejemplo la iniciativa de países como Holanda, Malta, Sri Lanka y municipios como Barcelona, Madrid, Hamburgo, Edimburgo, Minneapolis, que en distintas partes del mundo ya prohibieron el uso del herbicida.
“En Francia está prohibido el uso de glifosato en los espacios públicos abiertos, y desde el gobierno han manifestado que prohibirán su uso en jardines particulares a partir del 2019”, expresaron los ediles.
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