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EL PAIS:El Gobierno declaró secreta una compra de equipamiento bélico


A través del decreto 125/2018 publicado en el Boletín Oficial, el Ministerio de Defensa ordenó la compra de material bélico y declaró secreta dicha operación "por razones de seguridad y defensa nacional", conforme a la legislación vigente.
"Resulta necesario incorporar nuevo material dando prioridad a aquellos que potencien la capacidad disuasiva, favorezcan la normalización con los ya existentes a nivel conjunto y aporten nuevos desarrollos tecnológicos que posibiliten iniciar el proceso de restablecimiento de la capacidad de Defensa Antiaérea de baja y muy baja cobertura", señala uno de los considerandos.
En tanto, el texto remarca que el decreto 102/201 "prevé que la selección por contratación directa se utilizará cuando el Poder Ejecutivo Nacional haya declarado secreta la operación contractual por razones de seguridad o defensa nacional, facultad ésta excepcional e indelegable".
"La adquisición de estas capacidades renovará aquellas que se encuentran obsoletas y próximas a desprogramarse por su obsolescencia y la falta de munición, lo que impide disponer de la capacidad necesaria para satisfacer la prestación en acciones efectivas o de disuasión", agrega la norma.
La medida lleva la firma del Presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete Marcos Peña y del ministro de Defensa Oscar Aguad.

Macri y la yerba mate, el gran robo al país

Algo más de una decena de empresas con negociados con millonarios productores de Misiones capitalizan el negocio más ilegal del país que consumen todos los argentinos: la yerba mate. Empresas como Las Marías (Taragüí, La Merced, Unión, Mañanita) y Molinos Río de la Plata (Nobleza Gaucha y Cruz de Malta) preparan sus anuncios de nuevos listados de precios que llevarán a que matear sea un lujo en la costumbre Argentina. 
El gobierno nacional sumergido en aprender a gobernar con fórmulas explotadoras olvidó voluntariamente tratar la problemática de la yerba sostén principal de la economía regional en negro de Misiones y Corrientes .
El ministerio de Agricultura de la Nación desconoce el valor de la hoja canchada (para la que se requieren tres kilos de hoja verde) y por consiguiente tampoco conocen el precio de la salida de planta.
El gobierno de Misiones no puede solucionar  la crisis y las decisiones que se acuerdan para luchar con los sectores no tiene asidero en una provincia donde la ausencia voluntaria del gobierno nacional obliga a una población a mantenerse en silencio o morir si levanta la voz. El poder judicial connivente, que de oficio solo actúa para el robo y fuerzas de seguridad al servicio del cuidado de los grandes terratenientes.
Mientras la DEA pernocta por Misiones, el gran negocio continúa preparándose para comenzar en marzo la máxima demostración de explotación y esclavitud laboral del país. Con la ausencia de la Afip que es voluntaria y la asistencia de Anses a hijos de ricos.
Las empresas que dominan el negocio en negro compiten en un mercado en el que existen más de 200 marcas elaboradas por unos 140 molinos. Pero sólo 10 marcas concentran el 80% del mercado. Se trata de Taragüí (Las Marías); Rosamonte (Hreñuk); Amanda (La Cachuera); Cruz de Malta y Nobleza Gaucha (de Molinos Río de la Plata); La Tranquera (Llorente); Playadito (Cooperativa Liebig); Piporé (Coop. Santo Pipo); Aguantadora (Coop. Montecarlo) y Andresito (Coop. Andresito)
Todas pertenecen a la zona productora de Misiones y algunas a Corrientes,  Las cámaras que agrupan a buena parte de estas firmas y cooperativas, negocian entre gallos y medianoche el precio de salida del producto verde. Un gran negocio que junto a industriales pactan precios sin control de nadie. Son los propios molinos los que producen la yerba, la secan, estacionan, muelen y manufacturan a través de cientos de tercerizaciones en negro.
En épocas de Cristina Fernández se libró una dura lucha con estos sectores hasta el punto que por decisión de la expresidente se condenó con aplicarles Ley de Abastecimiento.
Los pequeños productores denunciaron que este gran negocio de unos cuantos no tiene freno y con las políticas nacionales y provinciales de misiones y corrientes no hay ninguna solución.
Los intendentes y su policía corrupta con funcionarios empresarios yerbateros son alguno de los beneficiados entre otros de este millonario negocio oculto y cada uno cuenta con un séquito de custodia policial que abandonaron su función de seguridad de los pueblos para dedicarse a producir yerba también.
Los industriales están pagando tres pesos y algo más por kilo de hoja mientras que el precio oficial está establecido por arriba de los 5 o 6$. Además lo hacen con cheques con plazos de hasta once meses, mientras que por necesidad los productores son obligados a firmar por estos valores oficiales pero recibir menos: el diezmo oculto.
 Los trabajadores tareferos de pueblos originarios sumergidos en absoluta esclavitud son los más perjudicados mientras todos miran al costado.
Varios intendentes de distintas localidades de Misiones regentean el comercio ilegal de cerca puesto que son los mayores productores de yerba propia.
Los pequeños productores confirman que ningún Molino paga al contado, para complicar a los pequeños secaderos que luchan por créditos bancarios para sostenerse con la mala noticia que los pagos de los famosos “cheques adelantados” (como los llaman en misiones) no son aceptados por las entidades bancarias porque la mayoría son a más de 180 días para la acreditación, provocando una cadena de deuda de la que es imposible salir.
El cuestionado Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) o Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI) que deberían controlar en apoyo a los pequeños productores son aliados de los grandes empresarios y marcan un agravante a la situación con los subsidios de interzafra que son una vergüenza.

Por los cambios en el Plan Progresar, más de 362 mil estudiantes dejarán de percibir el beneficio

gobierno de Macri anunció el fin de la universalidad del plan progresar que ahora se transformó en un programa de becas otorgado de manera meritocrática y ajustada a un presupuesto que prevé un brutal ajuste. Casi la mitad de los actuales beneficiarios quedarán excluidos.
Acompañado por el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, el presidente Mauricio Macri anunció días atrás como un logro de su gestión la transformación del Plan Progresar en un programa de becas y la actualización de los montos que perciben los alumnos.

Lo que escondía el anuncio era un brutal ajuste sobre el plan que apuntaba a garantizar el acceso de jóvenes a la educación en todos sus niveles.
"Es el plan de becas educativas más importante de Latinoamericano" aseguró exultante Macri al anunciar la transformación del programa en un plan de becas y el aumento de 900 a 1.250 pesos el monto que percibirán los becarios.
Sin embargo un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió en su informe "El ajuste del Progresar: del Plan Universal a la Beca Individual" que cerca de 362 mil jóvenes dejarán de percibir este año la prestación merced de los cambios introducidos por el gobierno de Macri.

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El programa comenzó a implementarse hace cuatros como una ayuda de 600 pesos para los jóvenes de entre 18 y 24 años que retomaran sus estudios –en cualquier nivel, primario o secundario– o que, siempre proviniendo de hogares con ingresos menores a un salario mínimo, cursaran una carrera terciaria, universitaria o se estuvieran capacitando en un oficio.

En 2015, el monto de la beca fue aumentado a 900 pesos, y el requisito de ingresos familiares pasó a ser de tres salarios mínimos. En promedio, en los últimos tres años el Progresar tuvo un número estable de beneficiarios, de entre 750 y 800 mil estudiantes, con un pico de un millón de becados en 2015.
El CEPA advirtió que desde abril de 2015, cuando el entonces gobierno de Cristina Kirchner dispuso una actualización del 50% en el monto de los planes, el Plan Progresar perdió el 52% de su valor. Es que desde su desembarco en la Casa Rosada en diciembre de 2015 Macri jamás dispuso una actualización del programa.
Por ello el aumento anunciado junto a Finocchiaro, de apenas el 38,9%, sigue manteniendo la prestación por debajo del poder de compra que poseía en 2015.

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Además el programa dejó de lado su carácter universal para guiarse por una lógica estrictamente meritocrática.
El Plan Progresar había sido planteado originalmente como un beneficio "puente" para familias que cobraban la AUH o tuvieran ingresos bajos (se orientaba a poblaciones vulnerables).

El objetivo era permitir que cuando los hijos continuaran o retomaran los estudios y antes de que se inserten en el mercado laboral, el grupo familiar no dejara de percibir un ingreso como la AUH o el Salario Familiar por el hecho de que el hijo cumpliera los 18 años.
En términos de acceso también dejó de ser universal para pasar a estar limitada por el presupuesto que se le asigne. La renovación dejó de ser automática para tener que tramitarse cada año.


En términos de equidad, advirtió el informe del CEPA, las nuevas Becas Progresar son regresivas porque discriminan justamente a los estudiantes de bajos ingresos que son los que más lo necesitan y adolecen además de una mirada de género al no considerar que las alumnas que embarazadas perderán casi con seguridad el beneficio al no poder cumplir los requisitos meritocráticos de aprobación del 75% de las materias.
El nuevo esquema anunciado por Macri apenas cubre 10 cuotas al año mientras que antes se pagaba a lo largo de todo el año y uno de los requisitos que se les exige a los beneficiarios es no tener trabajo.
Y además miles perderán la prestación. Es que para mantener la misma cantidad de becas existentes en la actualidad con los aumentos previstos por el gobierno para las becas es necesario un presupuesto de 17.320 millones de pesos. Sin embargo el gobierno de Macri sólo destinará 10 mil millones generando así un ajuste de 7.320 millones de pesos.


El ajuste se vincula con la eliminación de dos cuotas anuales y la reducción en la cantidad de becas. Esto representa un recorte de 362 mil becas que dejarán de percibir los estudiantes de los sectores más vulnerables.


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