EL PAIS:Tras la marcha de Moyano, el Gobierno busca cambiar la distribución de fondos a las obras sociales
Se trata de un plan para aumentar el control y la transparencia del reparto de millonarios fondos a los gremios. Hay en juego $2.300 millones mensuales
El Gobierno prepara una fuerte respuesta a la marcha de Hugo Moyano, que se movilizó con fuertes críticas al presidente Mauricio Macri. El Ejecutivo analiza un plan para modificar el esquema de distribución de millonarios fondos a las obras sociales, que son el corazón de los gremios por las grandes sumas que reciben.
El proyecto apunta al cambio en el modo en que se reparten unos $2.300 millones mensuales a las obras sociales, en un plan para generar mayor control, equitatividad y transparencia a las transferencias y al destino de los fondos a estas dependencias, acción a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
La Casa Rosada reflota el proyecto en momentos de máxima tensión con los Moyano, en medio del avance de las causas judiciales que involucran al jefe de Camioneros y a su hijo Pablo Moyano, enfrentados con el Gobierno. Con este proyecto su gremio dejaría de ser uno de los más beneficiados en el reparto de fondos.
En el programa trabajan técnicos del Gobierno y también de algunos de los sindicatos más poderosos de la CGT. El plan apunta a la creación de un organismo, la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, que se encargaría de determinar cuándo una obra social debe recibir dinero para afrontar tratamientos de alta complejidad. Justamente uno de los objetivos del proyecto es combatir las irregularidades en el destino de los fondos, como la inscripción de "pacientes truchos" para recibir plata por costosos medicamentos que no se compran.
El proyecto promete aumentar la tensión con los Moyano, que nunca fueron consultados sobre estos futuros cambios, consigna Clarín. La obra social de Camioneros sería una de las que dejaría de recibir la magnitud de los fondos que le ingresan en la actualidad, lo que generará mayor conflictividad con el Gobierno.
Esta medida se suma a muchas otras que Macri ya dispuso en relación con las obras sociales, como la reducción del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), para compensar asimetrías entre las dependencias y la obligación de los jefes de estas asociaciones de presentar sus declaraciones juradas. Además de la baja de obras sociales con pocos afiliados y problemas económicos, en una fuerte reorganización del rubro.
El líder de Camioneros encabezó una masiva protesta contra el Gobierno, apoyado por las CTA, Bancarios, movimientos sociales, el kirchnerismo y la izquierda. "No tengo miedo de ir preso. No tengo miedo de que me maten. Estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores", manifestó el sindicalista, sobre las causas judiciales, y dijo que "por ahora" no está implicado en ningún caso de corrupción.
"Si tuviera un problema (judicial), tengo las suficientes 'pelotas' para defenderme solo", exclamó el sindicalista, que dijo que no irá del país y que no tiene fondos en el exterior. "No tengo plata afuera, como me quisieron inventar estos señores en los modelos económicos que aplican".
Además consideró que la movilización no fue para defenderse de las causas sino para hacerle fuertes reclamos a Macri. "Hay un solo objetivo: decirle al Gobierno que no siga llevando adelante políticas que hambrean a la parte más sensible de la sociedad", cuestionó.
Son los temas que lo enfrentan al Gobierno. Prat Gay hará un informe, vigiado por un funcionario de Peña.
Para no ser menos, los radicales tendrán mañana su mini retiro pero sin el formato zen de la Casa Rosada: será en el Hotel Savoy del barrio Congreso y la mitad del día se consumirá en conferencias sobre relaciones exteriores y economía, con la presencia de Alfonso Prat Gay.
Al igual que en el encuentro de del Gabinete en Chapadmalal, las reuniones serán cerradas, o sea, esta vez los radicales prefieren no sacar a la luz sus posiciones.
No fue así hace exactamente un año, cuando Mario Negri organizó un evento similar en Villa Giardino y abrió las puertas a periodistas y militantes.
Este martes, en el Savoy, Alfredo Cornejo debutará como presidente del Comité UCR y deberá tomar postura sobre los dos temas claves que provocaron cortocircuito entre sus correligionarios y Mauricio Macri: la posible venta de Transener y la postura oficial en el juicio de encubrimiento de la AMIA.
En ambos no parecen estar cerca de un acuerdo. El presidente sigue decidido a privatizar la transportadora energética, pese al rechazo oficial del partido centenario.
Y Germán Garavano ignoró la defensa de Elisa Carrió a Mario Cimadevilla, jefe de la Unidad UFI AMIA, desautorizado en el juicio por encubrimiento a los culpables del atentado a la mutual judía.
El ministro de Justicia envió al abogado José Console a pedir la absolución de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, una posición contraria a la del organismo presidido por el ex senador radical.
Carrió acordó con Negri pedir un informe escrito a Cimadevilla para exponer ante sus pares de Cambiemos y tal vez el escrito llegue para el almuerzo de este martes en el Savoy, cuando diputados y senadores debatirán la agenda 2018.
Otro conflicto en ciernes es el apoyo de Cambiemos al juez Daniel Rafecas, que el jueves deberá defenderse en el Consejo de la Magistratura de un dictamen en su contra emitido por Ángel Rozas.
Si bien en el pedido de remoción se cuestiona la desestimación de Rafecas a la denuncia de Alberto Nisman a Cristina Kirchner por encubrir a los acusados de volar la AMIA, la UCR no le perdona su procesamiento a Fernando De la Rúa por las coimas del Senado.
Debería reinar la paz en la conferencia matutina sobre relaciones exteriores, con la presencia del vicecanciller Pedro Raúl Villagra Delgado, un diplomático de carrera designado como sherpa (negociador) de Argentina ante el G20, que se reunirá en diciembre en el país.
Siempre atento a los internismos, Marcos Peña tendrá ojos y oídos propios: el economista Maximiliano Castillo, subsecretario de evaluación e inversión pública de la jefatura de Gabinete.
Compartirá panel con Eduardo Levy Yeyati y Prat Gay, que a diferencia su visita a Villa Giardino, cuando aún estaba fresca su salida del Gabinete, hará un diagnóstico sin tapujos de la gestión de sus sucesores. Peña sabrá que dijo.
El Gobierno prepara una fuerte respuesta a la marcha de Hugo Moyano, que se movilizó con fuertes críticas al presidente Mauricio Macri. El Ejecutivo analiza un plan para modificar el esquema de distribución de millonarios fondos a las obras sociales, que son el corazón de los gremios por las grandes sumas que reciben.
El proyecto apunta al cambio en el modo en que se reparten unos $2.300 millones mensuales a las obras sociales, en un plan para generar mayor control, equitatividad y transparencia a las transferencias y al destino de los fondos a estas dependencias, acción a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
La Casa Rosada reflota el proyecto en momentos de máxima tensión con los Moyano, en medio del avance de las causas judiciales que involucran al jefe de Camioneros y a su hijo Pablo Moyano, enfrentados con el Gobierno. Con este proyecto su gremio dejaría de ser uno de los más beneficiados en el reparto de fondos.
En el programa trabajan técnicos del Gobierno y también de algunos de los sindicatos más poderosos de la CGT. El plan apunta a la creación de un organismo, la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, que se encargaría de determinar cuándo una obra social debe recibir dinero para afrontar tratamientos de alta complejidad. Justamente uno de los objetivos del proyecto es combatir las irregularidades en el destino de los fondos, como la inscripción de "pacientes truchos" para recibir plata por costosos medicamentos que no se compran.
El proyecto promete aumentar la tensión con los Moyano, que nunca fueron consultados sobre estos futuros cambios, consigna Clarín. La obra social de Camioneros sería una de las que dejaría de recibir la magnitud de los fondos que le ingresan en la actualidad, lo que generará mayor conflictividad con el Gobierno.
Esta medida se suma a muchas otras que Macri ya dispuso en relación con las obras sociales, como la reducción del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), para compensar asimetrías entre las dependencias y la obligación de los jefes de estas asociaciones de presentar sus declaraciones juradas. Además de la baja de obras sociales con pocos afiliados y problemas económicos, en una fuerte reorganización del rubro.
El líder de Camioneros encabezó una masiva protesta contra el Gobierno, apoyado por las CTA, Bancarios, movimientos sociales, el kirchnerismo y la izquierda. "No tengo miedo de ir preso. No tengo miedo de que me maten. Estoy dispuesto a dar la vida por los trabajadores", manifestó el sindicalista, sobre las causas judiciales, y dijo que "por ahora" no está implicado en ningún caso de corrupción.
"Si tuviera un problema (judicial), tengo las suficientes 'pelotas' para defenderme solo", exclamó el sindicalista, que dijo que no irá del país y que no tiene fondos en el exterior. "No tengo plata afuera, como me quisieron inventar estos señores en los modelos económicos que aplican".
Además consideró que la movilización no fue para defenderse de las causas sino para hacerle fuertes reclamos a Macri. "Hay un solo objetivo: decirle al Gobierno que no siga llevando adelante políticas que hambrean a la parte más sensible de la sociedad", cuestionó.
Reubicarán a los alumnos de 39 escuelas rurales de la Provincia de Buenos Aires
Medio centenar de alumnos de escuelas rurales de la provincia serán reubicados, antes del inicio de clases previsto para el 5 de marzo. Son niños que asisten a 21 establecimientos con una matrícula inferior a cinco estudiantes.
Un censo realizado por la dirección General de Escuelas detectó 39 colegios con ese registro mínimo, de los cuales 18 tienen “cero inscriptos” para el ciclo 2018.
Todos esos centros de educación situados lejos de las ciudades o pueblos de la provincia ya no tendrán actividad académica porque sus estudiantes serán reubicados en otras aulas.
El planteo es similar al que se concretó con las escuelas de Islas: en el delta de San Fernando se dispuso el traslado de casi 90 menores que asistían a 4 jardines y 4 primarias. La decisión provocó la reacción de docentes, gremios y algunos pobladores.
El fundamento de la medida, según el Gobierno es pedagógico: “Tenemos que garantizar el aprendizaje de estos menores. Muchos no tienen contacto con sus pares. Sólo conviven con adultos. Y así no se pueden socializar ni compartir un proyecto pedagógico”, dijo a Clarín el director General de Escuelas, Gabriel Sanchez Zinny.
El listado al que accedió este diario incluye otros 11 establecimientos que tienen un alumno. “Hemos realizado un estudio puntual de cada caso para que puedan ir a una escuela de similares características. Lo hablamos con los padres”, aseguró el funcionario.
-Cuanto ahorrará la Provincia con este plan de readecuación?, preguntó Clarín.
- Nada. Ni un peso. Porque los docentes también serán reubicados. Irán a otras escuelas de las mismas características y está previsto que el Estado se hará cargo del traslado de los alumnos, en los casos que sea necesario, respondió el ministro. De acuerdo con el estudio oficial, las reubicaciones determinarán un traslado máximo de seis kilómetros desde su casa a la escuela.
El sistema de escuelas rurales bonaerenses tiene 3.051 servicios educativos (jardines, primarias o secundarias) instaladas en lugares alejados de los centros urbanos. Allí asisten 109.001 chicos. El promedio es de poco más de 35 asistentes por escuela.
Otros 870 establecimientos tienen entre 5 y 15 alumnos. El plantel docente –en la mayoría de los casos- es de uno o dos agentes: un director; un maestro o un solo educador que cumple ambos roles.
Los edificios se destinarán para otras tareas educativas, explicó Sanchez Zinny. “Se habilitarán centros de formación de adultos o serán utilizados por los intendentes para proyectos de formación o capacitación”.
Las 18 escuelas que no tienen alumnos están en Exaltación de la Cruz, Chacabuco, Chivilcoy, 9 de Julio, Gral. Belgrano, Rauch, Dolores, Gral. Guido, González Chaves, Coronel Dorrego, Pringles, Villarino y Olavarría. Las que tienen un alumno (que será reubicado) son de Lincoln, Tres Lomas, Lezama, Rauch, Tordillo, Pringles y Tres Arroyos
Los radicales hacen su retiro con la lupa en Transener y la AMIA
Para no ser menos, los radicales tendrán mañana su mini retiro pero sin el formato zen de la Casa Rosada: será en el Hotel Savoy del barrio Congreso y la mitad del día se consumirá en conferencias sobre relaciones exteriores y economía, con la presencia de Alfonso Prat Gay.
Al igual que en el encuentro de del Gabinete en Chapadmalal, las reuniones serán cerradas, o sea, esta vez los radicales prefieren no sacar a la luz sus posiciones.
No fue así hace exactamente un año, cuando Mario Negri organizó un evento similar en Villa Giardino y abrió las puertas a periodistas y militantes.
Este martes, en el Savoy, Alfredo Cornejo debutará como presidente del Comité UCR y deberá tomar postura sobre los dos temas claves que provocaron cortocircuito entre sus correligionarios y Mauricio Macri: la posible venta de Transener y la postura oficial en el juicio de encubrimiento de la AMIA.
En ambos no parecen estar cerca de un acuerdo. El presidente sigue decidido a privatizar la transportadora energética, pese al rechazo oficial del partido centenario.
Y Germán Garavano ignoró la defensa de Elisa Carrió a Mario Cimadevilla, jefe de la Unidad UFI AMIA, desautorizado en el juicio por encubrimiento a los culpables del atentado a la mutual judía.
El ministro de Justicia envió al abogado José Console a pedir la absolución de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, una posición contraria a la del organismo presidido por el ex senador radical.
Carrió acordó con Negri pedir un informe escrito a Cimadevilla para exponer ante sus pares de Cambiemos y tal vez el escrito llegue para el almuerzo de este martes en el Savoy, cuando diputados y senadores debatirán la agenda 2018.
Otro conflicto en ciernes es el apoyo de Cambiemos al juez Daniel Rafecas, que el jueves deberá defenderse en el Consejo de la Magistratura de un dictamen en su contra emitido por Ángel Rozas.
Si bien en el pedido de remoción se cuestiona la desestimación de Rafecas a la denuncia de Alberto Nisman a Cristina Kirchner por encubrir a los acusados de volar la AMIA, la UCR no le perdona su procesamiento a Fernando De la Rúa por las coimas del Senado.
Debería reinar la paz en la conferencia matutina sobre relaciones exteriores, con la presencia del vicecanciller Pedro Raúl Villagra Delgado, un diplomático de carrera designado como sherpa (negociador) de Argentina ante el G20, que se reunirá en diciembre en el país.
Siempre atento a los internismos, Marcos Peña tendrá ojos y oídos propios: el economista Maximiliano Castillo, subsecretario de evaluación e inversión pública de la jefatura de Gabinete.
Compartirá panel con Eduardo Levy Yeyati y Prat Gay, que a diferencia su visita a Villa Giardino, cuando aún estaba fresca su salida del Gabinete, hará un diagnóstico sin tapujos de la gestión de sus sucesores. Peña sabrá que dijo.
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