El Centro Administrativo donde se concentrarían los 15.000 funcionarios del llamado Distrito Federal (DF), de fundaciones y empresas públicas, se construyó en Taguatinga, una de las mayores ciudades que rodean el “Plan Piloto”, como se denomina la Brasilia planificada que se inauguró en 1960, en un espacio ganado a la selva central del país.
“Sería bueno tener el gobierno acá, con la mirada más cercana a las áreas donde vive la mayor parte de la población, generando más empleos y beneficios para nosotros”, comentó a IPS Laura Morais, una joven asistente en una peluquería del centro de Samambaia, ciudad vecina a Taguatinga.
Inaugurado el 31 de diciembre de 2014 de forma ilegal, según el Ministerio Público (fiscalía) del DF, el centro quedó sin uso, pendiente del resultado de una maraña judicial aún sin desenredar.
Si se concretara la idea, “convertiría Taguatinga en un infierno, congestionando más aún su tránsito, pero impulsaría el crecimiento de Samambaia, que tiene mucho espacio libre y escaso comercio”, matizó Paulo Pereira, dueño de una tienda de productos ópticos.
“Ayudaría también a descongestionar Brasilia, es decir mejor para unos, peor para otros”, acotó a IPS antes de condenar la corrupción que ha empantanado el proyecto.
El exgobernador del DF Agnelo Queiroz fue acusado de recibir en 2014 un soborno de 2,5 millones de reales (cerca de 760.000 dólares en la actualidad), compartido con su vicegobernador Tadeu Fellipelli, para impulsar la construcción del Centro Administrativo.
La denuncia partió de dirigentes de la constructora Odebrecht, que se asoció con la congénere Via Ingeniería, para construir el complejo, en una Asociación Público-Privada en que las empresas concluirían la obra y serian remuneradas posteriormente con cuotas mensuales a lo largo de 22 años.
Odebrecht, líder del sector en Brasil y presente en decenas de países, hizo un acuerdo de colaboración con la justicia para revelar sus muchos actos de corrupción en los escándalos que desde 2014 han llevado ya a prisión a decenas de empresarios y políticos que ofrecieron o recibieron sobornos en negocios públicos, especialmente los petroleros.
Queiroz y su antecesor, José Arruda, están presos por otro caso de corrupción, la sobrefacturación de las obras en el estadio Mané Garrincha, ampliado para acoger algunos partidos de la Copa Mundial de Fútbol de 2014, que hospedó Brasil.
Con presupuesto inicial de 210 millones de dólares, su costo más que se duplicó al requerir 270 millones de dólares adicionales, según investigaciones de la Policía Federal.
La corrupción se ha comprobado en muchos de los 12 estadios usados en la Copa de la FIFA (Federación Internacional del Fútbol Asociado), pero el de Brasilia resultó el más costoso.
Su capacidad se elevó a 72.788 espectadores, un despropósito para una ciudad sin tradición ni clubes futbolísticos que justificasen tal inversión. El promedio de concurrencia a los partidos locales no alcanza los 2.000 hinchas, reconoce la asociación local del balón pie.
Mantener ese gigantismo le cuesta más dinero al erario público y pérdidas permanentes y por tiempo indefinido.
La solución sería convertir el estadio en un complejo cultural-deportivo, con “museo, biblioteca, salas de cine y conferencias, además de un centro comercial, todo relacionado al deporte”, propuso José Cruz, un veterano periodista local, con décadas de cobertura deportiva.
“No es algo inédito, sino copiar lo que ya se hace con éxito en Europa” y en Brasilia hay grandes ídolos deportivos, como el corredor Joaquim Cruz y el expiloto automovilístico de Fórmula 1 Nelson Piquet, que atraerían público, acotó a IPS.
Pero para ello sería necesario tercerizar o conceder el negocio al sector privado, porque “el Estado no tiene estructura para la gestión de ese tipo de iniciativa”, opinó el periodista.
Para el Centro Administrativo la salida sería también buscarle otro uso al conjunto de edificios de entre cuatro y 15 pisos, en un área de 178.000 metros cuadrados, en el medio de las ciudades satélites más pobladas, como Celilandia, Samambaia, Taguatinga y Aguas Claras, que suman 1,08 millones de habitantes, según datos de la Compañía de Planificación del Distrito Federal (Codeplan).
Una universidad estadounidense, que pretende abrir un campus en Brasil, manifestó interés en las instalaciones.
Pero la situación judicial impide soluciones a corto plazo. El consorcio constructor alega haber invertido más de 300 millones de dólares en la obra y pretende recuperarlos mediante un arbitraje internacional.
Para el actual gobierno del DF, encabezado por el socialista Rodrigo Rollemberg, no es viable cambiar sus sedes al costo de millones de dólares mensuales, en un período de crisis económica y limitaciones fiscales.
Anular el contrato de 2009 parece ser el camino, ante las ilegalidades cometidas en el proyecto. Además de las denuncias de corrupción, el gobierno anterior, de Queiroz, inauguró el Centro Administrativo el último día del mandato, apoyado en una licencia que la justicia dictaminó como fraudulenta.
Queiroz y el administrador regional de Taguatinga, responsable de la licencia y nombrado un día antes de concederla, fueron condenados a pesadas multas y pérdida de derechos políticos por el fraude.
El escándalo oscurece los problemas de desarrollo urbano que enfrenta el DF, dividido entre el Plan Piloto o Brasilia, sede del gobierno nacional y del distrital, y sus municipios urbanos satélites, oficialmente denominadas Regiones Administrativas.
La población del DF alcanza a 3,04 millones de habitantes, según la Investigación Distrital por Muestreo de Domicilios de Codeplan, seis veces la prevista cuando se construyó Brasilia hace seis décadas.
El Plan Piloto planificado acoge actualmente a poco más de 220.000 personas, pero ofrece los más numerosos y mejores empleos, atrayendo un flujo masivo desde los municipios circunvecinos todas las mañanas.
Ceilandia, la mayor ciudad del entorno, tenía 459.000 habitantes en 2015, con un aumento de 13,6 por ciento en cuatro años. En la urbe, 28,1 por ciento de la población activa tiene su empleo en el Plan Piloto y 37,3 dentro del propio municipio.
Otras ciudades vecinas presentan índices algo más elevados de empleados en el corazón de la capital, componiendo las multitudes que se trasladan diariamente al Plan Piloto y vuelven a la noche a sus ciudades dormitorio.
Los miles de buses que trasladan diariamente a esta población quedan aparcados desde la mañana a la tarde en espacios libres, como la plaza delante del Estadio Mané Garrincha, hasta que los trabajadores terminan su jornada y regresan a la periferia.
El metro (tren subterráneo), con una sola línea que se bifurca en el extremo periférico, sumando 39 kilómetros de extensión, es el gran proyecto de transporte masivo, pero moviliza solo cerca de 3,5 millones de pasajeros al mes, con gran ociosidad fuera de las horas de punta.
Llevar empleos a la periferia no sería mala idea, pero transferir y centralizar toda la administración local en las afueras parece responder más a apetitos personales que a mejor gestión pública, muestran otros ejemplos, como el de Belo Horizonte, capital del sureño estado de Minas Gerais.
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