“Este problema, cada vez más acuciante en muchos territorios del país, es muy complejo y debe ser analizado en su totalidad y con objetividad”, comentó a IPS el profesor Fernando Martirena, experto en temas de vivienda de la Universidad Central “Marta Abreu”, de la central provincia de Santa Clara.
Desde los años 60 este sector ha sido objeto de varias leyes y decretos y casi dos centenares de regulaciones adicionales. El Decreto 288 aprobado en noviembre de 2011 figura entre las reformas mejor recibidas por la población bajo la presidencia de Raúl Castro, iniciada en 2008, al eliminar la prohibición de comprar y vender inmuebles.
Esta norma, que modificó la Ley General de Vivienda de 1988, abrió las puertas a la libre compra y venta de inmuebles entre ciudadanos cubanos e, incluso, residentes extranjeros. Además, eliminó trámites y regulaciones oficiales en los intercambios de vivienda, la llamada permuta, y legalizó la cesión de propiedades.
Pero antes de esa restitución del derecho de propiedad de las unidades residenciales, en 2010 se aprobó conceder licencias para edificar por “esfuerzo propio”, vale decir, en forma privada, a titulares de terrenos, azoteas u otras áreas, tanto para la reparación de viviendas en mal estado como para su ampliación.
Dentro de la reforma económica emprendida por el actual gobierno, ese mismo año, también para estimular la edificación habitacional en el sector privado, se autorizó la venta liberada de materiales como cemento, áridos y bloques, que hasta entonces eran exclusivamente de asignación central o de comercializados en pesos convertibles (CUC, equivalente al dólar).
A juicio de Martirena, ese cambio del modelo de gestión de la vivienda, ha tenido resultados muy positivos, especialmente por el aumento de las ventas directas de materiales a la población y por el hecho de que una parte importante de esos recursos son producidos por la economía local en los territorios.
“El mercado del Mincin (Ministerio del Comercio Interior) tiene precios ‘liberados’ y elimina la política anterior de subsidiar los materiales para asistir ahora a la población necesitada”, explicó.
El experto consideró que esa modalidad de subsidio para sectores más vulnerables ha ido avanzando en organización, y el pasado año favoreció a más de 30.000 familias.
Reconoció también que el abastecimiento de las tiendas estatales que comercializan los recursos necesarios para la construcción y mantenimiento de los inmuebles del sector privado suele ser “pobre e ineficiente”.
Pero aun así, destacó la aprobación de un Programa Nacional de Producción Local y Venta de Materiales, que crece un 15 por ciento anual.
Esa es justamente una queja recurrente entre personas que desean construir por su cuenta o mantener y mejorar sus viviendas.
“El albañil me cobra lo justo. Pero casi siempre tengo que comprar los materiales en dólares o por la ‘izquierda’ (mercado negro)”, señaló Ismael, un profesor de enseñanza primaria que pidió no dar su apellido y que recibe ayuda económica para remodelar su vivienda de un hermano que vive en el extranjero.
Otra protesta muy repetida en las redes sociales es que obtener un subsidio para construir conlleva muchos trámites y en diferentes oficinas, lo cual resulta “engorroso” y muy lento.
Esa asistencia beneficia a familias con necesidades y recursos insuficientes que no pueden trabajar por enfermedad, discapacidad o elevada edad y estar al cuidado de un enfermo. Puede recibirlo toda familia cuyos ingresos por persona, después de analizar gastos obligatorios, sea inferior o igual al equivalente a 15 dólares mensuales.
Entre las causas internas que obstaculizan frenar la escasez de viviendas, Martirena mencionó que “el sistema de subsidios de la población, principal vía de acceso a recursos financieros, todavía adolece de problemas en su implementación, que generan falta de ejecución e inmovilización de recursos y lentitud en las gestiones”.
En este caso una vía de solución podría ser “la modernización y automatización del sistema bancario (para la concesión de créditos) y las tiendas especializadas de ventas de materiales. Esto lleva inversión, pero se paga en corto plazo, agregó el experto, quien admite que “el déficit actual de viviendas continúa siendo muy alto”.
Martirena coincide en que la oferta de servicios constructivos a la población es insuficiente y complicada. A su juicio, habría que “propiciar la creación de entidades del sector estatal o no estatal, que en condiciones de competencia puedan brindar sus servicios a la población general, con énfasis en la beneficiada por subsidios”.
Entre los factores externos que inciden en el bajo crecimiento de la construcción de viviendas, el especialista incluye el embargo estadounidense que “limita las posibilidades de las principales compañías productoras de materiales de acceso a créditos y tecnología”, lo cual hace que “se incumplan de forma casi crónica los planes de producción realizados”.
“En esto, la producción de cemento es un tema clave, pero además la producción de áridos; ambas ramas dependen muy fuertemente de inyección de recursos externos”, como piezas de repuesto y energía, entre otros insumos, indicó.
Martiera afirmó además que el impacto del cambio climático, causante de “huracanes cada vez más fuertes y frecuentes”, está cambiando el panorama.
Por ejemplo citó que “los techos ligeros ya no parece funcionar para la intensidad de los huracanes actuales, y hay que ir a la construcción de techos pesados, acción que lleva tiempo y cuantiosas inversiones”.
“Esto a su vez aumenta el número de viviendas que se afectan durante un evento de este tipo, y al final contribuye a aumentar el déficit”, consideró el académico. Informes oficiales del 29 de septiembre reportaron 158. 554 casas dañadas por el paso entre el 7 y el 10 de ese mes del huracán Irma.
De ellas, 14. 657 sufrieron derrumbes totales y 16.646 parciales. Otras 23. 560 perdieron sus techos y 103. 691 resultaron con daños parciales en sus cubiertas.
Datos oficiales de mediados de este año indican que desde 1990 hasta 2014 el Estado ha construido 316.595 viviendas, con las cuales se han beneficiado 908.627 personas, en un esfuerzo importante pero insuficiente.
La Habana, con poco más de 2,1 millones de habitantes, tiene un déficit de 206.000 viviendas, seguido de la oriental Santiago de Cuba con 103.000, en un país con una población total de 11, 2 millones de personas.
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