El Gobierno modificó ayer por decreto la Ley de Tierras Rurales y volvió más laxas las restricciones para la venta de campos a extranjeros que impuso el kirchnerismo en diciembre de 2011.
"Este decreto busca destrabar las inversiones de afuera, hasta que tratemos de fondo un nuevo proyecto", explicó un alto funcionario del Gobierno. El presidente Mauricio Macri quiere modificar la ley que impulsó Cristina Fernández ni bien asumió el segundo mandato y que fija el 15% como límite de toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, provincial, y municipal, por parte de extranjeros. "Esa ley es una locura. Los extranjeros llegaron a tener como máximo el 6% de las tierras", explicaron en Casa Rosada.
El oficialismo ya impulsa un proyecto de ley que busca consensuar con los senadores para no poner límites a la compra de tierras. "Si extranjeros llegan a comprar más del 15%, eventualmente, podemos ver si se limita la venta", analizan en el macrismo.
Como primer paso, el Gobierno publicó ayer el decreto 820/2016 que introduce varios cambios y lleva las firmas del Presidente; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Por un lado, define que se considera titular extranjero a quien sea titular de "más del 51% del capital social de una persona jurídica". Esto cambia la norma K. La iniciativa del kirchnerismo definía como extranjero a quien sea titular de "un porcentaje superior al veinticinco por ciento (25%)".
Por otro lado, pone reparos a otro punto central de la ley que sancionó el kirchnerismo en la que advierte que los titulares extranjeros no pueden adquirir más de 1000 hectáreas cada uno, o su equivalente en la zona núcleo, que es la más productiva, y está delimitada en el norte bonaerense, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe.
El decreto en cambio presiona a las provincias para que en los próximos 30 días definan esas "equivalencias", en alusión a los límites de hectáreas que se pueden adquirir en cada distrito. En caso contrario, la resolución del Gobierno advierte que el Consejo Interministerial de Tierras Rurales "fijará las equivalencias".
Este consejo estará integrado por los ministros de Justicia, Agroindustria, Interior, Ambiente y Defensa, mientras que cada provincia estará representada por los respectivos ministros de Agricultura de cada distrito.
Por otro lado, el Gobierno definió también que no habrá restricciones para aquellas tierras que se encuentren en "Zona Industrial", "Área Industrial" o "Parque Industrial". El decreto indica que "dicha superficie no será computada a los fines de los límites fijados" en la Ley de Tierras Rurales.
Por tanto, las zonas industriales no tendrán límite del 15% del territorio nacional, provincial o municipal; ni las 1000 hectáreas en zona núcleo, ni estarán afectados por el artículo que sostiene que "en ningún caso" personas físicas o jurídicas "de una misma nacionalidad extranjera, podrán superar el treinta por ciento (30%) del porcentual asignado en el artículo precedente a la titularidad o posesión extranjera sobre tierras rurales".
Continúa el resguardo territorial de la comunidad Paichil Antriao
La comunidad mapuche Paichil Antriao, de Villa Langostura, fue denunciada por “turbación” a causa del “resguardo territorial” que comenzaron la semana pasada para impedir que se continúe con el desmonte para abrir una calle pública.
Por tal motivo, debieron presentarse el viernes a la tarde en la fiscalía en Villa la Angostura, a cargo de Fernando Rubio y Ramiro Amaya. Sin embargo, el fideicomiso Lago Correntoso, a cargo de Alberto Rossi, no se presentó a la audiencia de conciliación entre las partes.
En diálogo con FM Pocahullo, Florentino Nahuel, contó que “ya nos imaginábamos que no se iban a presentar, porque cómo iban a explicar el daño que comenzado a hacer. Hay un 20% realizado del proyecto que ellos pretenden instalar en nuestro territorio”.
“Nos imaginábamos su ausencia porque iban a tener enfrente a la comunidad, que íbamos a plantearle el daño ecológico, ambiental y cultural que cometen con ese proyecto”, agregó. A la audiencia no sólo faltó el representante del empresariado que destrozó el bosque, sino que tampoco lo hizo el fiscal general de la provincia, Jose Gerez.
La comunidad Paichil Antriao realiza el resguardo territorial, por un lado ante la avanzada de vialidad nacional que está talando bosque para realizar el camino de circunvalación para el transporte y comercio internacional que transita la zona; y por otro lado porque el conocido jugador de básquet, Emanuel Ginóbili, es adjudicatario de una tierra que pertenece a la comunidad.
“Hay una orden judicial de no innovar entre la comunidad y Ginóbili, es decir que ninguna de las dos partes podíamos avanzar. Pero él autorizó abrir un camino, entonces está en falta. Eso nos da todos los motivos a nosotros para resguardar el lugar”, explicó Florentino Nahuel.
Un centenar de mujeres originarias tuvieron su primer parlamento
La ciudad de Ensenada fue sede este fin de semana del Primer Parlamento de Mujeres Originarias. El sábado 21 fue una jornada cerrada a las mujeres indígenas que llegaron desde distintos territorios, y el domingo 22 abierto a todas las interesadas en participar.
De las dos jornadas participaron alrededor de 100 mujeres de las naciones-pueblo ranquel, ava guaraní, mbya guaraní, zapoteca (México), aymara, quechua, charrúa, pilagá, diaguita calchaqui, qom, wichi, mapuche, kolla, tonocoté, chaná, entre otras, y en total, asistieron unas 300 mujeres.
Durante los dos días hubo intercambio de los conflictos en los distintos territorios y se debatió la agenda política de las mujeres originarias. La lucha contra la megaminería y las grandes empresas multinacionales, la defensa del territorio y los recursos naturales, el reclamo por la libertad de los presos y presas políticas de las comunidades, el repudio a toda forma de discriminación, la revalorización de la medicina ancestral y natural, la libre determinación de los cuerpos, los pueblos y los territorios, son algunos de los puntos que componen esa agenda.
En diálogo con Radio Futura, Bartolina Casimiro, de la comunidad Diaguita-Calchaqui, de Tafí del Valle (Tucumán), señaló que “a partir de estos encuentros nos empezamos a hacer escuchar y a tomar decisiones concretas para que no nos sigan atropellando”.
“Me llevo una riqueza de todas las mujeres de todas las etnias para seguir en la lucha”, destacó Bartolina.
Ermelinda Dip, werken de la comunidad ranquel mapuche Toay, de La Pampa, expresó: “Nuestros hermanos por fin se están poniendo de pie, y en este caso son las mujeres, que siempre hemos sido postergadas. Las mujeres de pueblos originarias también somos violentadas”.
Por su parte, Juana Vila Rosas, lonko de esta comunidad, manifestó: “Le decimos a los blancos que tenemos derechos, que somos mujeres de esta tierra, antecesores al Estado argentino, y que nos deben respeto”.
“Me llevo el encuentro con mis hermanas mapuches que hace mucho no veía. Cuando me encuentro con mi gente, mi corazón se ensancha”, mencionó Vila Rosas.
Eulogia Ríos, de la Villa 31, reclamó el “acceso a la educación” y la “vivienda digna”, las principales problemáticas en su territorio, y repudió la discriminación a la mujer indígena, por la raza o el color de piel.
Además, desde la Marcha de Mujeres Originarias, que impulsó este Parlamento, lanzaron la campaña “Nos queremos Plurinacionales”, para que las mujeres de pueblos originarios tengan un lugar protagónico en el Encuentro Nacional de Mujeres que se realizará en octubre en Trelew.
Comentarios
Publicar un comentario