A más de dos años de que surgiera la primera información, donde estaba involucrado el presidente Mauricio Macri, los Panamá Papers continúan dando dolores de cabeza al Gobierno.
Esta vez, una investigación de los periodistas Santiago O’Donnell y Tomás Lukin en Página/12 sobre documentación surgida de aquella filtración da cuenta de que todos los funcionarios que conforman la estructura jerárquica del Ministerio de Finanzas comandado por Luis Caputo organizan sus patrimonios y negocios a través de guaridas financieras.
El caso del propio Caputo es conocido y está en la Justicia. La documentación oficial que Noctua presentó en Estados Unidos lo menciona como accionista de esa sociedad offshore, aunque él lo niega ante los requerimientos que se hacen en el país.
Su segundo, Santiago Bausili, secretario de Finanzas, declaró ante la Oficina Anticorrupción la offshore Laguna I9 LLC, que valuó en 1,9 millones de pesos. La firma de Bausili está radicada en el estado de Delaware, una de las principales guaridas financieras norteamericanas.
El tercer personaje de la serie es el secretario Legal y Técnico de Finanzas, Carlos Lo Turco, quien de acuerdo a la nueva documentación analizada figura al frente de la offshore panameña Mariba S.A. Si bien Lo Turco asegura que esa sociedad está inactiva desde 2009, de acuerdo a los registros recabados en Panamá por el diputado Darío Martínez y sus colaboradores, la offshore seguía activa en septiembre de 2016 y el funcionario formaba parte de su directorio.
Pero no todo termina allí: Lo Turco está acompañado en el directorio de Mariba S.A. por otro integrante de la plana mayor de Finanzas, su asesor Fernando Luis Cassani Azzurro.
Tal como señalan O'Donnell y Lukin en su nota, si bien la tercera secretaría del Ministerio de Finanzas, la de Servicios Financieros, se encuetnra vacante desde la partida de Leandro Cuccioli hacia la AFIP, si este funcionario aún permaneciera allí se mantendría de todos modos el ministerio 100% offshore, ya que Cuccioli estuvo vinculado a operaciones canalizadas desde las Bermudas y declara inversiones en fondos radicados en Islas Caimán.
GRAVE: El gobierno prepara una ola de despidos en el Estado por presión del FMI
Apretado por la necesidad de reducir el gasto para obtener el visto bueno del organismo, el gobierno acelera su plan de reducción de empleados públicos. Empezaría por el ministerio de Trabajo, el INTI y Agroindustria, para luego avanzar sobre otras dependencias públicas y organismo descentralizados.
La filtración de un informe parcial con fecha de septiembre de 2017, estipula una poda de 20 mil empleados que, proyectados a la totalidad de la planta, alcanzaría a cerca de 30 mil. Se trata de ajuste sobre los empleados públicos nacionales de tiene su hoja de ruta en lo que hace a la reducción de personal surgida del programa de “dotaciones óptimas” impulsado por el Ministerio de Modernización, a cargo de Andrés Ibarra.
La idea original era producir ese ajuste en forma gradual hasta 2019. Por eso, en lo que va del año, ya se produjeron cerca de 5000 cesantías bajo la forma de un goteo incesante que, en algunos casos, generó fuertes resistencias y acciones de lucha con paros y ocupaciones. Los casos más resonantes fueron los 258 despidos en el INTI y los de los mineros del Río Turbio que lograron, mediante la ocupación y una larga huelga, la reincorporación de los 167 trabajadores.
Sucede que si bien el Fondo Monetario Internacional, con quien negocia el nuevo superministro (informalmente designado, Nicolás Dujovne, pese a haber asegurado que no interferiría en el plan económico del gobierno nacional y que respetaría sus lineamientos fijados en forma autónoma, la realidad es completamente diferente.
La presión FMI, ya esbozada en sus informes de diciembre último, obligó al gobierno a modificar esa poda “gradual” y ahora se dispone a acelerar su hoja de ruta.
Ya en marzo de este año, el gobierno lanzó un plan de retiros voluntarios con el propósito explícito de conseguir por esa vía una reducción de otros 5000 puestos.
Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de ATE Nacional, detalló a Tiempo Argentino que el plan no logró su cometido: “No tenemos números de que efectivamente se haya utilizado el mecanismo. No puedo afirmar rotundamente que fracasó pero el gobierno, que siempre es tan propenso a mostrar con números la eficacia de sus políticas, esta vez no dijo nada. No tienen nada que mostrar”.
Así las cosas, en la última semana han proliferado en los pasillos de la administración pública rumores que indican que en los próximos días se producirá una primera oleada de centenares de despidos.
Algunos elementos ya se hacen ver: en el INTI impidieron el ingreso de siete empleados el jueves pasado y trascendió la voluntad de las autoridades de proceder al despido de entre 100 y 300 empleados más, los que se sumarían a los 258 de enero. En el Ministerio de Trabajo se habla de 400 cesantías. Por su parte, los rumores en el Ministerio de Justicia indican que habría 150 despidos en la Secretaría de Derechos Humanos. Ya anunciaron 45 cesantías, todavía sin nombre, en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). En ACUMAR habría 50 cesantías en carpeta y las autoridades volverían a la carga en el ENACOM, donde ya despidieron alrededor de 100 empleados en lo que va del año y ahora insistirían con 100 más.
Las versiones también indican que se sumarían 100 despidos más en el Ministerio de Agroindustria cuando todavía no concluyó el conflicto por los recientes 543 despidos entre ese organismo y el Senasa.
A nivel provincial, María Eugenia Vidal acaba de anunciar su propio plan de retiros voluntarios aunque el foco está puesto en el Astillero Río Santiago, donde el gobierno provincial acaba de renovar las autoridades y, en un cuadro de vaciamiento y desinversión, los trabajadores anuncian la posibilidad de que se produzcan mil despidos.
Frente a esta nueva situación, Godoy explicó que “es muy previsible que haya más despidos. En realidad nunca cesaron, pero el acuerdo con el FMI va a hacer que se profundice el ajuste, tanto en Nación como en las provincias”.
“La lucha está creciendo desde abajo y el paro nacional va madurando a pesar de que hay dirigentes que están más preocupados por acordar con el gobierno. La única manera que cierre este ajuste es con represión, pero hay mucha conciencia y capacidad de lucha en nuestro pueblo”, señaló Godoy al diario cooperativo.
El ajuste, además, golpeará por el lado del salario. El martes está pautada la primera reunión paritaria y se descuenta que el gobierno ofrecerá entre un 12 y un 15 por ciento.
Se trata, en el mejor de los casos, de un incremento que está unos 10 puntos por debajo de la inflación esperada, lo que se suma al 18% de pérdida del poder adquisitivo que, según cálculos de la Junta Interna del Indec, acumula el salario estatal desde diciembre de 2015.
Un acuerdo con Bergman permitiría avanzar con los desmontes
El gobernador de la provincia Juan Manuel Urtubey, junto a la ministra de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, Paula Bibini, firmaron el acuerdo en un acto realizado en la mañana de ayer con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman y al jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, Santiago del Solar.
El documento rubricado detalla que su objetivo es abordar tres lineamientos de gestión colaborativa: el trabajo conjunto en la elaboración de los criterios de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia de Salta; la Promoción y apoyo de actividades productivas sustentables en Bosques Nativos ubicados en categoría amarilla; y la Implementación de planes de restauración y reforestación de zonas degradadas.
No obstante la declaratoria, y el concepto de gestión colaborativa, en el diálogo y la elaboración del convenio, no participaron todas las partes, que tenían horarios de invitación diferidos.
“Aunque no estemos todos de acuerdo”
El Ministro de Ambiente de la Nación Sergio Bergman dijo a Nuevo Diario sobre el Ordenamiento Territorial, que “su análisis y elaboración contará con la colaboración desde Nación, respetando la autonomía provincial”, y agregó que la novedad es que se sumarán los sectores productivos, “para que sea un ordenamiento transparente y participativo” .
Además informó que las zonas rojas y amarillas caerán con el nuevo ordenamiento, con las expectativas de que la nueva construcción “sea colaborativa, colegiada, aunque no estemos todos de acuerdo”
Sobre las 32 fincas y su impedimento para desmontarlas, tras la resolución emitida desde su cartera informó que el detalle de lo que se habló en la reunión previa a la conferencia de prensa y a la mesa de ordenamiento, será difundido en una gacetilla.
“Las soluciones tienen que ser integrales”- sostuvo e indicó que tratarán de aunar criterios, atento a que la provincia manejaba otras pautas en el ordenamiento, que diferían con los presupuestos mínimos ambientales que tiene la Nación.
“Es bueno decir la verdad y evitar llegar a un punto de judicialización”- indicó Sergio Bergman que añadió en cuanto a la polémica resolución, que no hay posibilidades de dar marcha atrás pero que buscarán las alternativas. “Entendemos que hay derechos adquiridos de productores que estaban legalmente autorizados ”.
Niegan distanciamiento entre las partes
La ministra Bibini, por su parte, y en diálogo con este medio, insistió en la “búsqueda del consenso”, en un plazo determinado, que se supo, para el caso del análisis de las 32 fincas, será de 30 días; además del trabajo mancomunado en las mesas, aunque se conoció que el sector rural, ayer no permaneció durante el taller de ordenamiento que prosiguió en Grand Bourg.
También negó que exista un distanciamiento entre el sector de los productores rurales y los profesionales del ambiente: “estamos todos juntos trabajando, hay voluntad de consenso, para tener el ordenamiento en el mes de noviembre”.
En cuanto a la caída de las zonas rojas y amarillas en el nuevo ordenamiento, indicó que esta sería la forma más idónea para llegar a una solución y tener la aprobación del ordenamiento.
Preocupa el futuro de los bosques
Tras el acuerdo firmado ayer entre provincia y Nación, los profesionales especialistas en medio ambiente y organizaciones de productores pequeños y medianos del Chaco Salteño, manifestaron su preocupación por el futuro en materia de conservación de bosques nativos de la provincia.
Entendieron que existe una “decisión tomada”, en cuanto al avance de los desmontes en la zona amarilla del chaco salteños, y que el futuro Ordenamiento Territorial, se orientaría en ese sentido.
Nuevo Diario dialogó con el representante de la Facultad de Ciencias Naturales, en la Mesa de Ordenamiento Territorial Enrique Derlindati, que analizó con preocupación las declaraciones vertidas por las autoridades y la la efectiva vinculación de la mesa de ordenamiento territorial en las decisiones del ejecutivo.
“Es casi de protocolo, creo que las decisiones ya fueron tomadas en otro ámbito, y llama la atención la preocupación por la parte productiva, casi sin hacer mención en el tema ambiental”- sostuvo el doctor en biología de la UNSa que añadió: “Creo que estamos trabajando desde lo ambiental, y en el marco de la mesa de ordenamiento territorial de bosques para la foto”
También habló sobre las decisiones que se tomarán sobre las áreas amarillas que, desde la ley tiene unas características de uso claras “que se quieren diluir, abriendola a una producción totalmente intensiva” dijo y advirtió: “no nos dejaron tranquilos las declaraciones”.
Derlindati analizó que “la provincia no solo posee la mayor tasa de conversión de bosques en monocultivos a escala global, sino que además autorizó recategorizaciones sobre el uso del suelo por fuera de la ley de bosques”.
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