EL PAIS:Vía libre al lavado el Central ya no le exige a las casas de cambio que reporten operaciones sospechosas

Una comunicación del BCRA con fecha 26 de diciembre flexibilizó la exigencia que regía para los operadores cambiarios destinada a prevenir el blanqueo de fondos obtenidos de una actividad criminal.
A través de la comunicación “A” 6619 de fecha 26 de diciembre de 2018, el Banco Central liberó a las casas de cambio de presentar Reportes de Operaciones Sospechosas y relajó las reglamentaciones para actuar en el mercado al dejar sin efecto dos requerimientos clave para los operadores:  el “Régimen Informativo Contable Anual para las Agencias de Cambios” y el “Informe Especial del Auditor Externo sobre la verificación del cumplimiento de las normas sobre exigencia e integración de capitales mínimos para Agencias de Cambios”.
Los ROS son mecanismos surgidos de la recomendación 20 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que establece que “si una institución financiera sospecha o tiene motivos razonables para sospechar que los fondos son producto de una actividad criminal, o están relacionados al financiamiento del terrorismo, a ésta se le debe exigir, por ley, que reporte con prontitud sus sospechas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)”.
Los Reportes de Operaciones Sospechosas son, en consecuencia, alertas del sector financiero para establecer que hay un comportamiento inusual de la cuenta de un cliente en particular.

La medida constituye un virtual vía libre para la evasión fiscal y el uso de las agencias para lavar dinero en el mercado cambiario. Y se suma a las modificaciones que el gobierno ya había aplicado sobre la Unidad de Información Financiera, que desde el primer momento de la gestión macrista dejó de denunciar operaciones sospechosas para que se abran investigaciones penales, entre otras medidas de flexibilización, y quitó esa dependencia de la órbita del Ministerio de Justicia para pasarla a la de Hacienda y Finanzas.
Así, el dinero obtenido por delitos como el narcotráfico, la trata de personas o la corrupción, cuyo combate constituye uno de los ejes de la política comunicacional del gobierno de Mauricio Macri, podrían canalizarse a través de las agencias de cambio sin ningún tipo de control, excepto el informe que esas entidades envíen a la UIF, cuya capacidad para realizar inspecciones está colapsada como parte de la política de debilitamiento de los organismos de control que viene ejecutando el oficialismo.
Bajo el título “Optimización del Régimen informativo para entidades cambiarias”, la circular CONAU 1-1308 que comunicó a las casas de cambio la baja de los tres requerimientos, lleva las firmas de Rodrigo Danessa, gerente de Régimen Informativo y de Estela del Pino Suárez, subgerente general de Régimen Informativo y Protección al Usuario de Servicios Financieros.
“Con esta medida se pierde un montón de información que tiene el propio Banco Central sobre las casas de cambio y el régimen que tiene que ver con los ROS, que se canalizaban a través de la Gerencia de cumplimento ante la UIF: montos de operaciones sospechosas, si habían sido originadas por personas físicas o jurídicas, la zona geográfica etc. Esa información se presentaba en reuniones de directorio, por lo que ahora, el propio BCRA, que supervisaba a las casas de cambio no va a poder tomar medidas o planificar inspecciones”, explicó Alejandra Freire, de CIPCE.
Una idea sobre el nivel de desregulación de los controles que caracteriza a la actual gestión es el hecho de que justamente la Gerencia de Cumplimiento ante la UIF sigue acéfala. Así lo expresa la propia página web del BCRA, donde debajo de las atribuciones de esa dependencia – “velar por el cumplimiento de los procedimientos y políticas implementados en la Institución para prevenir, detectar y reportar operaciones que puedan encontrarse vinculadas a los delitos de Lavado de Activos y/o de Financiación del Terrorismo”- figura la frase “Puesto vacante”. En palabras de Freire: “La gerencia que tiene que velar por el cumplimiento de la legislación antilavado, no puede ni siquiera cumplir su propia función”.

La Corte rechazó un recurso del Grupo Macri para desplazar a Gabriela Boquín de la causa por la deuda del Correo

Aval supremo para la fiscal que paró el Curreo

Por unanimidad, el máximo tribunal desestimó el planteo del Grupo Macri porque no se dirigió contra un fallo definitivo. La fiscal Boquín fue la primera en denunciar el acuerdo con que el Gobierno intentó beneficiar a la familia presidencial.

La Corte Suprema decidió cerrar el año con un respaldo a la fiscal ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, la primera en denunciar el acuerdo que protagonizó el Gobierno para perdonarle el 98,87 por ciento de la deuda al Correo Argentino, empresa de la familia Macri. El planteo de Boquín logró frenar ese pacto que implicaría una pérdida cercana a los 4 mil millones de pesos –el monto adeudado– para el Estado pero, además, con posterioridad detectó maniobras de vaciamiento de las sociedades controlantes, Socma y Sideco, cuya investigación el grupo empresario apostó a bloquear con cuestionamientos a su actuación e intentos de apartamiento. La resolución del más alto tribunal, que fue unánime, es clave para la continuidad de ese aspecto de la causa, donde aparecen grandes movimientos de dinero en la firma postal que supuestamente se encuentra inactiva. Es todo un gesto adverso para el Poder Ejecutivo –mientras avanza la causa penal por este tema con un llamado a indagatoria contra el ministro Oscar Aguad– y para los intereses del Correo.

El último acuerdo de la Corte en 2018 tuvo un tono más amable que el que se esperaba entre los supremos, que se juntaron a las cuatro de la tarde y resolvieron firmar decenas de fallos y empezar a discutir una agenda para 2019 (ver aparte). La semana pasada había estado marcada por la sentencia contra la Anses, a favor del reclamo de un jubilado que se extenderá a otros 150 mil, y por la acordada con la que Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda resolvieron limitar el poder del presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, al establecer que las decisiones administrativas y de superintendencia ya no las podrá tomar él por su cuenta sino que requerirán las firmas de tres de los cinco jueces. En el medio hubo amenazas de denuncias de Rosenkrantz hacia el resto y de Elena Highton hacia Lorenzetti, a quien acusó ante terceros de presionarla, pero fueron perdiendo cuerpo.

El fallo que respalda a Boquín tiene apenas diez renglones pero una vital importancia. El Correo, de la familia Macri, planteaba su falta de “legitimación” para pedir medidas de prueba, como peritajes de los libros contables de las empresas Socma y Sideco, y lo que hizo la Corte –desde el punto de vista formal– fue rechazar el recurso extraordinario porque no estaba dirigido contra lo que en Derecho se llama “sentencia definitiva”. El efecto práctico de la decisión es que Boquín podrá continuar interviniendo y avanzar con algunos pasos fundamentales de investigación, aún en el contexto del concurso de acreedores.

El caso del Correo tiene, a esta altura, tres aristas diferentes:

• En el expediente comercial, que lleva 17 años, el Correo debe pagar su deuda. Intentó hacerlo en todos estos años cuatro veces con fórmulas que el Estado rechazó por inconvenientes. Recién con el gobierno de Macri el Gobierno aceptó una oferta que era calcada de la última presentada bajo la administración anterior. La aceptó un representante del ex Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, y terminó frenada cuando la fiscal Boquín denunció que era “ruinosa y abusiva” por implicar el perdón que la deuda casi completa. El presidente Macri, ante el escándalo, mandó a dar marcha atrás, pero luego el propio Estado promovió nuevas dilaciones a favor del Correo. Aún no hubo nuevo acuerdo por la deuda.
• Por aquel pacto hay expediente penal, en el que el ministro Aguad fue citado a indagatoria, junto con Mocoroa, el ex titular de Correo Jaime Cibils Robirosa y el abogado de la empresa Jaime Kleidermacher. Están imputados por negociaciones incompatibles y administración fraudulenta. El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que los funcionarios pactaron con el Correo antes del acuerdo en tribunales. Kleidermacher es el abogado que impulsó el apartamiento de Boquín.
• La cuestión del vaciamiento es clave. Las primeras maniobras fueron detectadas también por Boquín. Ella advirtió que habían existido retiros de fondos de las cuentas del Correo en medio del concurso de acreedores, con la posible anuencia de la jueza de primera instancia, Marta Cirulli, durante 2016, en plenas negociaciones para el acuerdo denunciado. En un dictamen, la fiscal señaló retiros por al menos 10 millones de pesos “en beneficio de otras empresas del grupo” y en “perjuicio de las cuentas del concurso”. La empresa está inactiva, lo cual era doblemente llamativo. Boquín pidió peritar los libros de Socma y Sideco –empresas clave del grupo Macri–. La jueza sólo quiso peritar los del Correo, con síndicos. La fiscal insistía en analizar todo, con peritos de la Corte, o ajenos al proceso en cuestión. Y fue en medio de esa pulseada que la empresa de los Macri comenzó a intentar sacarla del juego y cuestionar su legitimación. La decisión de la Corte Suprema de respaldarla debería despejar el camino para esa investigación crucial sobre el verdadero papel de esta empresa.

Otros asuntos

Entre otros asuntos resueltos por el tribunal ayer, hay un rechazo a un planteo de Cristina Fernández de Kirchner que cuestionaba el sorteo del Tribunal Oral Federal 2, que la juzgará por supuesto direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz. También fue desestimado un planteo del ex secretario de Obras Públicas José López, que pretendía su excarcelación en la causa por enriquecimiento ilícito. Fue rechazado un planteo de recusación del sindicalista Marcelo Balcedo (detenido en Uruguay) contra el juez Ernesto Kreplak. Quedó confirmado el sobreseimiento de Diego Bossio y el tribunal rechazó planteos de excarcelación de Gladis Díaz y Mirta Guerrero en una de las causas contra Milagro Sala.

Doble vara judicial: anularon el pedido de prisión preventiva contra una diputada de Cambiemos

Mientras llueven pedidos de detención contra ex funcionarios del kirchnerismo, y el Congreso hasta desaforó a Julio De Vido, la Cámara de Federal de Casación Penal decidió beneficiar a Aída Ayala. Los argumentos. 

La vara judicial para los funcionarios y ex funcionarios acusados de corrupción parece no ser la misma, según a que sector político pertenezcan. Mientras llueven pedidos de detención contra kirchneristas, e inclusoo la Cámara Baja desaforó a Julio De Vido, la Cámara Federal de Casación Penal benefició a la diputada de Cambiemos Aída Ayala.

Casación anuló el pedido de prisión preventiva contra la legisladora macrista y, en un polémico giro, le ordenó a la justicia chaqueña dictar otro fallo.

La jueza de Resistencia Zunilda Niremperger había procesado con prisión preventiva a Ayala por asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública, fraude, incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por supuestos hechos de corrupción en la contratación de servicios de recolección de basura en Resistencia, donde fue intendenta entre 2007 y 2015.
  Entre los argumentos, la Cámara sostuvo que que la prisión preventiva no está  debidamente fundada.

La decisión fue firmada por los camaristas Mariano Hernán Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo M. Hornos