EL PAIS:Impulsan denuncia penal y juicio político contra el gobernador Gerardo Morales

Es por la muerte del bebé que nació por cesárea y que era producto de una violación a una nena de 12 años. Tanto “pañuelos verdes” como “celestes” apuntan a los funcionarios.
El gobernador jujeño, Gerardo Morales, quedó entre dos fuegos inesperados. Los pañuelos verdes, por un lado, y los celestes, por el otro, evalúan por estas horas desde impulsar decididamente su juicio político, hasta denunciarlo penalmente por homicidio. La situación gira en torno a la dramática situación que enfrentó (y enfrenta) una niña de 12 años violada por un sexagenario en la localidad de San Pedro y obligada a ser madre mediante una cesárea, por fuera de lo que establece la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
El bebé, de entre 23 y 25 semanas de gestación, nació vivo pero murió a los pocos días. Morales; su ministro de Salud, Gustavo Bouhid; y los médicos que tomaron las decisiones que derivaron en esta tragedia serán denunciados penalmente el próximo viernes, apenas se reanude la actividad judicial tras la feria de enero. Los grupos que apoyan la sanción de una ley de aborto legal, seguro y gratuito, convocaron además para ese día a una marcha para acompañar la presentación en los tribunales locales. Entretanto, recolectan firmas para pedir la renuncia del ministro, con el respaldo de la madre de la pequeña que se vio sometida a esta situación traumática por donde se la mire, y con condicionamientos a futuro impredecibles.
Los integrantes de los grupos Pro Vida, por su parte, también están furiosos –aunque por otras razones– con Morales y su equipo. Sobre ellos no hay noticias (por ahora) de denuncia penal pero sí una campaña para pedir el juicio político y la destitución del gobernador.
¿Por qué Morales y sus colaboradores podrían ser acusados de homicidio?
Porque el bebé fruto de la violación a la niña de 12 años nació vivo prematuramente por un parto anticipado sin justificación médica. Y murió a los cuatro días como consecuencia de esa prematuridad.
La ILE, sobre la base de un fallo de la Corte Suprema, establece que el embarazo debe ser interrumpido, lo que efectivamente ocurrió. Pero el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, del Ministerio –hoy apenas Secretaría– de Salud de la Nación establece que en gestaciones de entre 12 y 22 semanas la interrupción debe producirse mediante un “procedimiento médico” (con los mifepristona y misoprostol o misoprostol solo) o a través de un “procedimiento instrumental”, que consiste en la “dilatación y evacuación uterina”. La cesárea no aparece como método de interrupción del embarazo.
El protocolo tampoco indica qué hacer ante un embarazo de 24 o más semanas. En el caso concreto, según reveló el ministro Bouhid, la niña asistió a una consulta médica por un dolor estomacal cuando cursaba 12 semanas de embarazo, y los médicos no detectaron que estaba encinta. Regresó a la consulta el 11 de enero y allí sí se estableció la gravidez, pero en lugar de practicar rápidamente el ILE se prolongaron los plazos hasta que apareció la “alternativa cesárea”.
Los grupos simbolizados en los pañuelos verdes sospechan en esa demora no fue casual ni burocrática, y que se utilizó ese tiempo para maniobras de maduración del feto, que ni siquiera fueron completadas por el apuro para realizar la cesárea. Por esa situación, los grupos denominados Pro Vida piden el juicio político de Morales y juntan firmas en la página de internet Juicio político a Morales   “Con esta cesárea anticipada pusieron en riesgo la vida de la niña por nacer y murió. Evidentemente necesitaba seguir desarrollándose por más tiempo. Arrancaron a esa bebé del vientre de su madre, aun cuando los médicos expresaron que corría grandes riesgos y que convenía esperar.” En efecto, hubo facultativos que desaconsejaron la cesárea pero no fueron escuchados y, además, fueron desplazados de la toma de decisiones. Según publicó el portal <www.todojujuy.com> el 16 de enero pasado, “los médicos de la Maternidad se oponen a interrumpir el embarazo de la nena abusada en San Pedro. Aseguran que el bebé ya tiene el tiempo de gestación para vivir pero podría tener muchas complicaciones durante su vida si se realiza una interrupción con un embarazo de seis meses”.
Por eso aparece en escena la figura del homicidio. Forzaron el parto de un feto que no estaba en condiciones de sobrevivir. Nació vivo pero a raíz de esa circunstancia fue sometido a sufrimientos y, finalmente, murió. Tan grave es la situación que podría incluso aplicarse la figura agravada del homicidio y también la del “dolo  eventual”.