"No sé si Cristina Kirchner va a ir presa, pero estoy segura de que va a terminar sin un peso", disparó la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, quien aprovechó el flamante DNU de extinción de dominio que firmó el presidente Macri con miras a la campaña electoral.
"Cuando los legisladores empiezan con los tecnicismos es porque no quieren aprobar una ley", dijo también y justificó con ese argumento que la Casa Rosada piensa avanzar contra la expresidenta con o sin aval legislativo. "Mientras que no salga la ley, nosotros usaremos el decreto", advirtió.
El decreto 62/2019 entró en vigencia el martes 22 de este mes y a partir de ese momento el oficialismo trabaja en la avanzada que profundizará lo realizado por el juez Claudio Bonadio y su causa de las fotocopias.
"El 2 de agosto de 2016 el Congreso empezó a discutir la ley del arrepentido y en paralelo la ley de extinción", afirmó Alonso durante una amable entrevista en TN. Y agregó que "la primera se aceleró por la aparición de los bolsos de López, pero esta última no la quisieron aprobar porque había intereses políticos. Hasta que salió el DNU, un sector de la política no quería aprobar la ley".
Sobre el salto que la Casa Rosada le da al Congreso con el uso de una ley cuestionada por juristas de diversos sectores, la funcionaria que suele salir en defensa de los funcionarios que tiene que controlar, aseveró que "hay ladrones y narcos disfrutando de la plata ilegal" y que por eso "es urgente recuperar lo robado y aplicar la extinción de dominio".
En ese sentido es que puso en duda que Cristina vaya a ir presa. "Pero sé que va a terminar sin un solo peso", escupió y añadió: "Con esta nueva medida vamos a sortear la mala praxis de varios jueces federales para investigar el enriquecimiento ilícito”.
Descubren que la reina Máxima de Holanda evade pagos de impuestos en la Argentina
Máxima Zorreguieta, reina de los Países Bajos, es propietaria de tres fracciones de tierra rural en Río Negro cuyas mejoras no declaró ante la provincia y, en consecuencia, evade el pago de los impuestos correspondientes. Tampoco fue declarada ante el Estado toda la obra de infraestructura del complejo Baguales, construido por el grupo belga BURCO y ahora en manos de capitales de Qatar. De este modo, la documentación pública de Catastro confirma que no es una excepción el subregistro de mejoras declarado por Joseph Lewis para Lago Escondido.
Máxima evasora Con domicilio en la sede oficial de la Corona de Holanda (ubicada entre las 15 mayores fortunas de la realeza mundial), desde 2009 Zorreguieta es titular de la propiedad de casi 3.000 hectáreas sobre el río Pichi Leufú, a 30 kilómetros al noreste del aeropuerto internacional de Bariloche y 7,5 al este del curso del río Limay. Marta Marcela Cerruti Carricart, tía y madrina de Máxima, es la responsable de la hostería de cinco habitaciones “Estancia Pilpilcura” de unos 780 metros cuadrados aproximadamente no declarados ante el Estado rionegrino, como consta en el registro público de Catastro. En diciembre de 2016 el presidente Mauricio Macri estuvo allí con su familia, arribado en helicóptero gubernamental en vuelo desde Villa La Angostura (VLA), sur de Neuquén.En su momento, la versión oficiosa indicaba que Martín Zorreguieta, hermano de Máxima, había comprado un campo de 1.500 hectáreas a una familia de Bariloche con actividad de servicios turísticos. La documentación pública de Catastro asegura que la reina no necesitó de intermediarios para comprar tierras por el doble de superficie de lo que decía la historia oficial, en un sector comprendido dentro del área de seguridad de frontera.
En 2008, cuando todavía no era reina, compró al menos dos fracciones del loteo privado “Muelle de piedra” sobre la costa norte del lago Nahuel Huapi, en VLA. De todos modos, continúa alojándose en la residencia que alquila al empresario Miguel Miguens en “Cumelén”, el tradicional country creado por los hermanos Bustillo en la década del ’40 para evitar las expropiaciones a latifundistas realizadas durante el primer gobierno de Perón.
No declara, no paga
En los ’90, el entonces presidente Menem visitaba la estancia “Las mil rosas”, situada junto al lago Hermoso en San Martín de los Andes (Neuquén), de los austríacos Maia y Gernot Swarovski. Las recurrentes fotografías en la prensa llevaron a preguntarse por el valor de la infraestructura, comprobándose que la residencia no estaba declarada y sus propietarios no pagaban impuestos acordes al valor de mercado del inmueble. Veinticinco años después, otro Presidente neoliberal claudica ante el glamour monárquico y distrae respecto a la condición de inversora en tierras e infraestructura de servicios VIP de Máxima.
Los campos registrados a nombre de la reina son:
uno de 363 hectáreas, ocupado tradicionalmente sin título de propiedad por Amadeo, Ilda, Carlos, Ceferiniana y Carmelo Paillalef con expediente administrativo iniciado en la dirección general de Tierras y Colonias en 1949, cuando Río Negro todavía era territorio nacional;
otro de 1543, 5 hectáreas ocupado sin título de propiedad por Antonio, Jacobo y Pedro Zgaib en el paraje Pilpicura; y,
otro de 1.045 hectáreas ocupado sin título de propiedad por Pablo Martínez, siempre según los planos originales acreditados por Catastro.
Cerruti inscribió en 2009, meses después de la compra del campo, la marca “Estancia Pilpilcura Patagonia Argentina”. En la web publica una imagen aérea de la hostería, que además debe contar con la habilitación comercial y de turismo correspondiente. La página referida a las mejoras quedó en blanco, sin absolutamente nada declarado ante Catastro.
Podio evasor
Máxima, Lewis y el complejo de montaña Baguales merecen estar en el podio de los evasores en Río Negro, si atendemos a la relación entre los montos de sus fortunas personales y el ocultamiento de las mejoras en infraestructura en sus propiedades rurales.
Hidden Lake de Tavistock Group no declaró ante Catastro numerosas obras de infraestructura con destino comercial e industrial, como el helipuerto y la central hidroeléctrica sobre el río Escondido con actividad sostenida durante años, tal como publicamos en (https://www.elcohetealaluna.com/asi-en-la-tierra-como-en-el-mar-y-en-el-aire/). Tanto el Presidente Macri como el gobernador Alberto Weretilneck conocen personalmente al menos el helipuerto, al que arriban en el helicóptero de Lewis cuando los convoca a su despacho al aire libre, como pasó en marzo de 2016 cuando el ex Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, estuvo en Bariloche.
Ese mismo año Weretilneck visitó el complejo de montaña Baguales, cuando todavía era del grupo BURCO, como publicó oficialmente el gobierno provincial. Difundieron fotos con uno de los propietarios Hubert Gosse, el administrador Federico Bergter y el instructor de esquí Ramiro Calvo.
La visita gubernamental no redundó en el blanqueo de las instalaciones construidas y comercializadas públicamente, que en nueve (9) unidades suman unos 1.900 m2. Solamente tiene declarada una unidad de unos 80 m2 con techo de chapa sin terminar de 1985, cuando no había comprado el campo Río Villegas SA, la firma que opera Baguales que recientemente revendió a capitales qataríes vía el tenista Gastón Gaudio, tal como publicamos en https://www.elcohetealaluna.com/qatar-hace-cumbre-en-rio-negro/.
Es sabido que la evasión fiscal es un delito de acción pública, por lo que debería haber intervención de oficio (aunque por obvias razones de clase no sea amenazado con la confiscación por el DNU de la semana). También es sabido que el estado provincial no percibe impuestos por las mejoras no declaradas. Si hay miseria, que no se (a)note.
Desde Vaca Muerta se exporta gas a mitad del precio que paga un consumidor argentino
El valor del millón de BTU oscila entre 3,18 y 3,80 dólares mientras que un usuario paga hasta 7,50 dólares.
El precio del gas que se exporta desde Vaca Muerta es casi la mitad del precio máximo que paga un consumidor en la Argentina.
De acuerdo con datos del mercado y de la Secretaría de Energía, el valor del millón de BTU (una medida térmica utilizada para el comercio de gas) oscila entre 3,18 y 3,80 dólares mientras que un usuario paga hasta 7,50 dólares.
En Energía aseguran que ese valor irá descendiendo y que se aplica sólo a una parte del gas que consume un usuario residencial. El resto tiene valores similares al de exportación, aseguran.
Con todo, el dato llama la atención, más cuando se trata del mismo gas, el de Vaca Muerta. Es decir, el exceso de pago de los usuarios residenciales argentinos podría estar subsidiando las ventas al exterior que hacen las petroleras, incluso a precios por debajo del costo, pero que son útiles para ganar mercados nuevos.
El valor de 7,5 dólares por millón de BTU lo impuso el gobierno de Cambiemos en 2016 y fue fundamental en el esquema que transformó al sector gasífero a partir de nuevos precios del gas y tarifas hasta 1500% más altas que en 2015.
En ese contexto, la exportación de gas ha avanzado con rapidez. De acuerdo con la información oficial, ya hay 21 pedidos de autorización de exportación de gas a Chile, tres a Brasil y dos a Uruguay. Prácticamente todos han sido aprobados. Este impulso se verifica en los números: el promedio diario de las exportaciones de gas a Chile en las dos primeras semanas de enero fueron de 7,2 millones de metros cúbicos. Para que se tenga una magnitud del volumen en juego, cabe consignar que el promedio de las importaciones de gas desde Bolivia, un tradicional vendedor del fluido para satisfacer la demanda argentina, ha sido en el mismo período de 6 millones de metros cúbicos diarios.
De acuerdo con datos del mercado y de la Secretaría de Energía, el valor del millón de BTU (una medida térmica utilizada para el comercio de gas) oscila entre 3,18 y 3,80 dólares mientras que un usuario paga hasta 7,50 dólares.
En Energía aseguran que ese valor irá descendiendo y que se aplica sólo a una parte del gas que consume un usuario residencial. El resto tiene valores similares al de exportación, aseguran.
Con todo, el dato llama la atención, más cuando se trata del mismo gas, el de Vaca Muerta. Es decir, el exceso de pago de los usuarios residenciales argentinos podría estar subsidiando las ventas al exterior que hacen las petroleras, incluso a precios por debajo del costo, pero que son útiles para ganar mercados nuevos.
El valor de 7,5 dólares por millón de BTU lo impuso el gobierno de Cambiemos en 2016 y fue fundamental en el esquema que transformó al sector gasífero a partir de nuevos precios del gas y tarifas hasta 1500% más altas que en 2015.
En ese contexto, la exportación de gas ha avanzado con rapidez. De acuerdo con la información oficial, ya hay 21 pedidos de autorización de exportación de gas a Chile, tres a Brasil y dos a Uruguay. Prácticamente todos han sido aprobados. Este impulso se verifica en los números: el promedio diario de las exportaciones de gas a Chile en las dos primeras semanas de enero fueron de 7,2 millones de metros cúbicos. Para que se tenga una magnitud del volumen en juego, cabe consignar que el promedio de las importaciones de gas desde Bolivia, un tradicional vendedor del fluido para satisfacer la demanda argentina, ha sido en el mismo período de 6 millones de metros cúbicos diarios.
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