La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, hizo lugar al pedido en virtud de que el mandatario también tiene el rol de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
El presidente Mauricio Macri recibió un cuestionario sobre su conocimiento del estado del submarino ARA San Juan y deberá responderlas a la Justicia la próxima semana. Fue solicitado por Luis Tagliapietra, uno de los querellantes en la causa y padre del teniente de corbeta Alejandro Damián Tagliapietra, que falleció como consecuencia de la explosión y posterior hundimiento de la embarcación.
"¿Usted sabía que el ARA San Juan llevaba 45 meses sin ir a Dique Seco cuando doctrinariamente y acorde a las indicaciones del fabricante tenía que ir cada 18 meses?", es la primera pregunta que deberá responder el líder del PRO.
"¿Cómo y por quién se notificó de la desaparición del submarino; qué explicaciones le dio esa persona y qué medidas tomó al respecto?", continúa el cuestionario dirigido al jefe de Estado.
En tanto, la tercera pregunta es: "Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿estaba informado sobre el estado de alistamiento de las fuerzas y en particular del ARA San Juan?".
"Explique todas las medidas tomadas por usted durante el transcurso de esta investigación", es otro de los puntos que se incluyen entre los interrogantes, así como también se le reclamó que brinde precisiones respecto a si tuvo conocimiento de que se le haya dado aviso al Reino Unido de la tareas de patrulla que realizó el ARA San Juan en virtud de los acuerdos de Madrid.
Tagliapietra también solicitó una ampliación testimonial para el ministro de Defensa, Oscar Aguad, que ya había declarado por escrito en la causa.
Botado en Alemania en 1983 e incorporado a la Armada argentina en 1985, el "ARA San Juan" era uno de los tres submarinos del país y su reparación de media vida había terminado en 2014.
Entre Ríos: el triple frente judicial que enfrenta el intendente Varisco
El intendente de Paraná está procesado por narcotráfico, pero además fue descubierto colgado de la luz.
El día después de haber perdido en las Elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias -PASO- en Paraná, el intendente Sergio Varisco fue notificado respecto de una pronta declaración en la Justicia entrerriana. Será el 24 de abril, por una insólita causa: lo acusan de estar colgado de la luz.
La información de su citación se conoció el lunes, pero el episodio tuvo su inicio a medidados de marzo. El miércoles 13 de ese mes un grupo de operarios de Energía de Entre Ríos SA -Enersa-, distribuidora de la provincia, se acercó hasta el domicilio ubicado en calle Pascual Echagüe 842 de la capital, a raíz de una denuncia anónima, y con el objeto de desarticular una conexión clandestina. Con el correr de las horas, se supo que correspondía al departamento donde vive actualmente el presidente municipal junto a su pareja, la concejal Claudia Acevedo.
Como consecuencia del ilícito, Francisco Toyé, abogado de la empresa, procedió como habitualmente se hace en estos casos: radicó una denuncia penal por presunto hurto de energía. Pocos días después se emitió un comunicado informando de lo sucedido, aunque sin nombrar a nadie, debido a que, como política de comunicación de Enersa, se resguarda la identidad de los usuarios que son intervenidos en estos procedimientos.
En un primer momento, de hecho, fue Acevedo quien intentó hacerse cargo de la situación. Sostuvo que el inmueble era de ella -como si eso hiciera menos grave el asunto- y remarcó que todo se trataba de una operación de prensa que tenía como trasfondo una campaña de desprestigio para manchar la imagen del intendente, precandidato a esa altura por Cambiemos para volver a ocupar el sillón de la Presidencia Municipal. Sin embargo, desde Enersa ratificaron que se había solicitado luego del papelón un medidor, dejando como constancia un contrato de alquiler, cuyo titular era el propio jefe comunal. A los pocos días el secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad, Eduardo Solari, ensayó un argumento similar, en una rueda de prensa a la que no asistió ni el intendente ni la concejal.
Ciertamente, y a pesar de todo, la audiencia del 24 de abril es la que menos sobresalta a Varisco. El presunto delito cometido reviste una posible sentencia de prisión condicional que va de un mes a dos años de prisión de cumplimiento condicional.
Y esto es porque hay otros dos casos que sí despiertan zozobra en el presidente municipal y su entorno. El primero, y más grave, se inició a partir del secuestro de más de 300 kilos de marihuana de una avioneta en la zona de Colonia Avellaneda, localidad cercana a Paraná, en 2016. Dicho expediente fue el primero en el que se pudo vincular a Daniel “Tavi” Celis, un reconocido delincuente de la capital, con la compra y venta de droga. Éste, a su vez, había sido uno de los principales punteros políticos de la campaña del intendente en 2015. Como contrapartida, se sospecha, el presidente municipal le habría dado acceso a gente de su confianza a una unidad municipal luego de su ascenso como presidente municipal. Con el control de la unidad, Celis habría usado camiones recolectores para repartir droga en diversos puntos de la capital.
El escándalo se desató en 2018, cuando la Justicia Federal de Paraná, de la mano de Leandro Ríos, imputó al intendente como supuesto financista de la narcobanda liderada por Celis, a esa altura ya preso por un robo en una estancia del departamento Diamante. La decisión incluyó allanamientos de la Policía Federal en la Municipalidad, la oficina del intendente y la casa particular de la familia Varisco, ubicada en calle Pellegrini de la capital.
Luego de eso, el 4 de junio, Ríos fue un paso más allá, y lo procesó. En el auto de procesamiento el magistrado aclaró que Varisco no quedaba preso por el solo hecho de que era intendente, y un encarcelamiento podía hacer peligrar la institucionalidad de Paraná. En cambio sí decidió detener de manera preventiva a Pablo Hernández, concejal de Cambiemos y amigo de Celis. De hecho, se presume, la banca de Hernández fue una moneda de cambio del acuerdo realizado por el intendente con Celis en 2015. La causa incluye audios donde Celis se expresa muy enojado con el edil, por la falta de cumplimiento de las promesas del intendente luego de su asunción. El narco le vocifera “no me callo más”, y el concejal intenta calmarlo al ritmo de “pero si somos amigos Daniel”.
A la par de Hernández -alojado desde aquel día en la Unidad Penal 1 de Paraná- fue detenida la secretaria de prensa de la Secretaría de Servicios Públicos de la comuna, Griselda Bordeira. Exagente policial, la funcionaria fue apresada en la Unidad Penal 6, la misma donde hoy comparte pabellón con Nahir Galarza, la adolescente que fue noticia nacional luego de asesinar a su novio Fernando Pastorizzo en Gualeguaychú el 29 de diciembre de 2017.
Ambos -Hernández y Bordeira- están sospechados de ser los nexos entre la narcobanda de Celis y la gestión de Varisco. Nunca fueron excarcelados y pronto irán a juicio con el propio jefe municipal y un grupo importante de sujetos sospechados de ser partes de la asociación dedicada a la compra y venta de estupefacientes. La última novedad resonante en torno al caso es una supuesta intervención del falso abogado Marcelo D'alessio, quien habría estado espiando a Varisco en Paraná. Por eso mismo sus abogados defensores sospechan. Próximamente novedades en torno a ese punto, con la palabra de uno de los letrados en exclusiva con El Destape.
En las últimas horas se conoció que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná rechazó un planteo de la defensa de Varisco, por la cual solicitó que no se unificaran ambas causas, la de la narcoavioneta y la del narcomunicipio. De ese modo el actual intendente irá al banquillo de los acusados con 32 sospechosos más, acusados todos de integrar la banda.
La tercera causa en la que está involucrado Varisco se inició en 2017, con una denuncia del actual diputado provincial del PJ, Gustavo Guzmán. Es por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública y apuntan al intendente y al actual secretario Legal y Técnico de la comuna, Walter Rolandelli, quien además es primer candidato a concejal de Cambiemos en Paraná. La hipótesis es que ambos favorecieron económicamente a una mutual llamada Modelo, con un adelanto financiero de 1.500.000 pesos para sobrellevar la difícil situación financiera por la que atravesaba.
La Mutual Modelo tiene entre sus clientes a los empleados de la Municipalidad que se han afiliado y han pedido préstamos que, después, el Estado municipal retiene de sus salarios y se convierte así, en agente de retención que luego debe derivar a la mutual. Tiempo después el jefe municipal anuló el contrato, motivo por la plata no llegó a ser entregada.
El juicio por el presunto delito cometido por Varisco comenzará el 13 de mayo, a menos de un mes de las elecciones Generales que podrían llevar a que, pese al triple frente judicial que enfrenta, sea reelecto.
La información de su citación se conoció el lunes, pero el episodio tuvo su inicio a medidados de marzo. El miércoles 13 de ese mes un grupo de operarios de Energía de Entre Ríos SA -Enersa-, distribuidora de la provincia, se acercó hasta el domicilio ubicado en calle Pascual Echagüe 842 de la capital, a raíz de una denuncia anónima, y con el objeto de desarticular una conexión clandestina. Con el correr de las horas, se supo que correspondía al departamento donde vive actualmente el presidente municipal junto a su pareja, la concejal Claudia Acevedo.
Como consecuencia del ilícito, Francisco Toyé, abogado de la empresa, procedió como habitualmente se hace en estos casos: radicó una denuncia penal por presunto hurto de energía. Pocos días después se emitió un comunicado informando de lo sucedido, aunque sin nombrar a nadie, debido a que, como política de comunicación de Enersa, se resguarda la identidad de los usuarios que son intervenidos en estos procedimientos.
En un primer momento, de hecho, fue Acevedo quien intentó hacerse cargo de la situación. Sostuvo que el inmueble era de ella -como si eso hiciera menos grave el asunto- y remarcó que todo se trataba de una operación de prensa que tenía como trasfondo una campaña de desprestigio para manchar la imagen del intendente, precandidato a esa altura por Cambiemos para volver a ocupar el sillón de la Presidencia Municipal. Sin embargo, desde Enersa ratificaron que se había solicitado luego del papelón un medidor, dejando como constancia un contrato de alquiler, cuyo titular era el propio jefe comunal. A los pocos días el secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad, Eduardo Solari, ensayó un argumento similar, en una rueda de prensa a la que no asistió ni el intendente ni la concejal.
Ciertamente, y a pesar de todo, la audiencia del 24 de abril es la que menos sobresalta a Varisco. El presunto delito cometido reviste una posible sentencia de prisión condicional que va de un mes a dos años de prisión de cumplimiento condicional.
Y esto es porque hay otros dos casos que sí despiertan zozobra en el presidente municipal y su entorno. El primero, y más grave, se inició a partir del secuestro de más de 300 kilos de marihuana de una avioneta en la zona de Colonia Avellaneda, localidad cercana a Paraná, en 2016. Dicho expediente fue el primero en el que se pudo vincular a Daniel “Tavi” Celis, un reconocido delincuente de la capital, con la compra y venta de droga. Éste, a su vez, había sido uno de los principales punteros políticos de la campaña del intendente en 2015. Como contrapartida, se sospecha, el presidente municipal le habría dado acceso a gente de su confianza a una unidad municipal luego de su ascenso como presidente municipal. Con el control de la unidad, Celis habría usado camiones recolectores para repartir droga en diversos puntos de la capital.
El escándalo se desató en 2018, cuando la Justicia Federal de Paraná, de la mano de Leandro Ríos, imputó al intendente como supuesto financista de la narcobanda liderada por Celis, a esa altura ya preso por un robo en una estancia del departamento Diamante. La decisión incluyó allanamientos de la Policía Federal en la Municipalidad, la oficina del intendente y la casa particular de la familia Varisco, ubicada en calle Pellegrini de la capital.
Luego de eso, el 4 de junio, Ríos fue un paso más allá, y lo procesó. En el auto de procesamiento el magistrado aclaró que Varisco no quedaba preso por el solo hecho de que era intendente, y un encarcelamiento podía hacer peligrar la institucionalidad de Paraná. En cambio sí decidió detener de manera preventiva a Pablo Hernández, concejal de Cambiemos y amigo de Celis. De hecho, se presume, la banca de Hernández fue una moneda de cambio del acuerdo realizado por el intendente con Celis en 2015. La causa incluye audios donde Celis se expresa muy enojado con el edil, por la falta de cumplimiento de las promesas del intendente luego de su asunción. El narco le vocifera “no me callo más”, y el concejal intenta calmarlo al ritmo de “pero si somos amigos Daniel”.
A la par de Hernández -alojado desde aquel día en la Unidad Penal 1 de Paraná- fue detenida la secretaria de prensa de la Secretaría de Servicios Públicos de la comuna, Griselda Bordeira. Exagente policial, la funcionaria fue apresada en la Unidad Penal 6, la misma donde hoy comparte pabellón con Nahir Galarza, la adolescente que fue noticia nacional luego de asesinar a su novio Fernando Pastorizzo en Gualeguaychú el 29 de diciembre de 2017.
Ambos -Hernández y Bordeira- están sospechados de ser los nexos entre la narcobanda de Celis y la gestión de Varisco. Nunca fueron excarcelados y pronto irán a juicio con el propio jefe municipal y un grupo importante de sujetos sospechados de ser partes de la asociación dedicada a la compra y venta de estupefacientes. La última novedad resonante en torno al caso es una supuesta intervención del falso abogado Marcelo D'alessio, quien habría estado espiando a Varisco en Paraná. Por eso mismo sus abogados defensores sospechan. Próximamente novedades en torno a ese punto, con la palabra de uno de los letrados en exclusiva con El Destape.
En las últimas horas se conoció que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná rechazó un planteo de la defensa de Varisco, por la cual solicitó que no se unificaran ambas causas, la de la narcoavioneta y la del narcomunicipio. De ese modo el actual intendente irá al banquillo de los acusados con 32 sospechosos más, acusados todos de integrar la banda.
La tercera causa en la que está involucrado Varisco se inició en 2017, con una denuncia del actual diputado provincial del PJ, Gustavo Guzmán. Es por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública y apuntan al intendente y al actual secretario Legal y Técnico de la comuna, Walter Rolandelli, quien además es primer candidato a concejal de Cambiemos en Paraná. La hipótesis es que ambos favorecieron económicamente a una mutual llamada Modelo, con un adelanto financiero de 1.500.000 pesos para sobrellevar la difícil situación financiera por la que atravesaba.
La Mutual Modelo tiene entre sus clientes a los empleados de la Municipalidad que se han afiliado y han pedido préstamos que, después, el Estado municipal retiene de sus salarios y se convierte así, en agente de retención que luego debe derivar a la mutual. Tiempo después el jefe municipal anuló el contrato, motivo por la plata no llegó a ser entregada.
El juicio por el presunto delito cometido por Varisco comenzará el 13 de mayo, a menos de un mes de las elecciones Generales que podrían llevar a que, pese al triple frente judicial que enfrenta, sea reelecto.
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