Qué se necesita para acceder a los nuevos beneficios anunciados por el Gobierno sobre los servicios públicos en telecomunicaciones.
Tal como se esperaba, el Gobierno anunció la entrada en vigencia desde el 1° de enero de la PBU (Prestación Básica Universal Obligatoria) para los servicios de comunicaciones móviles, telefonía fija, conexión fija a internet y tv por suscripción. La tarifa social de los nuevos servicios públicos abracarán a 10 millones de personas y serán los consumidores quienes deban solicitarla.
Cómo pedir la tarifa social de internet, cable y telefonía
Desde el Enacom señalaron a El Destape que el usuario tiene que comunicarse con la empresa prestadora del servicio y hacer una declaración jurada para demostrar que se trata de un potencial beneficiario de la PBU. La compañía tiene la obligación de darle el beneficio.
Quiénes pueden acceder a la tarifa social
● Jubilados, Jubiladas, Pensionados y Pensionadas, con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, como así también sus hijos entre 16 y 18 años.
● Trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, como así también sus hijos entre 16 y 18 años.
● Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y sus hijos entre 16 y 18 años.
● Beneficiarios de la Asignación Universal por Embarazo y sus hijos entre 16 y 18 años.
● Pensiones no contributivas con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos, como así también sus hijos entre 16 y 18 años.
● Monotributo Social como así también sus hijos entre 16 y 18 años.
● Trabajadores y trabajadoras monotributistas inscriptos e inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles como así también sus hijos-as/tenencia de entre 16 y 18 años.
● Beneficiarios de seguro de desempleo como así también sus hijos de entre 16 y 18 años.
● Beneficiarios del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley N° 26.844) como así también sus hijos de entre 16 y 18 años.
● Usuarios y usuarias que perciban una beca del Programa Progresar.
● Personas que se encuentren desocupadas o se desempeñen en la economía informal, como así también sus hijos de entre 16 y 18 años.
● Beneficiarias y beneficiarios de programas sociales, como así también sus hijos de entre 16 y 18 años.
● Clubes de Barrio y de Pueblo que se encuentren registrados conforme lo dispuesto por la Ley 27.098.
● Asociaciones de Bomberos Voluntarios definidas por la Ley 25.054 como entes de primer grado y que se encuentren registrados en los términos de dicha ley.
● Entidades de Bien Público como: asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones que no persiguen fines de lucro en forma directa o indirecta y las organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal que llevan adelante programas de promoción y protección de derechos o desarrollan actividades de ayuda social directa sin cobrar a los destinatarios por los servicios que prestan, debiendo estar inscriptas ante el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC).
Cuánto se pagará por la tarifa social
La prestación básica para telefonía móvil será de 150 pesos, mientras que existirán dos opciones para paquete de datos, una por 200 pesos por mes y la otra por 18 pesos por día. Para el caso de la telefonía fija, el precio final será de 380 pesos.
Por otra parte, Internet contará con tres prestaciones alternativas, de acuerdo con los clientes totales que posea cada empresa:
1. Prestadores con más de 50 mil clientes totales. AMBA: 10 Mbps a 700 pesos. Resto del país: 5 Mbps a 700 pesos.
2. Prestadores que posean entre 2 mil y 50 mil clientes totales. 5 Mbps por 700 pesos (o las personas beneficiarias podrán optar por acceder al Plan de Menor Velocidad ofrecido por la compañía con un descuento del 30% del valor).
3. Prestadores con menos de 2 mil clientes totales. 2 Mbps por 600 pesos
Finalmente, la TV por suscripción poseerá un porcentaje de descuento sobre el plan de menor valor ofertado al 31 de julio de 2020, que rondará entre el 20 y 30%, según la cantidad de abonados que tenga cada prestador.
En diálogo con este medio, Sergio Salinas Porto, integrante del colectivo Internet Esencial, mostró su apoyo a la medida pero también remarcó sus críticas: "Planteamos gozar del mismo acceso que cualquier otro usuario que pague el servicio, y no paquetes con reducción de prestaciones".
"Las audiencias publicas no eran obligatorias y las estábamos pidiendo para fijar un pie de igualdad. Además, solicitamos la creación de una figura defensor del usuario, que esté a la altura de cualquier otro ente de estas características", añadió Salinas Porto. Es que además del anuncio de la tarifa social, el Gobierno también confirmó el aumento del 5% para el costo de las tarifas a partir de enero, tal como adelantó El Destape.
Denuncian a los 5 jueces de la Corte Suprema por supuesto abuso de autoridad
El abogado Tomás Pérez Bodría promovió una causa por el rechazo sin niguna argumentación del máximo tribunal a los recursos presentados contra las condenas dictadas en la causa, entre las que estaba la del exvicepresidente Amado Boudou.
El abogado Tomás Pérez Bodria presentó una denuncia contra los cinco jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a quienes acusó de haber "abusado de su autoridad", al rechazar sin exponer argumento alguno los recursos que se habían presentado contra las condenas dictadas en el caso Ciccone, entre las que estaba la del exvicepresidente Amado Boudou.
El abogado, que además es integrante de la conducción nacional del movimiento político sindical Primero la patria, acusó a los miembros de la Corte de ser los "garantes" de la continuidad del denominado "Lawfare" –guerra jurídica- a nivel local contra quienes conformaron la oposición política al Gobierno de Mauricio Macri.
"La Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial, tiene una enorme responsabilidad en que ese mecanismo siga vigente", sostuvo hoy Pérez Bodría durante un reportaje radial en el que detalló que la "guerra" supuestamente desatada contra quienes integraron el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene como actor principal a una "entente" conformada por "el Poder Judicial, algunos medios masivos de comunicación y el poder real".
La denuncia contra Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, por "abuso de autoridad" y "prevaricato" –dictar fallos arbitrios y no conformes a derecho- quedó radicada por sorteo ante el juzgado federal 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini.
La denuncia quedó radicada por sorteo ante el juzgado federal 1
El abogado denunciante explicó en una entrevista que le concedió a Radio 10, que la presentación judicial fue radicada luego de notar "desde hace tiempo y con preocupación la incidencia del ´lawfare´ en la política nacional".
En el texto de la denuncia –al que accedió Télam-, el abogado remarcó que "es la utilización de una muy diversa vara para resolver casos que denotan como factor común el principio de ´trascendencia´" lo que lo impulsó a efectuar el planteo ante la justicia.
El abogado destacó que esa "disparidad" quedó en evidencia cuando los mismos jueces decidieron en cuestión de días desestimar a un planteo formulado por un exvicepresidente de la Nación contra una condena a 5 años y diez meses de prisión en su contra, mientras que dieron tratamiento una ´per saltum´ -un recurso de salto de instancia- presentado por tres jueces trasladados que se oponían a volver a sus cargos de origen "después de que el Congreso, órganos judiciales y el Ejecutivo consideraran irregulares sus traslados realizados por el gobierno de Macri".
"¿Cobró para los cortesanos una trascendencia tal que se sintieron obligados a habilitar una vía extraordinaria y casi nunca utilizada, como la del salto de instancia planteado por tres jueces subrogantes cuya solución, además, estaba en manos de un tribunal contencioso administrativo que había decidido pronunciarse en esos días y, por el contrario, no avizoraron la existencia de idéntica o mayor trascendencia en el pronunciamiento de un fallo relativo a una condena de un exvicepresidente de la Nación, y reconocida referencia política de un amplio espectro de la misma?", se preguntó el abogado.
Además, recordó que, junto al planteo contra su condena, los abogados del exvicepresidente habían acercado a la Corte Suprema una serie de "hechos nuevos" cuando denunciaron que, según información periodística respaldada con documentación oficial, uno de los declarantes estrella del caso Ciccone, Alejandro Vandenbroele, había sido beneficiado durante el Gobierno de Macri con una paga de 1 millón y medio de pesos para el desarrollo de un hotel boutique en Mendoza.
Protesta sindical frente a la casa de Mirtha Legrand por no hacer los aportes de su chofer
El Sindicato de Choferes Particulares reclamó que la conductora pague una supuesta deuda con el gremio.
El Sindicato de Choferes Particulares llevó a cabo una manifestación en las puertas del edificio en el que vive la conductora Mirtha Legrand, en el barrio porteño de Palermo, donde reclamó por una supuesta deuda con el gremio. La protesta se llevó a cabo a comienzos de la tarde en el cruce de Avenida del Libertador y Scalabrini Ortiz, adonde arribaron los manifestantes a bordo de unos 30 autos particulares de ese sindicato, adherido al gremio de Camioneros, según informaron a Télam fuentes policiales.
De acuerdo con el reporte oficial, el secretario general del gremio y su delegado se presentaron con un escribano y pretendían obtener una autorización para entrar a la vivienda y realizar una inspección sindical por condiciones de trabajo, debido a que presuntamente el chofer empleado por “la diva de los almuerzos” no se encuentra inscripto ni hace aportes a la entidad sindical. Al no contar con orden judicial, no fueron autorizados a ingresar. Ya en julio, el gremio había enviado una carta documento a Legrand en la que se reclamaba el porcentaje del salario de su chofer y otra a la productora.
Más tarde, la productora StoryLab, que dirige Nacho Viale, nieto de Mirtha y productor ejecutivo de los programas que “la Chiqui” encabeza en Canal 13, emitió un comunicado en el que desmintió la existencia de deudas con el sindicato. Además, también salió al cruce de una versión mediáticas que en un primer momento aseguró que se había registrado un allanamiento en la casa de Mirtha, la cual fue desmentida de inmediato.
“Dada la información que se encuentra circulando en diferentes medios, negamos rotundamente que tanto la Señora Mirtha Legrand como StoryLab deban suma alguna al Sindicato de Choferes Particulares. Tanto la Sra. Mirtha Legrand como la productora cumplen con todas las obligaciones conforme la normativa aplicable respecto de sus empleados, tanto laboral, previsional como impositiva”, inicia el texto difundido.
“Respecto al supuesto allanamiento en la casa de la Sra. Mirtha Legrand -continúa el comunicado-, el mismo nunca existió. Su chofer se encuentra registrado a partir del inicio de su actividad como chofer, dentro de la categoría correspondiente, conforme el convenio colectivo que corresponde al giro comercial de su empleadora”.
Además de asegurar que el chofer de Legrand está encuadrado como corresponde, StoryLab añadió que la productora “cumple con todas las obligaciones y derechos de sus empleados, tal cual lo establece la ley”. Tras la manifestación frente a su domicilio, Mirtha instruyó a sus abogados para que inicie acciones legales contra los manifestantes por los posibles delitos de “hostigamiento, extorsión y amenazas”, finalizó el comunicado.
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