El Senado convirtió hoy en ley la legalización del aborto, en una histórica sesión que fue seguida por miles de manifestantes y colectivos de mujeres de todo el país y en la cual también se sancionó el Plan de los 1000 días de cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia.
Con los apoyos de senadores oficialistas y opositores, el proyecto sobre el aborto se transformó en ley en una votación crucial que deja al Gobierno con una de sus promesas de campaña saldadas en el cierre de su primer año de gestión y una victoria legislativa de cara al ciclo electoral que se avecina.
El “si” a la legalización del aborto (mediante el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo) hasta la semana 14 de gestación se impuso por 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención, tras un acuerdo alcanzado con algunos senadores indefinidos para retoques en el texto al momento de la promulgación, en una sesión que comenzó el martes y se extendió durante 12 horas.
Así, la Cámara tradicionalmente más conservadora del Congreso, que frenó hace dos años la misma iniciativa por 38 votos contra 31, logró esta vez darle luz verde a una ley que prioriza el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo por sobre las objeciones basadas en los preceptos constitucionales de defensa de la vida desde la concepción.
El suspenso sobre el resultado se mantuvo en el Senado hasta el último minuto y la opción por el “sí” al aborto se definió finalmente con el anuncio del oficialismo de que se vetaría parcialmente un artículo cuya interpretación sobre la alternativa del aborto después de la semana 14 de gestación era muy amplio.
El respaldo de los senadores del Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, y los del Frente de Todos Eduardo Kueider y Sergio Leavy, así como el de la neuquina opositora Lucila Crexell, fue decisivo para consolidar el aval a la propuesta del Gobierno.
Tras la sanción de la norma sobre el aborto, el Senado aprobó por unanimidad el proyecto de Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocido también como el Plan de los 1.000 días.
La nueva ley de aborto, llevada al Congreso por el Gobierno de Alberto Fernández en línea con una de sus promesas de campaña, deja atrás una legislación de 99 años que castigaba con cuatro años de cárcel a las mujeres que abortaban y sólo permitía la interrupción de los embarazos en casos de violación o de peligro de vida para la persona gestante.
Ahora, con la flamante normativa lograda tras al menos seis envíos fallidos de proyectos de ley similares en los últimos 15 años, las mujeres podrán interrumpir un embarazo sin temor de ir a prisión hasta la semana 14 y el sistema de salud público deberá garantizar la cobertura de la intervención de manera gratuita.
La intervención del papa Francisco, en la previa de la sesión, con un tuit en favor de “las dos vidas”, y la apelación a la inconstitucionalidad, no logró consolidar el voto de los detractores de la legalización, que anunciaron que llevarían su demanda a la Justicia.
El resultado en favor del fin de la despenalización y la legalización del aborto fue festejado en la calle por los partidarios “verdes”, en su mayoría mujeres y jóvenes que siguieron el minuto a minuto de la sesión en las afueras del Palacio Legislativo.
La indefinición de algunos senadores que mantuvieron en reserva su posición hasta el último minuto hicieron que esta sesión sea una de las que mayores expectativas concitó no sólo en la opinión pública argentina sino en países de habla hispana.
Pocas leyes como esta -con excepción de la referida a la resolución 125 de retenciones para el campo, en 2008- llegaron al recinto con un resultado tan incierto y una paridad tal que hasta se especuló con que la vicepresidenta y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, podría llegar a tener que desempatar.
La transversalidad de la medida, que atravesó a las dos principales fuerzas políticas del país pero en general a toda la sociedad, transformó a esta norma en una de las pocas que logró trascender la llamada “grieta” que divide a los argentinos entre el peronismo y el antiperonismo.
Tanto en el debate de 2018 como en el de este año, legisladores del Frente de Todos festejando con sus acérrimos rivales de Juntos por el Cambio y, al mismo tiempo, los detractores del aborto, de bancadas opuestas, aunando esfuerzos para frenar la ley, fueron el rasgo atípico que marcó la discusión sobre el aborto desde sus comienzos.
Entre los partidarios del “no” en el Senado, la mayoría fueron miembros de la coalición Juntos por el Cambio. De los 29 votos en contra, 17 fueron de opositores y 16 del Frente de Todos mientras que entre los denominados “verdes” 26 fueron del FdT y sólo 11 de JxC.
La posición de Cristina Kirchner fue de decidida acción en pos de facilitar el debate en la Cámara que preside, tanto en comisiones como en el recinto y, al mismo tiempo, dar libertad de acción a sus legisladores al punto de que su propio jefe de bloque bregó por el “no”.
La propia Cristina Kirchner aseguró en 2018 cuando finalmente la ley fue archivada por el Senado que quien la hizo cambiar de posición no fue su hija Florencia como se afirmaba entonces sino “las miles y miles de mujeres que se volcaron a las calles”.
El líder de la coalición opositora, Mauricio Macri, promovió el debate en 2018 pese a estar en contra pero se mantuvo esta vez al margen de la discusión, en sintonía con el argumento de los “celestes” que aseguraban que era inoportuno este debate en medio de la pandemia de coronavirus.
Al igual que durante la sesión de la Cámara de Diputados, que votó a favor por 131 contra 117, la sesión del Senado fue seguida desde los palcos por diversas personalidades de la política y del gabinete como los ministros de Salud,Ginés González García y de Mujeres y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta; la secretaria de Salud, Carla Vizzotti; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
Los festejos se dieron en la calle, en las inmediaciones del Congreso, y hasta en otros barrios porteños con bocinazos de automóviles que circulaban en horas de la madrugada.
Aborto legal: qué dice la ley
La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación. Su sanción transforma el aborto clandestino en seguro, legal y gratuito.
Los principales puntos del proyecto de ley de aborto legal
- Se consagra el derecho de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto, y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud.
- El aborto se permitirá hasta la semana catorce inclusive, del proceso gestacional. Fuera de ese plazo solo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.
- Mujeres y personas gestantes tienen derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de saludo con su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento.
- En caso de menores de 13 años, se debe contar con el consentimiento informado y la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal.
- En los casos de adolescentes de entre 13 y 16, deberá tener un acompañante o “referente afectivo”.
- Previo a la realización del aborto se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito.
- El profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Para ello deberá mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión, y derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones.
- Los centros de salud privados o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar un aborto a causa de la objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un lugar, de similares características, donde se realice efectivamente la prestación.
- El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable.
- Tampoco se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto. El incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda.
- Obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo. Estas prestaciones quedan incluidas en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el PMO con cobertura total, junto con las prestaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.
- El Estado tiene la responsabilidad de implementar la Ley número 26.150 de Educación Sexual Integral, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población.
- Se modifica el artículo 85 del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO 85. – El o la que causare un aborto será reprimido: 1º) Con prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años, si obrare sin consentimiento de la persona gestante. Esta pena podrá elevarse hasta QUINCE (15) años si el hecho fuere seguido de la muerte de la persona gestante. 2º) Con prisión de TRES (3) meses a UN (1) año, si obrare con consentimiento de la persona gestante, luego de la semana CATORCE (14) de gestación y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86”.
- El artículo 86 quedará redactado así: “No es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana CATORCE (14) inclusive del proceso gestacional”.
- Aborto legal: los próximos pasos para que la ley entre en vigencia
Pasadas las 4 de la mañana y con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, el Senado nacional sancionó la lay de legalización del aborto. Tras muchos años de lucha por parte de los colectivos de mujeres, la frustración por el resultado negativo de la votación en el mismo recinto dos años atrás y luego de doce horas de tenso debate, las militantes “verdes” soltaron toda su algarabía. Entre ellas, Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica del gobierno de Alberto Fernández y redactora del proyecto que hoy se convirtió en ley, se mostró muy emocionada.
Tras el desahogo inicial, la funcionaria volvió a tomarse un minuto frente a las cámaras de los medios de comunicación presentes en el Congreso y se refirió a los próximos pasos para que la normativa entre en vigencia. “Primero hay que promulgar y hay diez días hábiles para promulgarla. Después seguramente con un trabajo muy importante de las distintas áreas de Mujeres (en alusión al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad), de Salud y demás vamos a trabajar en una buena reglamentación”, expresó Ibarra en diálogo con el canal TN.
Y si bien no precisó el tiempo que llevará comenzar a aplicarla, afirmó: “Queremos implementarla con rapidez, con cuidado y con diálogo con los distintos sectores”.
Con respecto a la reglamentación, un compromiso del presidente Alberto Fernández había destrabado el voto positivo de algunos legisladores durante las primeras horas de la tarde. En ese sentido, el ex gobernador de Río Negro y senador nacional Alberto Weretilneck y el peronista entrerriano Edgardo Kueider venían pidiendo un pequeño cambio al texto sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Sus votos garantizarían la aprobación de una ley que, según las previsiones, tendría una votación muy ajustada.
Así, el anuncio de un acuerdo que sumaría a ambos senadores, y quizás a alguno más, fue realizado en el inicio del debate en el Senado por la pampeana Norma Durango: con acuerdo del Poder Ejecutivo se prometió el veto parcial del artículo 4 inciso B, que habilita la posibilidad de la realización de un aborto después de la semana 14 en caso de violación o en el caso de que estuviera en riesgo la vida o “la salud integral” de la persona gestante.
Como dijo claramente Durango, la palabra “integral” generaba preocupación y tras consultar al Poder Ejecutivo el Frente de Todos se comprometió a un veto parcial que significaría quitar la palabra “integral” del texto que tanto para Weretilneck como para Kueider podía habilitar todo pedido de embarazo.
Anteriormente, Ibarra había manifestado su alegría “porque esta ley que hoy se consigue es un logro de muchas décadas, muchas luchas, muchas mujeres de distintos partidos políticos, y hoy la política se hizo cargo de una demanda”. Asimismo, remarcó su deseo para que “nunca más haya una mujer muerta en un aborto clandestino” y agregó que “es una ley que nos vuelve más iguales como país, nos saca a las mujeres de la clandestinidad, queremos que no haya más mujeres con perforaciones de útero porque tuvo práctica insegura”.
Además, resaltó que espera “que los sistemas de salud reciban a las mujeres y las cuiden, y las traten con dignidad”. Entre lágrimas, Ibarra junto a las otras funcionarias declaró que estaban “muy emocionadas”: “Es una lucha de muchos años, muchas mujeres murieron, hoy la política se puso a la cabeza y le demuestra a las mujeres que nosotras tenemos autonomía, derechos y nos reconocen en igualdad, es un gran día para muchas de las mujeres en Argentina”.
El Senado también aprobó el Plan de los 1.000 Días de asistencia a niños y niñas
El proyecto de Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocido también como el Plan de los 1.000 días, fue convertido en ley esta madrugada por el Senado de la Nación por unanimidad.El proyecto de Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocido también como el Plan de los 1.000 días, fue convertido en ley esta madrugada por el Senado de la Nación por unanimidad.
La iniciativa fue debatida al finalizar la discusión por el proyecto de ley del aborto que también fue sancionado de manera definitiva, tras más de doce horas de discusión.
El Plan de los 1.000 Días establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.
El proyecto extiende la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.
También se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora están excluidas de este beneficio.
Por otro lado, se prevé la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes, y la creación del Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos.
Entre los insumos, se menciona la provisión de medicamentos esenciales, vacunas, leche, alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez.
El proyecto busca afianzar el “derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad” para las “niñas y las niñas con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años”, “personas que cursen embarazos de alto riesgo” o padezcan “trombofilia”, “mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género” y “niñas y adolescentes embarazadas”.
También se crea en el ámbito del Ministerio de Salud una Unidad de Coordinación Administrativa “para la atención y el cuidado integral de la salud de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo y de sus hijos hasta los 3 años”.
El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara alta, el radical jujeño Mario Fiad, manifestó que la iniciativa es “una verdadera política pública para el cuidado de nuestros niños” y pidió “que no quede en buenos propósitos porque este proyecto está expresado en tiempo futuro sin plazos ni especificaciones”.
“Espero que este proyecto pueda ser articulado con el resto de las normas. Es declarativo, ni siquiera se dice de dónde saldrán los fondos para hacer estas acciones, pero aún así, votaremos en forma positiva para no retrasar las poquísimas medidas que establece”, destacó Fiad.
El oficialista santiagueño, José Neder, dijo que “en este contexto de pandemia quedó claro que la salud deberá ser siempre un derecho”, al iniciar la defensa del proyecto de ley.
“Por ello la decisión del gobierno es implementar políticas efectivas, no aisladas, sino integrales para que en conjunto den un resultado efectivo”, indicó.
Neder agregó que “es una iniciativa que se inscribe dentro de la Convención de los Derechos del Niño con el objetivo de que las políticas públicas estén en línea con los estándares que se plantean”.
“Este programa de los 1.000 Días reconoce un conjunto de derechos y líneas de trabajo entre los distintos organismos porque la equidad territorial en la cobertura se logra atendiendo las necesidades en los grandes centros urbanos y en el interior profundo”, destacó.
Córdoba: No a la construcción de la Autovía
Desde la Asamblea San Roque Despierta denuncian que este miércoles el gobierno de Córdoba buscará tratar y aprobar en la Legislatura provincial un permiso de expropiaciones sobre la nueva traza de autovía que no fue publicado, ni debatido por la ciudadanía tal como lo expresa la ley provincial 10.208 de participación ciudadana. Ante esta situación, la Asamblea junta firmas para exigir: “NO más atropellos en Punilla - Participación Ciudadana Ya”. Reproducimos también comunicado de las Asambleas de Punilla.
Petitorio para firmar:
NO más atropellos en Punilla - Participación Ciudadana Ya.
Una vez más salimos a denunciar al gobierno y sus maniobras que, de un día para el otro, convoca a comisión en la legislatura para aprobar un permiso de expropiaciones sobre la nueva traza de autovía que no fue publicado, ni debatido por la ciudadanía como lo expresa la ley provincial 10.208 de participación ciudadana.
Hoy nos encontramos como en el 2017, tiempo en el cual autorizaron expropiaciones y licitaron una obra antes de tener un proyecto con sus procesos legales pertinentes (evaluación de impacto, estudio y licencia).
Por tal motivo, repudiamos la violación a nuestros derechos y las leyes que respaldan a nuestro pueblo. Este hecho es un acto inconstitucional.
Llamamos a todas las organizaciones, asambleas, vecinos y vecinas de toda Córdoba a manifestarse ante este atropello.Comunicado Asambleas de Punilla:
EN EL MARCO DE LA GRAVE CRISIS ECONÓMICA, SANITARIA, EDUCATIVA, HÍDRICA Y AMBIENTAL QUE VIVIMOS, (JUAN) SCHIARETTI INSISTE EN UN PROYECTO DE AUTOVÍA QUE NO TUVO NI TIENE LICENCIA SOCIAL. SIN INFORMACIÓN NI PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SOBRE TODO SIN UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARTICIPATIVO Y SERIO, ESTE PROYECTO ES UN ATROPELLO NO SOLO A LOS PUEBLOS DEL VALLE DE PUNILLA, SINO A TODA LA PROVINCIA .Territorios degradados y avasallados
Durante los meses de agosto a noviembre del 2020 padecimos los más extensos incendios que quemaron más de 350.000 hectáreas de monte nativo y afectaron principalmente las cuencas del Valle de Punilla. Aún no conocemos ningún proyecto abocado a solucionar la EMERGENCIA HÍDRICA que hoy sufrimos en nuestros pueblos y que se agravará por cada metro más de monte perdido.
Sin embargo, esta semana la Comisión de Obras Públicas mantuvo una reunión virtual donde se analizaron proyectos enviados por el Poder Ejecutivo para autorizar la expropiación de inmuebles “convenientes” para llevar a cabo la ejecución de las obras: “RUTA ALTERNATIVA a RUTA NACIONAL Nro. 38 – TRAMO 2: VARIANTE COSTA AZUL – LA CUMBRE, EN LA SECCIÓN COMPRENDIDA ENTRE VARIANTE COSTA AZUL (Pr. 0+000) y EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE MOLINARI (Pr. 21+500).Información y manipulación
Este 19 de diciembre nos encontramos con una nota en el diario La Voz donde anuncian que licitarían la obra en marzo de año próximo. El gobierno insiste en una autovía para el Valle de Punilla que nunca tuvo “LICENCIA SOCIAL”, ni la tendrá en el marco de tanta CRISIS ya denunciada. Después de la intensa movilización de las asambleas del Valle para hacer pública la información que debería haber garantizado el mismo gobierno, más la fuerza del pueblo, se logró frenar en una audiencia pública masiva el proyecto de Autovía por el Este (2018) al demostrar inadecuado e incompleto el estudio de impacto ambiental que lo avalaba (que no contemplaba el peligro del uranio en nuestras montañas, ni los declives autorizados por ley). Ahora vuelven a actuar a espaldas de la ciudadanía igual que en 2017 cuando autorizaron expropiaciones y licitaron el primer tramo de esta obra sin tener un proyecto con su proceso legal pertinente (evaluación de impacto, auditoría pública, estudio, audiencia y licencia). Esto concluyó en el faraónico Puente José Manuel De la Sota, tan caro como inútil, ya que la nueva ruta alternativa pretende volver a cruzar el lago San Roque con un nuevo puente. Denotando la poca planificación y el mal manejo económico que endeudará aún más a la ciudadanía.Pedimos que se cumpla la ley
INSISTIMOS en que este proyecto de Autovía iniciado en 2017 no contó con una Evaluación ambiental estratégica para su totalidad. Desde las Asambleas de Punilla siempre hemos reclamado que sea “integral” contemplando la totalidad de la obra; y por los motivos mencionados
CONSIDERAMOS necesario el ordenamiento ambiental del territorio y la evaluación ambiental estratégica respaldada por la ley (10.208) ante semejante proyecto.
En la Comisión de Obras Públicas se presenta un mapa de un trazado tentativo de autovía por el Oeste de la R38, (que sugestivamente coincide con las zonas incendiadas), sin embargo, no puede decirse que sea la traza definitiva.
Se desconoce con precisión cuales son los terrenos que van a declarar de “utilidad pública y sujetos a expropiación”, ya que el proyecto de la traza no está presentado legalmente, por lo que el término de “conveniencia” indica un margen de discrecionalidad cuestionable. Tal procedimiento no cumple con lo dispuesto por la ley provincial de expropiación 6394, que sostiene que para esa posibilidad es necesaria la presentación formal de un proyecto.
El estudio de impacto ambiental es fundamental en una obra de semejante envergadura; con respecto a este tema y con la posibilidad de que una de las encomendadas sea la bióloga Alejandra Toya, cuyo accionar habría sido cuestionado en la causa por contaminación de la fábrica Porta, es que se generan preocupaciones en referencia al bienestar de la ciudadanía y el ambiente en general.
Asimismo advertimos agresivas avanzadas inmobiliarias que podrían estar relacionadas con la traza propuesta para la autovía por el oeste, incluyendo amedrantamiento a pobladores, como ha ocurrido en territorio de la comunidad Ticas y en el barrio Suncho Huayco en Bialet Massé.
REPUDIAMOS el accionar del Gobierno, sus manejos ilegales e ilegítimos que ponen en riesgo los lugares que habitamos; el apuro en declarar de "utilidad pública" posibles terrenos a expropiar; el hecho de proponer una fecha de licitación sin antes haber pasado por el proceso de participación ciudadana, que no es sólo ir a una audiencia pública ni debe convertirse en un mero trámite.
EXIGIMOS participación ciudadana en las decisiones de nuestros territorios y nuestras vidas conforme lo establece la ley 10.208.Información a la ciudadanía y participación real
Las Asambleas de Punilla PRONUNCIAMOS que un proyecto de semejante magnitud por el Oeste de la R38, sin participación ciudadana, con anuncios mediáticos y sin un proyecto enmarcado en la ley, implica un riesgo de daño ambiental y bio-cultural enorme. Las Asambleas de Punilla y Córdoba Capital reclamamos VERDADEROS PROCESOS DE PARTICIPACIÓN ante “algo” que nos modificará la vida misma.
DENUNCIAMOS al gobierno por haber transcurrido dos años desde que desestimó el camino por la montaña y en ese tiempo NO abrió este debate a la totalidad de la población. DENUNCIAMOS al gobierno por apurar un proyecto donde no contempla a la población en su conjunto con las problemáticas prioritarias ya mencionadas.#QueElProgresoNoCuesteVida
#TenemosDerechoaDecidir
#TenemosDerechoaParticipar
#ParticipacionCiudadanaYa
#QuesecumplalaLey
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