ARGENTINA:Denuncian campaña mediática contra la TV Pública

Los trabajadores de prensa del canal estatal, con el respaldo del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, denunciaron en un comunicado difundido el viernes 26 de agosto, una campaña mediática en su contra la. A su vez, desde el SiPreBA instamos a los colegas y compañeros de los distintos medios de comunicación a no ser funcionales a estas campañas ni adoptar la línea editorial de sus patrones que en este caso ataca tanto a los trabajadores de prensa de la emisora del Estado como al conjunto de la sociedad y su derecho a la información pública democrática y plural.
Reproducimos el comunicado de los trabajadores de la TV Pública:

LA TELEVISIÓN PÚBLICA NO ESTÁ EN VENTA

UNA OPERACIÓN MEDIÁTICA Y UN NEGOCIO INMOBILIARIO

En los últimos días se ha desatado una alevosa e indisimulada campaña de alta intensidad en los principales medios concentrados para instalar la idea de que se vive en la Televisión Pública un estado de descontrol y derroche de fondos públicos para justificar su eventual traslado a Tecnópolis, dejando al único canal del Estado argentino, y el único con alcance en todo el territorio nacional por aire y en forma gratuita, en una eventual situación de desguace y pérdida irreversible de sus capacidades técnicas y profesionales, lo que implicaría un grave retroceso para el conjunto de la sociedad en materia de democracia informativa y cultural.
Esta campaña cuenta, aparentemente con el aval de sectores del gobierno, y se inició con la escandalosa difusión de una noticia inventada, en un artículo publicado el martes 23 de agosto en la edición online del diario Perfil, firmado por Gustavo González. No se trata de un redactor más del grupo de medios propiedad de Jorge Fontevecchia, sino del ex director de la revista Noticias y actual director periodístico de Editorial Perfil, mano derecha de su dueño. La endeble y balbuceante redacción del artículo, su imprecisión y carácter ficcional, que ni siquiera se tolerarían en un estudiante de periodismo, indican a las claras que González no llegó al lugar que ocupa precisamente por sus capacidades de escritura o investigación periodística, sino por la evidente disponibilidad servil para hacer lo que le ordenen. La operación se completó cuando la “noticia” del supuesto “okupa” fue reproducida en reiteradas oportunidades por los noticieros centrales de Canal 13 y América TV, TN y el diario Clarín, entre otros medios.
En el artículo de Perfil.com se sostiene que los camarines del área del Noticiero se destinaban a “estadías más o menos prolongadas y a guardar trastos viejos”, que el gerente de Noticias, Néstor Sclauzero, se encontró en uno de estos camarines con “un inquilino” que “vivía desde hace meses en el lugar”, un empleado del canal instalado de forma permanente allí, y se busca hacer creer a la opinión pública que existe en el canal, como asegura la nota con pretendida y fracasada ironía, una “tradición de dar servicio de vivienda a algunos empleados.” Estas afirmaciones mentirosas e intencionadas se completan con la caracterización de las condiciones laborales de los trabajadores de la Televisión Pública como privilegiadas, cuando en realidad se ajustan estrictamente a los convenios laborales existentes y a actualizaciones por paritarias, acordes con el resto de la industria televisiva. Dada la gravedad de la operación, y siendo el propio gerente de Noticias de la TV Pública a quien Perfil.com presenta como fuente, solicitamos que él mismo explique la situación real públicamente.
Las intenciones del sirviente de Fontevecchia, como parte de esta campaña para demonizar a la Televisión Pública y a sus periodistas y técnicos, están a la vista: preparar el terreno para la destrucción del canal del Estado, la precarización laboral y el eventual despido de sus trabajadores, a la par que habilitar un negocio inmobiliario de carácter multimillonario, que ya se anuncia desembozadamente presentando el cálculo del valor de los “terrenos” en una de las zonas más codiciadas de Buenos Aires y anunciando la expectativa de “desarrolladores”, ansiosos por echar mano de esta “oportunidad” que está siendo creada a su medida, y a la vista de todos, impulsando el remate y liquidación de un patrimonio tangible e intangible de toda la sociedad.
No es casualidad que la operación se haya concretado unas pocas horas antes de que sectores del gobierno comiencen a anunciar un posible traslado del canal público al predio de Tecnópolis, un proyecto que desde lo comunicacional, periodístico, televisivo y profesional carece de sustento alguno, y que implicaría un costo descomunal para el Estado Nacional, cuando nuestro país tiene necesidades mucho más urgentes y acuciantes que construir un “polo cultural” en el Barrio Parque de la Ciudad de Buenos Aires.
La defensa de la pantalla pública históricamente ha sido nuestra principal preocupación. Durante distintas gestiones, desde el menemismo al kirchnerismo, pasando por el gobierno de la Alianza, denunciamos irregularidades e intentos de censura, defendimos el carácter plural y democrático de la Televisión Pública, pusimos el cuerpo e hipotecamos nuestras propias casas y sueldos para que no se privatice en los años `90 y fuimos críticos de todas las administraciones, incluyendo al anterior gobierno, que pretendieron utilizar el Noticiero de la pantalla del Estado para fines partidarios, como puede observarse en cada uno de nuestros comunicados e intervenciones públicas.
Desde la coherencia y una conducta histórica es que en esta oportunidad advertimos a la opinión pública de esta torpe operación mediática que no ataca solo a los trabajadores de la TV Pública y al Sistema Nacional de Medios Públicos, sino al conjunto de la sociedad y su derecho inalienable a una información plural y democrática. Este derecho también es cultura. Y no tiene precio.

COMISIÓN INTERNA (SIPREBA)

Y TRABAJADORES DEL NOTICIERO

DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA

Desde que asumió Macri se cerraron 1500 centros de jubilados en todo el país

La cifra representa un 15% del total existente hasta diciembre pasado momento en el que paulatinamente y como consecuencia de la combinación de devaluación, inflación y tarifazo se vieron obligados a cerrar.

La asesora jurídica de la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores, Bárbara Biaiñ detalló que 1.500 centrso de jubilados de todo el país se vieron obligados a bajar sus persianas por causa del ajuste que impulsa el gobierno de Mauricio Macri.
Además Biaiñ señaló que la Confederación cuenta con personería jurídica y presentará un amparo colectivo, en el marco de la llamada Multisectorial contra el tarifazo del gas y participará de las audiencias públicas, con la documentación de los aumentos "impagables", y un informe "sobre el cierre de los centros de jubilados", agregó.
"Tenemos confianza en los jueces de primera instancia, frente a los amparos. Se trata de observar cómo decodifican el fallo de la Corte, pero es muy claro en el sentido de que no hubo audiencias públicas en general", manifestó.
La Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores nuclea a 10 millones de jubilados y pensionados y es la primera de sus características en el mundo, nacida en el año 1948.

Oficializan nuevas pautas para la custodia de Macri y sus ministros

Son pautas de organización del servicio de protección y custodia presidencial, de la vicepresidenta y de los ministros, que establecen el carácter "obligatorio y permanente" de la custodia para quienes lo considere el Ministerio de Seguridad

Será conforme "criterios objetivos", tales como "las hipótesis de amenazas reales" que pudieran existir.
La resolución 389 de la cartera que conduce Patricia Bullrich, publicada este martes en el Boletín Oficial, especifica que el servicio de protección será "de carácter obligatorio y permanente para quienes el Ministerio de Seguridad considere que deban recibir custodia, desde que lo disponga y hasta tanto dicte acto administrativo en contrario".
La custodia "se regirá conforme a criterios objetivos de seguridad, tales como la función, las circunstancias de las personas a custodiar y proteger, y las hipótesis de amenazas reales que dichas situaciones conlleven".
Además, el texto precisa que "si el custodiado pretende prescindir del servicio, deberá notificar fehacientemente su voluntad ante las autoridades de la Fuerza de Seguridad que le brinda el servicio".
La normativa establece tres niveles de protección cuyos protocolos serán determinados por la cartera de Seguridad con "carácter confidencial".
El presidente y el vicepresidente con sus núcleos familiares componen el nivel 1, en tanto el nivel 2 lo conforman el jefe de Gabinete de Ministros, el ministro de Seguridad y el secretario de Seguridad.
En el nivel 3, se encuentran los ministros y funcionarios que el ministerio de Seguridad "considere deba brindar el servicio de protección de estado y custodia, y los ex Presidentes de la Nación".
La medida oficial se conoce tras las denuncias de amenazas telefónicas que durante las últimas semanas recibieron diferentes dirigentes políticos y luego del incidente ocurrido en Mar del Plata, cuando el vehículo que trasladaba al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, fue interceptado por manifestantes que reclamaban durante un acto en el barrio Belisario Roldán de la ciudad balnearia.