Mientras el actual gobierno argentino aumenta la pobreza y la demoniza, Cristina Fernández tuvo hoy su reconocimiento en el corazón de la Patria Grande.
La presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador Gabriela Rivadeneira expresó que “la partidocracia neoliberal premió a un golpista y asesino como Pinochet y hoy, el nuevo Ecuador, premia a una líder de la democracia y los derechos humanos”.
Rivadeneira destacó que durante los años de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández “se crearon 6 millones de puestos de trabajo y se universalizó la jubilación”, entre otros logros.
La ex presidenta argentina dijo que recibió el reconocimiento “en nombre de millones de mi país y de toda la Patria Grande”.
Pero mientras Cristina Fernández es condecorada por un país hermano como Ecuador por sus políticas de mayor igualdad, en Argentina crece la pobreza con el nuevo gobierno. El presidente Mauricio Macri anunció que la última medición del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos la ubica en el 32,2 por ciento. Sin embargo, insólitamente, dijo que él sólo acepta ser evaluado por si logra reducir la pobreza a partir de esta medición, o sea sin tomar en cuenta los cerca de dos millones de nuevos pobres que generó en sus primeros nuevo meses de gobierno. Por si faltaba algo, dijo que su promesa electoral de alcanzar la “pobreza cero” no será cumplida.
Para el líder de la Central de Trabajadores de la Argentina, Hugo Yasky, el presidente “no puede lavarse las manos alegremente como si fuera un comentarista de la televisión”.
Los problemas estructurales de América Latina son también los de Argentina. Reducir la pobreza y ampliar la igualdad implica repartir mejor la riqueza y eso genera poderosas resistencias y enemigos que te la juran para siempre.
Demonizada por el actual gobierno argentino y sus medios aliados, Cristina Fernández tuvo hoy su reconocimiento en Ecuador.
Temer anuncia privatización de 34 empresas de Brasil
Trabajadores brasileños salieron a las calles a protestar contra las medidas neoliberales de Temer y exigir mejoras salariales.
El Gobierno interino de Michel Temer en Brasil confirmó que está en curso la privatización de 34 empresas estatales de áreas estratégicas del país. Para justificar el giro neoliberal usó frases típicas de los gobiernos de derecha usadas en los años 90.
“Estamos abriendo 34 oportunidades de concesiones en área de puertos, aeropuertos, carreteras, ferrovías, energía, petróleo, gas (...) Con esto estamos abriendo y universalizando el mercado brasileño, en la convicción de que para combatir el desempleo y hacer que el país crezca es necesario incentivar la industria, los servicios, el agronegocio, además de restablecer la confianza, porque se dio un momento en que se perdió la confianza en el país”, afirmó Temer.
A cargo de las privatizaciones está el Programa de Asociaciones de Inversiones (PPI), al mando de Moreira Franco, político especializado en las privatizaciones durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso.
Los aeropuertos de Florianópolis, Salvador, Fortaleza y Porto Alegre entran en el paquete de privatizaciones anunciado el pasado martes. Esto era considerado por Dilma Rousseff, pero a diferencia de ella, Temer no exige que los adjudicatarios de las licitaciones tengan como socia en la operación a Infraero, administradora estatal de los aeropuertos. Tal es el caso de los aeropuertos privados de Guarulhos, Galeão y Brasilia.
También está a la venta parte de los activos de la estatal Eletrobrás, en el sector eléctrico. El ministro de Minas y Energía, Fernando Bezerra Coelho Filho, afirmó que habían sido localizadas 179 Sociedades de Propósito Específico (SPE) con participación de Eletrobrás que pueden ser vendidas por hasta 20 mil millones de real brasileño (más de 6 mil 100 millones de dólares).
Además, se prevé discutir la próxima semana en la Cámara Baja un proyecto de reforma a la ley de explotación petrolera y retirar la obligatoriedad de que Petrobras (sumida en una crisis histórica por la enorme deuda y los escándalos de corrupción) sea operador con al menos 30 por ciento de participación en los campos de pre-sal.
La venta de activos de Eletrobrás y Petrobras, así como la privatización de carreteras, puertos y aeropuertos afectarán la vida de millones de trabajadores que ya sufren la deficiencia y precariedad de los servicios de muchas de estas empresas. Organizar la resistencia contra las medidas del gobierno golpista es una exigencia de primer orden y así lo han entendido los brasileños.
Protesta de trabajadores petroleros
El corresponsal de teleSUR en Brasil, Ignacio Lemus, informó este jueves que los trabajadores paralizaron parcialmente sus labores, y que entre sus exigencias destaca un reajuste salarial, sin embargo, se movilizan principalmente contra la privatización de Petrobras. Sectores metalúrgicos también han manifestado en contra de la gran ola de despidos.
“Estamos abriendo 34 oportunidades de concesiones en área de puertos, aeropuertos, carreteras, ferrovías, energía, petróleo, gas (...) Con esto estamos abriendo y universalizando el mercado brasileño, en la convicción de que para combatir el desempleo y hacer que el país crezca es necesario incentivar la industria, los servicios, el agronegocio, además de restablecer la confianza, porque se dio un momento en que se perdió la confianza en el país”, afirmó Temer.
A cargo de las privatizaciones está el Programa de Asociaciones de Inversiones (PPI), al mando de Moreira Franco, político especializado en las privatizaciones durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso.
Los aeropuertos de Florianópolis, Salvador, Fortaleza y Porto Alegre entran en el paquete de privatizaciones anunciado el pasado martes. Esto era considerado por Dilma Rousseff, pero a diferencia de ella, Temer no exige que los adjudicatarios de las licitaciones tengan como socia en la operación a Infraero, administradora estatal de los aeropuertos. Tal es el caso de los aeropuertos privados de Guarulhos, Galeão y Brasilia.
También está a la venta parte de los activos de la estatal Eletrobrás, en el sector eléctrico. El ministro de Minas y Energía, Fernando Bezerra Coelho Filho, afirmó que habían sido localizadas 179 Sociedades de Propósito Específico (SPE) con participación de Eletrobrás que pueden ser vendidas por hasta 20 mil millones de real brasileño (más de 6 mil 100 millones de dólares).
Además, se prevé discutir la próxima semana en la Cámara Baja un proyecto de reforma a la ley de explotación petrolera y retirar la obligatoriedad de que Petrobras (sumida en una crisis histórica por la enorme deuda y los escándalos de corrupción) sea operador con al menos 30 por ciento de participación en los campos de pre-sal.
La venta de activos de Eletrobrás y Petrobras, así como la privatización de carreteras, puertos y aeropuertos afectarán la vida de millones de trabajadores que ya sufren la deficiencia y precariedad de los servicios de muchas de estas empresas. Organizar la resistencia contra las medidas del gobierno golpista es una exigencia de primer orden y así lo han entendido los brasileños.
Protesta de trabajadores petroleros
El corresponsal de teleSUR en Brasil, Ignacio Lemus, informó este jueves que los trabajadores paralizaron parcialmente sus labores, y que entre sus exigencias destaca un reajuste salarial, sin embargo, se movilizan principalmente contra la privatización de Petrobras. Sectores metalúrgicos también han manifestado en contra de la gran ola de despidos.
Petroleros de Rio realizan paro por tiempo indeterminado contra la privatización de Petrobras y el PreSal. Además exigen reajuste salarial.
En contexto
De acuerdo con la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP), la ley brasileña en vigor establece que Petrobras debe ser imperativamente el operador y tener al menos un 30 por ciento de participación en todos los bloques petrolíferos del pre-sal, descubierto en 2006 y donde las reservas superan los 30 mil millones de barriles.
Economistas, expertos y partidos políticos de centroderecha promueven una reforma en la ley para retirar esa obligatoriedad y abrir el sector al capital extranjero que ahora sólo participa en esos campos como socio, ante la dificultad de Petrobras de seguir invirtiendo por la voluminosa deuda que arrastra y que sobrepasa los 100 mil millones de dólares.
Luego de haberse perpetrado el golpe en contra de la mandataria Dilma Rousseff, el gobierno interino de Temer ha promovido la reforma del fondo de pensiones, la desvinculación de los presupuestos de educación y salud, así como la suspensión de programas sociales como "Mi casa, Mi vida", aunado a la criminalización y persecución de los movimientos sociales.
Luego de haberse perpetrado el golpe en contra de la mandataria Dilma Rousseff, el gobierno interino de Temer ha promovido la reforma del fondo de pensiones, la desvinculación de los presupuestos de educación y salud, así como la suspensión de programas sociales como "Mi casa, Mi vida", aunado a la criminalización y persecución de los movimientos sociales.
Multitudinaria protesta en Bélgica contra los recortes sociales
Bruselas fue escenario de la cuarta protesta contra las medidas neoliberales del Gobierno como el retraso de la edad de jubilación.
Alrededor de 70 mil personas protestaron este jueves en Bruselas, capital de Bélgica, en rechazo a los recortes sociales impuestos por el Gobierno del primer ministro Charles Michel.
El ciudadano belga Simon Keersmaekrs denunció que durante los dos años de su Gobierno, Michel se ha dedicado a “tomar dinero de los pobres y dárselo a los ricos”. Aseguró que “las finanzas de este Gobierno son un desastre” y el Ejecutivo “se está fracturando”.
De acuerdo a los medios Het Laatste Nieuws y Le Soir, hubo algunos enfrentamientos con la policía y algunos manifestantes causaron daños materiales. La protesta afectó el funcionamiento de la la línea de metro, seis líneas de tranvía y siete de autobuses. El tráfico también estuvo cerrado.
Otro manifestante, Alain van Depontseele, denunció el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años. “Creo que la medida no es razonable por una cuestión de salud, ni tampoco lo es para los jóvenes que buscan empleo y no pueden acceder a los puestos ocupados por los mayores”, aseveró.
Depontseele dijo cree que la multitudinaria protesta el Gobierno belga se verá obligado a conversar con los sindicatos y la patronal, así como hacer modificaciones a sus medidas de recortes sociales.
No obstante, Depontseele afirmó que de no aplicar cambios, se realizarán nuevas protestas y huelgas contra el Gobierno.
La protesta de este jueves es la cuarta realizada en contra del Gobierno de Michel y en repudio de la reforma del tiempo de trabajo, creada por el ministro de Empleo, Kris Peeters.
La reforma de Peeters prevé jornadas de hasta 45 horas semanales en algunas épocas del año para trabajadores del sector privado. Asimismo, busca reducir las jornadas en otras épocas para llegar a 38 horas por semana. Este promerio actualmente se alcanza cada trimestre.
Además, las protestas en Bruselas se hacen en rechazo al retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años y el aumento del IVA del 6 al 21 por ciento de la electricidad.
El pasado 24 mayor, se realizó una protesta con al menos 60 mil personas, mientras que en noviembre de 2014 hubo una con 120 manifestantes.
El ciudadano belga Simon Keersmaekrs denunció que durante los dos años de su Gobierno, Michel se ha dedicado a “tomar dinero de los pobres y dárselo a los ricos”. Aseguró que “las finanzas de este Gobierno son un desastre” y el Ejecutivo “se está fracturando”.
De acuerdo a los medios Het Laatste Nieuws y Le Soir, hubo algunos enfrentamientos con la policía y algunos manifestantes causaron daños materiales. La protesta afectó el funcionamiento de la la línea de metro, seis líneas de tranvía y siete de autobuses. El tráfico también estuvo cerrado.
Otro manifestante, Alain van Depontseele, denunció el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años. “Creo que la medida no es razonable por una cuestión de salud, ni tampoco lo es para los jóvenes que buscan empleo y no pueden acceder a los puestos ocupados por los mayores”, aseveró.
Depontseele dijo cree que la multitudinaria protesta el Gobierno belga se verá obligado a conversar con los sindicatos y la patronal, así como hacer modificaciones a sus medidas de recortes sociales.
No obstante, Depontseele afirmó que de no aplicar cambios, se realizarán nuevas protestas y huelgas contra el Gobierno.
La protesta de este jueves es la cuarta realizada en contra del Gobierno de Michel y en repudio de la reforma del tiempo de trabajo, creada por el ministro de Empleo, Kris Peeters.
La reforma de Peeters prevé jornadas de hasta 45 horas semanales en algunas épocas del año para trabajadores del sector privado. Asimismo, busca reducir las jornadas en otras épocas para llegar a 38 horas por semana. Este promerio actualmente se alcanza cada trimestre.
Además, las protestas en Bruselas se hacen en rechazo al retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años y el aumento del IVA del 6 al 21 por ciento de la electricidad.
El pasado 24 mayor, se realizó una protesta con al menos 60 mil personas, mientras que en noviembre de 2014 hubo una con 120 manifestantes.
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