ARGENTINA:El Gobierno empezó a vigilar los costos de las empresas

Las distribuidoras de electricidad del área metropolitana, Edesur y Edenor, propusieron hoy en audiencia pública aumentos tarifarios para los clientes residenciales en torno al 31 por ciento, más una actualización estacional vinculada a otras variables macroeconómicas, con el rechazo de las asociaciones de consumidores, usuarios y representantes de sectores productivos y de servicios.
La audiencia, que culminó pasadas las 21.30, fue encabezada el titular del Ente Regulador de Electricidad (ENRE), Ricardo Martínez Leone, coordinada por Javier Corcuera Quiroga y contó con la presencia durante gran parte del día del ministro de Energía, Juan José Aranguren; en una jornada de poco más de 12 horas en el Teatro de la Ribera en el barrio porteño de La Boca.
En medio de un amplio operativo de seguridad similar al utilizado a mediados de diciembre en ocasión de la audiencia pública por la tarifa del gas, las distribuidoras eléctricas propusieron un amento de sus tarifas para 2017 del 30,7% en el caso de Edesur y del 31% en Edenor para los clientes residenciales de menor consumo.
Los aumentos tarifarios permitirán que las distribuidoras sustenten inversiones de $14.000 millones para el caso de Edesur y 25.000 millones para el de Edenor, según plantearon sus representantes que abrieron la audiencia pasada las 9.
El gerente general de Edesur, Juan Carlos Blanco, y el CEO de Edenor, Ricardo Torres, explicaron que el ajuste pedido corresponde a diciembre pasado y se aplicará sólo sobre el 40% que reciben las empresas como valor agregado de distribución (el resto corresponde al costo de la energía mayorista, 35% y a los impuestos, 25%).
Edesur abarca a los clientes del centro y sur de la Capital Federal y 12 partidos del Gran Buenos Aires. En su exposición ante las 563 personas inscriptas, entre oradores y asistentes, Blanco explicó que las alzas promedio propuestas son de 18% para la categoría T1 Residencial; de 38% para la T1 General; de 53% para la T2; y de 40% para la T3.
Las tarifas resultantes para clientes residenciales que consumen 200 kwh van desde $176 hoy a $206, y actualizada, a $228.
El gerente de Edesur dijo que la revisión tarifaria integral del sector permitirá reducir en un plazo de cinco años en 55% la cantidad de cortes de suministro, de 32 horas anuales por usuario en la actualidad, a 14 horas (eran 8 en 2001).
Y puntualizó luego que el objetivo de inversión de la empresa es de $14 mil millones en el próximo quinquenio, lo cual implica pasar de un promedio anual de mil millones en el período 2002-15 a $2.900 millones durante el período 2017-21.
Por su parte, Ricardo Torres, presidente de Edenor, precisó que las tarifas propuestas para los usuarios residenciales de menos consumo, en las que se solicitó un aumento del 31%, deben incorporar un 15% extra si se suman la actualización de costos al presente, mientras para las pequeñas industrias y comercios se solicita un alza de 49% (con 25% más para ajustarlas al presente).
La revisión tarifaria, agregó, permitirá impulsar un programa de inversiones "de una magnitud nunca visto", por más de $25.000 millones para los próximos cinco años, con el fin de mejorar la calidad de servicio a sus más de 2,8 millones de clientes y acompañar el crecimiento de la demanda de electricidad.
Estas solicitudes de aumentos tarifarios serán consideradas por el ente regulador que en un lapso de 30 días contestará las propuestas e inquietudes formuladas en la audiencia.
A su turno, los representantes de defensorías del pueblo y de entidades de consumidores solicitaron que los aumentos sean graduales, coincidieron en solicitar una tarifa social que unifique a todos los servicios esenciales y pidieron que las distribuidoras paguen las multas por mal desempeño.
Entre las entidades que representan a los usuarios participaron Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), la Liga de Acción del Consumidor (Adelco); la Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios (Adecua); Consumidores Libres; Asociación Civil Cruzada Cívica y la Unión de Usuarios y Consumidores, entre otras.
Entre las coincidencias que manifestaron las entidades se destacó la necesidad de asegurar y ampliar la tarifa social, el rechazo a la magnitud de los incrementos propuestos, el reclamo de gradualidad para su aplicación, y el cuestionamiento de la dolarización de las tarifas y su virtual indexación en caso de estar atada a la evolución de la inflación.
Otros puntos planteados fueron la necesidad de atender el contexto social que atraviesa la sociedad argentina con un índice de pobreza de 32 por ciento y una retracción de la economía, y el pedido de que ante los cortes de luz en el verano se implemente la cantidad de cuadrillas necesarias, que se coloquen generadores eléctricos y se distribuya agua potable a los afectados.
A su turno, la defensora del Pueblo de la Nación, María Grosso, dijo que el servicio eléctrico es "pésimo", propuso que exista un plan de cortes programado y que durante la época de altas temperaturas se distribuya agua potable a los pobladores afectados.
Opinó que el ENRE debe "recuperar" sus funciones de control y dijo que en caso de cortes, las distribuidoras deben reconocer el daño sufrido por los artefactos eléctricos.
A su turno, Alejandro Amor, Defensor del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires, y de la entidad que nuclea a todos los defensores del país consideró que tanto las empresas distribuidoras de electricidad como el ente regulador del servicio han "fracasado" en su tarea y opinó que los subsidios que oportunamente fueron otorgados a las compañías están sospechados de "corrupción". "No hay que subsidiar a las empresas sino a los consumidores", expresó.
"El más claro ejemplo del fracaso son los cortes de luz, que afectan a la población y hacen que los productos de las heladeras de los comercios pierdan su cadena de frío", describió.
Otra participación destacada de la jornada fue la de la Unión Industrial Argentina que reclamó que no se discrimine a la demanda productiva en la corrección tarifaria del servicio de distribución eléctrica al "hacerle cargar la mayor parte del ajuste", rechazó los cortos plazos en los que se pretenden aplicar las correcciones y alertó sobre los efectos de los aumentos en la inversión y el empleo.
Así lo planteó esta tarde el Jefe del Departamento de Infraestructura de la UIA, Alberto Calsiano al afirmar: "La energía es un recurso estratégico y la UIA no se opone a un ajuste de tarifas que sea justo y razonable" admitió el representante sectorial al aclarar que "se opone a la discriminación tarifaria por la que se pretende que la industria cargue con la mayor parte de la recuperación del sector" energético.

Piden pan y, si les dan, también quieren el queso

La audiencia pública convocada para hoy tratará la revisión tarifaria en favor de Edenor y Edesur. Pero, además, la asociación que la agrupa reclamó la condonación de una deuda por 21 mil millones de pesos en compras de energía impagas al mercado mayorista.

De cara a la audiencia pública para analizar la suba de tarifas para remunerar a las concesionarias Edesur y Edenor, la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica (Adeera) pidió al gobierno nacional que le condone la deuda que mantienen las empresas con Cammesa, administradora del mercado mayorista controlada por el Estado. Se trata de unos 21 mil millones de pesos que las distribuidoras pretenden que el Gobierno incluya en el Presupuesto en un régimen por el cual el Estado se haría cargo de la deuda de los privados.

Argumentan que el retraso tarifario les habría impedido pagar la energía mayorista. Edesur y Edenor van por todo: tarifas altas y estatización de la deuda. Los especialistas advierten que hay situaciones muy heterogéneas entre las distribuidoras y que hace falta realizar una auditoría en el sector.
Durante la jornada de hoy tendrá lugar la audiencia pública, en donde se efectuará una revisión tarifaria integral para las distribuidoras eléctricas Edesur y Edenor. En principio, está en juego el aumento tarifario del año próximo, que se montará sobre facturas que este año crecieron un 470 por ciento en promedio sin haber pasado por la audiencia pública prevista por ley. Edesur exige un aumento tarifario en promedio del 76,3 por ciento para los usuarios residenciales mientras que Edenor reclama subas más moderadas. Ese será el incremento para remunerar el servicio de distribución, que apenas explica el 40 por ciento de la boleta. El resto quedará definido por el aumento del precio de la energía, que se espera que sea todavía mayor. Además, las empresas plantean que recién dentro de cinco años el servicio eléctrico quedaría normalizado.
Las empresas dejaron en claro su pedido, ahora el Gobierno decidirá en qué grado convalida las exigencias de los privados, previo paso por la audiencia pública. En este contexto de negociación, las distribuidoras de todo el país corrieron el arco deliberadamente: enviaron al jefe de Gabinete, Marcos Peña, una nota con fecha del 14 de septiembre firmada por el presidente de Adeera, Carlos Bulacio, en la cual piden que el Estado les condone la deuda que mantienen con Cammesa.
Adeera agrupa a 47 empresas distribuidoras, desde Edesur, Edenor y Edelap hasta empresas provinciales y cooperativas que operan en ciudades del interior. La entidad pretende que el Gobierno incluya las deudas de las distribuidoras con Cammesa –generadas en las compras impagas de energía eléctrica– dentro de un régimen de estatización de pasivos previsto en el artículo 15 del proyecto de ley de Presupuesto para 2017. En ese apartado se prevé que el Estado se haga cargo de las deudas de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), la empresa que opera Yacyretá. Las distribuidoras adeudan unos 21 mil millones de pesos por esa causa. Como Cammesa debía pagarle la energía a las compañías generadoras y transportistas, el descalce financiero de la firma estatal mayorista creció fuertemente en los últimos años. Si el Gobierno no aprueba el pedido, lo más probable es que el sector ingrese en un esquema de refinanciación.
El argumento de las compañías es que el retraso tarifario en relación a la inflación durante el kirchnerismo impidió a las empresas tener el flujo de caja suficiente para afrontar los pagos mayoristas. Además, las firmas sostienen que este año no pudieron cerrar un plan de regularización de su situación patrimonial, a causa de los fallos judiciales que frenaron el cobro de las boletas de luz que venían con el aumento. El tema viene en carpeta desde comienzos de año, cuando el Gobierno pidió a las empresas que presenten un programa de normalización.
La situación entre las distribuidoras es heterogénea. En principio, el retraso tarifario de Edesur y Edenor no se replicó en el resto del país. Además, hay casos en los que, en una misma provincia, hay empresas que no pagaron a Cammesa en los últimos años y otras que sí. Por eso, expertos opinan que cualquier medida, incluso el refinanciamiento, debe estar acompañada por una profunda auditoría del sector.

Movilización en todo el país en contra del ajuste en ciencia y tecnología

Investigadores, docentes y estudiantes universitarios se manifestarán esta tarde para rechazar el recorte que el gobierno de Mauricio Macri pretende aplicar. Habrá una concentración en el Congreso a las 16 horas y en las principales ciudades del país.

El proyecto de Ley de Presupuesto para 2017 que el Poder Ejecutivo elevó al Congreso propone un recorte de fondos en términos absolutos en casi mil millones de pesos, lo que representa una reducción del 32,5%(R) respecto al presupuesto del año 2016(R). En este marco desde distintos sectores de la comunidad científica se están movilizando y realizan hoy a una concentración a las 16 horas en el Congreso de la Nación.
También habrá movilizaciones en distintos puntos del país como Rosario, Córdoba, Bariloche, San Luis, Mendoza, Rio Cuarto, San Juan y Mar del Plata.

Los principales reclamos son para “un aumento sustancial del presupuesto de ciencia, tecnología y universidad que garantice con normalidad la actividad de investigación, educación y extensión de todos los organismos”, y “la inmediata recomposición salarial” para todo el personal del área.

La movilización es convocada por todas las federaciones de docentes universitarios (Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, Ctera y UDA); los trabajadores nucleados en ATE; las agrupaciones de investigadores Científicos y universitarios autoconvocados, Ciencia y técnica Argentina y Jóvenes científicos precarizados; las federaciones estudiantiles de Buenos Aires, La Plata, Comahue y Nordeste; entre otras organizaciones.
Por su parte Científicos y universitarios autoconvocados advirtió que las posibles mejoras presupuestarias que dejó trascender Cambiemos (1100 millones de pesos más para ciencia y técnica) son insuficientes para enfrentar una inflación anual del 42 por ciento, “por lo que el recorte total sigue siendo de 4600 millones de pesos”.

Repercusiones en el mundo:

Más de 200 científicos argentinos que se encuentran en el exterior firmaron una declaración en la que alertaron sobre el recorte de fondos previsto por el sector de ciencia y tecnología. Las firmas son de investigadores que actualmente reciden  en Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Francia, Alemania, Italia, Uruguay, México, España, Israel, Suecia, Suiza, Estonia, Noruega, Australia, Portugal, Luxemburgo, Canada y Chile, entre otros países.

Scioli y una tensa discusión con el padre del chico que mató a un ladrón

Daniel Scioli, ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires, vivió esta noche un incómodo momento al ser increpado por Marcelo Salinas, padre del menor que mató a un ladrón y con quien compartía la mesa de invitados en el programa de Mirtha Legrand.
Luego de dar detalles del terrible hecho que vivió su familia y de explayarse respecto a su postura de tener armas en su casa y cerca de sus hijos, Salinas fue interrumpido por Scioli y su descripción del plan de desarme total que propone para terminar con la inseguridad. El comentario del ex vicepresidente disgustó a Salinas, quien lo cruzó con dureza en un tenso diálogo.
"Aquella persona que tiene permiso de portación obviamente tiene derecho a tener un arma y está respaldada. Pero la cantidad de armas que hay en el circuito ilegal, en manos de delincuentes como los que entraron a la casa de Marcelo... hay que desarmarlos, dar ya el debate en el Congreso, equilibrar el poder de fuego de lar armas, con un mayor control en las armerías, y aquella persona que es detenida en la vía pública con un arma con peligro para terceros tiene que quedar detenido y no salir. Por más policías y cámaras de seguridad que sigan poniendo, tenemos que buscar las causas profundas", dijo Scioli ante la mirada atónita de Salinas.
"¿Usted fue vicepresidente y gobernador? ¿Y hoy se le ocurre decir esto?", arremetió el padre del chico de 13 años que el martes 25 defendió a su familia y mató de un disparo a uno de los asaltantes que ingresó a su casa en el partido de Moreno. La discusión continuó por varios segundos:
Scioli: Siempre se me ocurrió y lo sigo sosteniendo, pero es un debate que se tiene que dar en el Congreso, ¿sabés cuántas armas destruimos nosotros?
Salinas: ¿Cuánto desarmaron?

Scioli: 120 mil armas, Marcelo.
Salinas: ¿Y qué hicieron?  ¿Se las compraron a Brasil y las destruían?
Scioli: No, las secuestramos de los operativos permanentemente.
Salinas: Usted no me puede decir esto a mí, en esta mesa, con lo que estoy sufriendo y lo que ha vivido mi familia.
Scioli: Pero yo te respaldo.
Salinas: No, usted no puede respaldarme, deje que me respalde Luca a mí, porque usted no puede respaldar a nadie. Discúlpeme pero las cosas las vamos a hablar clarito en esta mesa.
Scioli: Marcelo, entendé el contexto.
Salinas: Yo le entiendo lo que quiera pero no le mienta a la gente, porque eso es mentira, decir acá que quiere desarmar a la gente cuando estuvieron 12 años en el gobierno es mentira.
Scioli: A la gente no, a los delincuentes, dar un paso más en la lucha contra el desarme de los delincuentes.
Salinas: Pero, ¿por qué no lo hizo cuando le tocó, señor?
Scioli: Porque destruimos 120 mil armas, pero es un tema que tiene que dar el Congreso, el debate.
Salinas: Siento que me está tomando el pelo, de verdad se lo digo.
Scioli: No, es un debate que se tiene que dar en el Congreso, que se tiene que dar, hasta el diputado Sergio Massa lo está haciendo.
Salinas: Pero, ¿por qué no lo tocó en el Congreso? Tuvieron mayoría durante años, caballero.
Scioli: Bueno, porque desgraciadamente hay veces en las que uno plantea una cosa y no sale, es la democracia. Yo entiendo que la gente, en defensa propia como en este caso, reacciona de esta manera y tenga un arma como defensa, pero el Estado tiene que llegar a las causas más profundas, que tienen que ver con esos delincuentes que no pueden tener esas armas.
Salinas: Los delincuentes tenían 40 años, estuvieron cuando usted fue vicepresidente y fue gobernador. Esos delincuentes los tenía que detener usted.
Scioli: Bueno, combatimos.
Salinas: No, no combatieron nada porque esos delincuentes tienen un prontuario de este tamaño, así que no me chamuye, por lo menos le pido que no nos chamuye.
Scioli: Bueno, son discusiones que se están dando en la Justicia para limitar absloutamente las excarcelaciones de aquellos delincuentes peligrosos para que no vuelvan a reincidir, cuestión que yo también respaldo. Ahora, ¿cómo acorralamos a estos delincuentes para que no avancen en este tipo de delitos?
La intervención de la conductora del programa y el resto de los comensales le puso punto final al intenso diálogo.