El dirigente del Frente Renovador Felipe Solá acusó hoy al Gobierno de hacer un aprovechamiento político de la corrupción del gobierno anterior, cuestionó la indecisión de Macri respecto del feriado del 24 de marzo y apuntó contra Gustavo Arribas, titular de la AFI , sobre el cual pesan acusaciones de hber recibido coimas en el caso Odebrecht.
Para el exgobernador Solá, "hay un aprovechamiento político de la corrupción que hubo en el gobierno anterior para tapar la ineptitud del Gobierno (de Cambiemos)" También aclaró que él no está "dispuesto a que se perdone nada al kirchnerismo porque haya hecho cosas bien".En una entrevistado a Radio 10 el actual diputado dijo en relación a la movilidad del feriado del 24 de marzo, señaló que "era una burrada importante, pagaba un costo político más allá que al Gobierno no le interese la historia y la memoria y que hay naturalizar el paso de la dictadura y los genocidas como si fuera el cruce de los Andes; es bueno que hayan dado marcha atrás".
En relación al cuestionado jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, denunciado por supuesto cobro de coimas en el caso de la constructora brasileña Odebrecht, el ex gobernador bonaerense aclaró que "Arribas es un hombre de negocios y si se mezclan la política y los negocios nos vamos a la 'miércoles'" y que "Su única virtud es ser muy amigo del presidente Macri".
¿Quién y por qué le paga a Carrió los viajes por el mundo?
Ni el Congreso ni la embajada de los Estados Unidos, como afirman algunos medios críticos o cercanos a la oposición.
Los boletos de avión y la estadía en hoteles cinco estrellas de los cuales hizo uso desde -al menos- 2013 y hasta este mes la diputada Elisa Carrió fueron “regalados” por una empresa de una amiga con fuerte poder económico en el Chaco.
Se trata de Lili Miedvietzky (de rojo en la foto), heredera de Herman Miedvietzky, el creador del emporio empresarial chaqueño denominado Amarilla Gas, dueño del negocio de las garrafas de Gas Licuado de Petróleo en gran parte del Litoral argentino.
Esta empresa tiene posición dominante a través de sus 17 plantas de fraccionamiento y centros de distribución de garrafas en Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Tucumán y Salta.
Los comerciantes en Chaco, Corrientes y Misiones señalan a la propia Amarilla Gas como la dueña, en paralelo, del mercado negro de garrafas que jamás respetó los acuerdos de precios e impone sus propios valores en la zona más pobre del país.
En los pasillos del ministerio de Energía y Minería que conduce Juan José Aranguren señalan el fortísimo lobby que emprendió Carrió cuando Cambiemos llegó al Poder para que Amarilla Gas sea el concesionario del Gasoducto del Nordeste Argentino.
Con el desembarco del gas natural por red en la región, el negocio de las garrafas de Amarilla Gas tiene su fin casi predeterminado en menos de diez años, explican en el Gobierno, y por ello la familia Miedvietzky quiere hacerse de la concesión por 60 años. imagen_nota_13560343061-0
Y también afirman que la reciente denuncia de Carrió contra tres funcionarios de Aranguren fue motivada por la negativa del ministro a anticipar los precios prefijados para la licitación de la operatividad del gasoducto, en plena construcción.
El pedido de Carrió había sido anticipado a Macri en la cena que ambos tuvieron el 14 de noviembre en la Quinta de Olivos. Pero la negativa de Macri fue contundente: el objetivo oficial es que Pan American Energy se haga cargo del gasoducto del NEA.
El 23 de noviembre, entonces, Carrió denunció penalmente al secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda; al subsecretario de Refinación y Comercialización, Pablo Popik; y al director nacional de Gas Licuado de Petróleo, Luis Barile.
En su presentación, Carrió solicitó que se investigue si el trío cometió el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública” por sus trabajos anteriores en Esso, Pan American Energy, Bridas y otras petroleras.
La diputada avisó y la rechazaron. Por ello, con el apoyo financiero de Amarilla Gas la legisladora nacional que aún conserva domicilio fiscal en la calle Frondizi 326 de Resistencia, Chaco, aunque vive en Recoleta fue a fondo ante los tribunales.
Carrió no sólo usa sus influencias sino también las del diputado santacruceño Eduardo Costa, dueño del emporio Tehuelche y marido de la Parlamentaria del Mercosur, Mariana Zuvic, amiga íntima de la chaqueña. Costa tuvo duros cortocircuitos este año con Aranguren por el control total de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
Justamente, Zuvic acompaña en los viajes por el mundo a Carrió y a Lili Miedvietzky. Se las pudo ver a las tres en un vuelo de American Airlines que partió desde Ezeiza hacia Estados Unidos en mayo de 2016.
El 23 de ese mes, Carrió, Zuvic y Miedvietzky comieron juntas en un restaurante neoyorquino. Pagó la diputada con su tarjeta Visa del Banco Río. Luego, al otro día, partieron hacia Washington para mantener reuniones con empresarios estadounidenses.
Su estrecha amistad con una de las integrantes del directorio de Amarilla Gas es lo que le permitió a Carrió financiar gran parte de su última campaña electoral para el cargo de diputada que ahora tiene. Además de veranear en una mansión en Punta del Este y, claro, viajar por el mundo.
Gracias a los pasajes “regalados” Carrió pasó 103 días Estados Unidos, Uruguay, Brasil, Chile, Italia y Holanda entre el 6 de febrero de 2013 y el 13 de mayo de 2015, según datos de Migraciones.
Al menos cada vez que pisó Nueva York, la diputada lo hizo acompañada por Miedvietzky. A la empresaria, no obstante, le fascina Europa, destino al que también fue junto a su amiga legisladora.
Herman Miedvietzky falleció en 2009 y el Grupo Amarilla Gas quedó bajo el control de sus hijos. Lili se había dedicado al turismo desde que fundó Fun Time/Firenze Viajes, una empresa que se expandió desde Resistencia y casi dominó el mercado de cruceros en la Argentina.
Amarilla Gas es una de las empresas investigadas por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan por emitir facturas presuntamente “truchas” a Austral Construcciones, la empresa insignia del ahora detenido Lázaro Báez.
Otra fuerte discusión con Macri
A principios de noviembre, antes de la cena en Olivos, el presidente Mauricio Macri llamó por teléfono a Carrió y le pidió que impulse cambios en el reglamento del Congreso Nacional que data de 1982 con once reformas parciales.
El objetivo de Macri era que los legisladores ya no pudieran aceptar “regalos” (como pasajes internacionales) de empresas o personas particulares, por entender que son simples dádivas o sobornos.
El Gobierno estaba a punto de prohibir a todos los funcionarios del poder ejecutivo nacional (PEN) la posibilidad de recibir regalos de más de 4 mil pesos e iba a ordenar que los de menos valor puedan quedárselos siempre y cuando los declarasen en un registro que estará on line.
La respuesta de Carrió fue tajante: “De ninguna manera”. Eso generó el enojo del jefe de Estado, que luego la invitaría a la diputada a limar asperezas en Olivos, en una cena de la que también participó la primera dama, Juliana Aguada.
Finalmente, Macri reglamentó la ley de Ética Pública el 21 de noviembre a través del decreto 1179, tras una propuesta de la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.
El decreto regula el artículo 8 de la ley de Ética Pública que se sancionó en 1999 durante el último año del gobierno de Carlos Menem. La idea de Macri era que el Congreso hiciera lo mismo. Pero Carrió dijo no.
Capitanich: “La escucha a Cristina es un hecho de gravedad institucional inadmisible”
El intendente de la capital chaqueña de Resistencia opinó respecto de la filtración de un audio entre Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli y dijo que debería tratarse en el Congreso Nacional. “Se trata de espionaje político”, denunció.
El ex jefe de Gabinete de la nación y ahora intendente de Resistencia, Chaco, Jorge Capitanich, sostuvo que “la justicia no es confiable para una investigación donde se halla directamente involucrada, de manera que esto debe ser motivo de expresión en el Congreso”.
Durante una entrevista en El Fin de la Metáfora, por Radio 10, dijo que la situación le provoca “cierta angustia” porque no todo el arco político manifestó su posición al respecto. Además, indicó que debería llevarse al Congreso Nacional: “Se tiene que plantear la creación de una comisión bicameral y una investigación muy profunda. Esto se trata de espionaje político y debe ser severamente repudiado en Argentina".
"Si esto llega a una instancia de investigación que merezca el juicio político desde el Presidente de la Nación hasta la Corte Suprema y los jueces involucrados, se debería hacer. Es un hecho de gravedad institucional inadmisible en democracia", dijo Capitanich.
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