El bloque del PJ Santa Fe es Una Sola presentó un recurso administrativo y un proyecto legislativo.
Cuestionan que el pliego no se remitió al Concejo, los mecanismos de participación y que no se respetaron los plazos de presentación del Master Plan.

El lunes se realizó el acto de apertura de sobres de la única oferta que se presentó a la licitación para la concesión de la administración y explotación de la terminal de ómnibus General Manuel Belgrano y ya hay polémica. Los concejales del bloque justicialista Santa Fe es Una Sola hicieron una conferencia de prensa para hacer público el recurso de nulidad y revocatoria que interpusieron el 10 de agosto pasado en sede administrativa dejando expedita la vía judicial- contra el llamado a licitación. Además, la edil Alejandra Obeid, presentó un proyecto de resolución en el mismo sentido, con el acompañamiento de sus pares de bloque.
El objetivo es que el “intendente, advirtiendo el incumplimiento del procedimiento que legalmente correspondía, deje sin efecto la licitación hasta tanto se haga como debe ser”, advirtieron.
En la conferencia de prensa estuvieron todos los ediles del bloque: Marcela Aeberhard, Sebastián Pignata, Juan Carlos Cesoni, Alejandra Obeid, Ignacio Martínez Kerz, Juan José Saleme, Marianela Blangini y Fernando Fleitas. Los acompañó el Dr. Domingo Rondina, quien los asesoró en la presentación.

Fundamentos

El principal argumento, y el que cuestionaron con más dureza los ediles del arco opositor, es que el pliego de bases y condiciones para la licitación no se haya remitido al Concejo Municipal: “El Concejo debe intervenir sí o sí porque estamos en presencia de un servicio público de carácter monopólico. La Ley Orgánica de Municipios dispone, en su artículo 9º, que la concesión de este tipo de servicios debe aprobarse por ordenanza, que además, debe tener una mayoría de las dos terceras partes de los votos”, afirmaron.
En conclusión, sostienen que “no se cumplió ninguno de los procedimientos que estipulaba la ordenanza y que promulgó el Ejecutivo sin observaciones. Pero más grave aún, es que se soslayó toda participación del Concejo en una materia donde la ley expresamente le atribuye de manera exclusiva la facultad para decidir la conveniencia o no de una concesión de estas características”.
En una parte de la presentación, se dice que “a raíz de la presentación del Master Plan, el intendente debía confeccionar el pliego licitatorio, que está obligado a enviar al Concejo ya que se trata de un Servicio Público Monopólico que se va a concesionar con privilegio de exclusividad. Y este pliego debía presentarse con tres meses de anticipación a la finalización de la concesión a Netoc, que finaliza el 30 de septiembre de 2017. El pliego, que nunca ingresó al Concejo y del que no tenemos conocimiento del contenido, se terminó de elaborar en el Departamento Ejecutivo el día 31 de julio. Es decir, un mes fuera de término”.
Por esto, advirtieron que “si el Ejecutivo sigue avanzando con la concesión en estos términos, está expuesto a diferentes planteos de tipo judicial por parte de cualquiera que se sienta afectado en sus intereses por la manifiesta irregularidad y que, en definitiva, vamos a tener que pagar todos los santafesinos. Ello sin contar que existe, incluso, la posibilidad de responsabilidad penal de los funcionarios”.

Renuncias y plazos vencidos

Entre los fundamentos del recurso, destacaron también que el plazo para la presentación del Master Plan -que era de diez meses- se concretó con cuatro meses de retraso.
La comisión que lo elaboró estaba conformada por cuatro concejales -Marcela Aeberhard, Juan José Saleme, Adriana Molina y Carlos Suárez- y representantes de las secretarías de Planeamiento Urbano, Producción y Comunicación y Desarrollo Estratégico de la Municipalidad, tal como lo estableció la ordenanza Nº 12.281, del 16 de junio de 2016. En la conferencia, los ediles informaron que el concejal Saleme había renunciado, “al enterarse por los medios de comunicación de varias de las reuniones a las que nunca fue formalmente convocado”. En tanto, “Aeberhard hizo lo propio, presentando un escrito con su propuesta y dando por finalizada su participación en la comisión”.
Asimismo, plantearon otro punto que los llevó a tomar la determinación de pedir la revocación del llamado: la ordenanza que creó el Master Plan, disponía la participación necesaria de la Comisión de actualización del ROU en la elaboración del mismo y, aseguran los ediles, “no participó”. Según afirmaron “recién el día 19 de julio, con los plazos vencidos, se convocó de manera extraordinaria a la Comisión de ROU para interiorizarse de los lineamientos generales del Master Plan, un día antes de su presentación oficial. Es decir que la Comisión fue convocada al sólo efecto de tratar, mediante una mera formalidad, de enmendar el error de no haberla convocado a la elaboración del mismo.
Se vencieron los plazos y no se cumplió con la elaboración del Master Plan, ni con el envío del nuevo pliego de bases y condiciones para la concesión de la terminal de ómnibus. Y tampoco se convocó a la Comisión del ROU para trabajar en el Master Plan que se presentó y sirvió de base para la elaboración del pliego licitatorio”, resumieron.

El único oferente

A la licitación se presentó una sola oferta, de la UTE conformada por dos empresas que prestan servicio en la ciudad: Recreo SRL y Transportes Fluviales del Litoral SA. Ofreció realizar los trabajos de puesta en valor del edificio por $ 26.651.947 -el presupuesto oficial se estimó en $ 21,086,647.46. Si resulta adjudicataria, tendrá la concesión para administrarla por un período de 8 años con la posibilidad de prorrogar por un plazo idéntico. Las obras deberá realizarlas en los primeros 8 meses.
La actual concesionaria, Netoc SA., no se presentó al proceso: “Se incrementaban los costos, el plazo es breve, no compartíamos el criterio de ampliar las funciones de la terminal y, además, la empresa se está reorientando desde hace varios años a actividades inmobiliarias y queremos concentrarnos en eso”, explicó a El Litoral Eudaldo Coch, apoderado de la firma. La concesión vence en septiembre pero la empresa tiene plazo hasta febrero para entregar el edificio.

Denuncian otra vez el intento de vaciamiento del Senasa Santa Fe

Trabajadores y el ex-director sostienen que se intenta llevar funciones desde Santa Fe a Rosario.
Los problemas en la delegación local del Senasa se iniciaron en los últimos días cuando fue apartado de la dirección Víctor Di Pascuale como así también coordinadores de las áreas de Sanidad Animal y Administración.
 Los trabajadores y el ex-director denuncian que, como hace 3 años, se estaría frente a un intento de llevar funciones a la regional Rosario, poniendo en riesgo fuentes laborales locales.
 El propio Di Pascuale en diálogo con LT9 indicó que presentó un recursos judicial para evitar su desplazamiento e indicó que su reemplazante es un contador que no pertenece al organismo y poco conoce sobre sus funciones.
 Esta mañana los trabajadores concretaban una asamblea de personal para determinar los pasos a seguir.

Líneas 20 y 21: "Todo se hizo de manera irregular"

El edil cuestionó la decisión del municipio de permitir a una empresa de transporte comenzar a cobrar el boleto en la Línea 20 de colectivos. En diálogo con "Línea Abierta" denunció: “No tendrían que funcionar sin que el consejo lo trate, el propio oficialismo bloquea esta posibilidad”.
El concejal Ignacio Martínez Kerz (PJ) cuestionó la decisión del municipio de permitir a una empresa de transporte comenzar a cobrar el boleto en la Línea 20 de colectivos. “Está claro que es ilegal y que ambos recorridos de las líneas deben ser aprobados por el cuerpo”, expresó.
Por Radio Uno de Santa Fe, Martinez Kerz contó: "Esto no cuenta con el respaldo normativo que establece la ley orgánica de municipios y comunas y lo que dice la ordenanza 11.580, están funcionando sin protección jurídica, en caso de un accidente, cualquier compañía aseguradora le va a poder repetir el accidente al municipio y lo vamos a terminar pagando todos los vecinos de Santa Fe. Es un hecho al que nos tiene acostumbrado el Intendente. Estamos de acuerdo con la incorporación de la línea 20 y 21, pero se hace por afuera de lo que dice la ley orgánica".
Luego sañaló: "Lo que nos preocupa es que se precariza jurídicamente al estado municipal, dejándolo vulnerable ante cualquier denuncia o incidente. Este funcionamiento, que comenzó como periodo de prueba, lo cuestionamos porque no está consagrado en ninguna ley, citamos a fiscales, funcionarios del área de transporte y todos se negaron".
Por último denunció: "No hubo licitación o concurso previo de porque se eligió a esta empresa para que preste el servicio, todo se hizo de manera irregular. No tendrían que funcionar sin que el consejo lo trate, el problema es que tuvieron congelado el expediente en la comisión de servicios públicos, donde hay mayoría de concejales del Intendente Corral, recién pasó a planeamiento hace 4 o 5 días, el propio oficialismo bloquea esta posibilidad".
Citación al Fiscal
“Desde el Concejo Municipal se aprobaron dos proyectos de decreto. Uno, citando al Fiscal Municipal Sedlacek al cuerpo para que dé explicaciones, si las hay, de los llamados “períodos experimentales de prueba” y, a pesar de las reiteradas invitaciones, nunca concurrió. Otro de los decretos solicitó al Órgano de Control de Transporte el dictamen sobre la creación de estas líneas. Ese dictamen ingresó la última sesión y está fechado 30 de mayo de 2017, es decir, más de un mes posterior a que las líneas comiencen a funcionar”, explicó Martínez Kerz.
Por último el edil justicialista señaló que “el Estado, a diferencia de las personas, no está habilitado para hacer todo aquello que la ley no le prohíba sino que sólo puede hacer lo que la ley lo autoriza y dentro de los límites que ella le impone”.