El Presidente, Mauricio Macri, encabezó esta mañana el anuncio de recorte en la estructura del Estado nacional. Anticipó una reducción del 25 por ciento de los cargos del Poder Ejecutivo, lo que afectaría a unos mil puestos. También se congelarán salarios de los cargos jerárquicos, aunque los gremios estatales redoblan la señal de alerta. El achicamiento del Poder Ejecutivo redundaría en un “ahorro” fiscal de 1500 millones de pesos al año. "Si los argentinos están haciendo su aporte, la clase política tiene que dar el ejemplo. La austeridad tiene que partir de la política", afirmó el Presidente e invitó a provincias y municipios a emular las tres medidas anunciadas. También afirmó que se prohibirá a los ministros designar familiares en el Gobierno, medida que regirá de manera retroactiva, ante las críticas por las polémicas designaciones en varias carteras, entre ellas las vinculadas al ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
“Vamos a reducir 1 de cada 4 cargos políticos del Poder Ejecutivo, durante 2018 los funcionarios no van a tener aumentos de sueldo. Habrá un recorte del 25 por ciento de los puestos actuales, lo que significará mil cargos menos, y representará un ahorro de 1500 millones de pesos al año”, anunció Macri. Lo que no detalló el mandatario es qué funciones del Estado quedarán deterioriadas a partir de semejante purga. Centró su argumento en el impacto fiscal (que en términos de las finanzas públicas de la economía nacional es insignificante) pero no se refirió a cómo afectará dicho recorte a las tareas que a diario lleva a cabo el Ejecutivo, que actualmente cuenta con 20 ministerios, 87 secretarías de Estado, 207 subsecretarias, 687 direcciones nacionales y generales, 122 institutos y organismos. El congelamiento salarial se aplicará sobre ministros, secretarios y subsecretarios.La imposibilidad de que los familiares de los ministros formen parte del Gobierno se aplicará a través de un DNU de forma retroactiva. "Ningún ministro puede tener familiares en el Gobierno. Con esta medida vamos a perder colaboradores muy valiosos y eso me da mucha pena. Pero siempre dijimos que queríamos hacer un país más transparente", afirmó Macri. La medida afectará a prácticamente todos los ministros y aparece después de las fuertes críticas por las designaciones de Jorge Triaca, entre otros funcionarios.
Quiénes son los familiares de funcionarios del Gobierno que ocupan cargos públicos
El presidente Mauricio Macri anunció hoy un paquete de medidas que implicarán la prohibición para que familiares de ministros puedan ser parte de la administración nacional. Esto, sumado al recorte del 25% de los cargos políticos en el Poder Ejecutivo representará, según el mandatario un ahorro de 1500 millones de pesos.
Tras el anuncio de esta medida, el ministro de Modernización Andrés Ibarra dijo a ámbito.com que los familiares de segundo grado consanguíneo se van a retirar de sus cargos. A continuación, el listado de los familiares de funcionarios del Gobierno que ocupan cargos públicos.
Gabriela Michetti
La prima de la vicepresidenta, María Alejandra Illia, es asesora del Honorable Senado de la Nación. Ascendió en diciembre de 2015 de la categoría A-3 hasta la A-1.
Jorge Triaca
María Cecilia Loccisano, esposa del ministro de Trabajo, es subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud. Mariana Triaca, hermana del ministro, fue designada en diciembre pasado como directora del Banco de la Nación Argentina (BNA). Ernesto Martí Reta, esposo de Mariana y cuñado de Jorge, es parte del directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Lorena Triaca, por su parte, otra hermana del ministro, es directora de la Agencia de Inversiones.
Tras el anuncio de esta medida, el ministro de Modernización Andrés Ibarra dijo a ámbito.com que los familiares de segundo grado consanguíneo se van a retirar de sus cargos. A continuación, el listado de los familiares de funcionarios del Gobierno que ocupan cargos públicos.
Gabriela Michetti
La prima de la vicepresidenta, María Alejandra Illia, es asesora del Honorable Senado de la Nación. Ascendió en diciembre de 2015 de la categoría A-3 hasta la A-1.
Jorge Triaca
María Cecilia Loccisano, esposa del ministro de Trabajo, es subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud. Mariana Triaca, hermana del ministro, fue designada en diciembre pasado como directora del Banco de la Nación Argentina (BNA). Ernesto Martí Reta, esposo de Mariana y cuñado de Jorge, es parte del directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Lorena Triaca, por su parte, otra hermana del ministro, es directora de la Agencia de Inversiones.
Patricia BullrichFrancisco Langieri Bullrich, hijo de la ministra de Seguridad, es funcionario de la Secretaría País Digital, que depende del Ministerio de Modernización. Su primo Pedro Cernadas -popularmente conocido como Segundo Cernadas por su faceta actoral- es titular de Anses en el municipio de Tigre. La cuñada de la ministra, Ana Gascón Araoz, es empleada en la Subsecretaria de Comunicación social de la Secretaría de Medios de Comunicación. La nieta de la tía de la Bullrich, Julieta María Williams, es directora de Innovación Social y Planeamiento Participativo de la Ciudad de Buenos Aires.
Rogelio FrigerioLa esposa del ministro de Interior, Victoria Costoya, es Coordinadora de Asuntos Institucionales Internacionales en el Ministerio de Desarrollo Social. Mario Frigerio, su tío, fue designado Gerente Técnico del Ente Nacional de Comunicaciones.
Marcos Peña
Andrés Peña, hermano del Jefe de Gabinete, es subsecretario de Desarrollo Institucional Productivo del Ministerio de Producción. Félix Peña, padre de Marcos, es asesor del Consejo de la Producción.
Carolina Stanley
Cecilia Stanley, prima de la ministra de Desarrollo Social es jefa de Gabinete de Asesores en ese ministerio.
Oscar Aguad
Rodrigo de Loredo, yerno del ministro de Defensa, es presidente de ARSAT.
Gustavo Santos
El ministro de Turismo nombró a su hijo Matías Santos Crocsel como jefe de Asesores de Gabinete del Ministerio de Turismo de la Nación.
Marcos Peña
Andrés Peña, hermano del Jefe de Gabinete, es subsecretario de Desarrollo Institucional Productivo del Ministerio de Producción. Félix Peña, padre de Marcos, es asesor del Consejo de la Producción.
Carolina Stanley
Cecilia Stanley, prima de la ministra de Desarrollo Social es jefa de Gabinete de Asesores en ese ministerio.
Oscar Aguad
Rodrigo de Loredo, yerno del ministro de Defensa, es presidente de ARSAT.
Gustavo Santos
El ministro de Turismo nombró a su hijo Matías Santos Crocsel como jefe de Asesores de Gabinete del Ministerio de Turismo de la Nación.
Iván Pavlovsky Marina Klemensiewicz, esposa del vocero presidencial, fue designada subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano Secretaría de Vivienda del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda.
Pablo Avelluto En medio de una polémica, el ministro de Cultura designó a su novia Carolina Azzi como coordinadora audiovisual de prensa de la cartera que encabeza.
Andrés Ibarra
La esposa del ministro de Modernización, Carla Piccolomini, actualemente se desempeña como Directora de Relaciones Institucionales de Radio y TV Argentina.
Francisco Cabrera
La hija del ministro de la Producción, Rosario, se desempeña como asesora de la cartra que conduce su padre.
Juan José Gómez Centurión
José Rafael, uno de los hijos del flamante director del Banco Nación también ostenta un cargo en la administración pública: titular de la UDAI de Villa Bosch (ANSES).
Preparan batería de medidas para bajar el costo argentino
EL GASTO POLÍTICO, LAS EMPRESAS Y LOS SINDICATOS, EN LA MIRA - Son cambios necesarios, cree Macri tras su gira europea, para que arriben las inversiones prometidas. Se habla de reducir cargas patronales, controlar a gremios y aplicar la Ley de Defensa de la Competencia.
De regreso de su gira por el exterior, el presidente Mauricio Macri dio instrucciones a sus colaboradores en el sentido de "redoblar los esfuerzos para bajar los costos" de la economía. Contra lo que muchos suponen, señalan en la Casa Rosada, la pelea que el Gobierno está dispuesto a dar en este orden no se limita a los sindicatos, sino que incluye también el llamado "gasto de la política" y las prácticas de las empresas que implican sobrecostos. Desde esta perspectiva, anticipan, próximamente se conocerá "una batería de medias".
La gira por Europa ratificó la convicción del Presidente en cuanto a que existe un gran interés por invertir en la Argentina, pero también se hizo evidente que para que fluyan los capitales es necesario reducir los costos. Los casos con mayor repercusión pública en esta materia se dieron en el enfrentamiento con los sindicatos, una pelea que el Gobierno -anticipan- está dispuesto profundizar.
Tanto es así que en algunos despachos oficiales se estarían estudiando medidas consideradas "fuertes" como una reducción de las cargas patronales. Al respecto, el Gobierno de Macri quiere que no haya desvíos en el ajuste salarial que se comenzará a discutir en paritarias respecto de la meta del 15% prevista para la inflación. Y también rechazan la aplicación de cláusulas gatillo, ya que consideran que es un mecanismo que tiende a realimentar la suba de los precios. En este contexto, una baja de las contribuciones significaría un incremento del ingreso del bolsillo de los trabajadores, explican, "sin pasar la raya del 15%".
Por lo pronto, se encuentra avanzada la decisión de recortar los fondos que reciben las obras sociales de los sindicatos a través del Subsidio de Mitigación de Asimetrías. Por este mecanismo, se compensan disparidades entre las distintas obras sociales mediante la transferencia automática de fondos que se originan en el 5% de la recaudación de aportes y contribuciones que van al Fondo Solidario de Redistribución. Actualmente suman unos $950 millones y la intención oficial sería reducir este monto a la mitad en el año en curso, y eventualmente eliminarlo el próximo.
En la Casa Rosada se adelanta también que la administración de Macri pondrá en marcha diferentes medidas de control a los sindicatos. Entre ellas, el relevamiento de las asociaciones y exigir la presentación de declaraciones juradas de los jefes de las obras sociales junto con el monitoreo de libros contables, padrones y bienes de los gremios. Otra de las resoluciones en estudio consistiría en impedir que los dirigentes sindicales sean sucedidos por familiares (el caso más conocido son los Moyano en Camioneros).
En este sentido, en fuentes del Gobierno aclaran que "no es que Macri tenga un problema personal con (Hugo) Moyano, sino que los costos del transporte surgen como un común denominador en las mesas sectoriales de las que participa el Presidente". En efecto, es poco conocido, pero el primer mandatario suele dedicar horas a participar en estos encuentros en búsqueda de la reducción de costos y ganancia de productividad. Y no sólo eso, señalan, sino que toma nota de los temas y es quien controla en los distintos encuentros el grado de cumplimiento, hecho que supone "un fuerte impulso a los cambios, ya que nadie quiere quedar en off side frente al Presidente".
Lo que no está del todo claro en el Gobierno es quién será el principal responsable del enfrentamiento con "las prácticas sindicales corruptas". El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, fue ratificado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña (tras el escándalo que lo involucró por la contratación de una casera en un sindicato intervenido por el Estado, el SOMU), pero en medios de la Casa Rosada hay quienes ponen en duda su continuidad en el cargo.
Más allá del "buen trabajo" que está haciendo Triaca, según fuentes del Gobierno, se plantean interrogantes sobre si el actual ministro es la persona indicada para llevar adelante el enfrentamiento con las prácticas espurias del sindicalismo (Jorge Triaca, el padre del ministro, fue un miembro destacadísimo del sindicalismo tradicional). Si bien es ponderada la tarea que realiza Patricia Bullrich al frente de la cartera de Seguridad, su perfil seduce al entorno presidencial por sus antecedentes. Bullrich, cabe recordar, supo enfrentar al sindicalismo y particularmente a Hugo Moyano, cuando se desempeñó como ministra de Trabajo en el Gobierno de la Alianza, cuando el enriquecimiento de los gremialistas no era tan conocido como hoy.
Por lo pronto, algunos datos poco conocidos dan cuenta de la decisión del Gobierno de confrontar al sindicalismo enfrentado a la administración oficial. Al respecto, desde la Casa Rosada no se hizo nada frente a las presiones de la Transportadora OCA (que se vincula al gremio de Camioneros) para hacerse cargo de la distribución que licitó recientemente el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, concurso del que quedó afuera.
En tren de bajar costos, el Gobierno está estudiando los gastos en medicamentos de las obras sociales. En medios oficiales se señala que sólo en los diez primeros meses del año pasado, las obras sociales sindicales gastaron unos $10.000 millones (en los dos últimos meses del año el gasto tiende a subir por razones de aprovisionamiento). Y pese a lo abultado de este gasto, "no recordamos que haya habido un enfrentamiento entre los compradores de las obras sociales y los laboratorios", deslizan con suspicacia.
El principal demandante de especialidades medicinales del país es el PAMI. Cabe recordar que sobre un presupuesto de $146.000 millones, en números redondos, la obra social de los jubilados gasta aproximadamente la cuarta parte en medicamentos, unos $3.000 millones por mes, y ya se sabe que el año viene difícil por los recortes presupuestarios.
Así, fuentes oficiales adelantan que los gastos en medicamentos y las políticas de precios de los laboratorios están bajo la lupa oficial. "No es que se vayan a aplicar controles de precios - anticipan-, sino que se utilizará la ley de defensa de la competencia". Pero, advierten, el tema no se limita a la industria farmacéutica; la decisión oficial es avanzar en todos aquellos sectores en los que la oferta pueda estar concentrada y se lleven a cabo prácticas abusivas.
Y el Gobierno también piensa dar el ejemplo, según sostienen en la Casa Rosada. Ya está tomada la decisión de congelar, al menos por este año, los sueldos del Presidente, los ministros, secretarios y subsecretarios de Estado. Se trata de una medida que afectaría a 324 funcionarios: al propio Presidente, al jefe de Gabinete, a los 21 ministros, 91 secretarios y 209 subsecretarios de Estado. A modo de referencia, el sueldo de los ministros en bruto asciende a $183.000 mensuales. Esta decisión se acompañaría de un recorte en las estructuras del Estado
La gira por Europa ratificó la convicción del Presidente en cuanto a que existe un gran interés por invertir en la Argentina, pero también se hizo evidente que para que fluyan los capitales es necesario reducir los costos. Los casos con mayor repercusión pública en esta materia se dieron en el enfrentamiento con los sindicatos, una pelea que el Gobierno -anticipan- está dispuesto profundizar.
Tanto es así que en algunos despachos oficiales se estarían estudiando medidas consideradas "fuertes" como una reducción de las cargas patronales. Al respecto, el Gobierno de Macri quiere que no haya desvíos en el ajuste salarial que se comenzará a discutir en paritarias respecto de la meta del 15% prevista para la inflación. Y también rechazan la aplicación de cláusulas gatillo, ya que consideran que es un mecanismo que tiende a realimentar la suba de los precios. En este contexto, una baja de las contribuciones significaría un incremento del ingreso del bolsillo de los trabajadores, explican, "sin pasar la raya del 15%".
Por lo pronto, se encuentra avanzada la decisión de recortar los fondos que reciben las obras sociales de los sindicatos a través del Subsidio de Mitigación de Asimetrías. Por este mecanismo, se compensan disparidades entre las distintas obras sociales mediante la transferencia automática de fondos que se originan en el 5% de la recaudación de aportes y contribuciones que van al Fondo Solidario de Redistribución. Actualmente suman unos $950 millones y la intención oficial sería reducir este monto a la mitad en el año en curso, y eventualmente eliminarlo el próximo.
En la Casa Rosada se adelanta también que la administración de Macri pondrá en marcha diferentes medidas de control a los sindicatos. Entre ellas, el relevamiento de las asociaciones y exigir la presentación de declaraciones juradas de los jefes de las obras sociales junto con el monitoreo de libros contables, padrones y bienes de los gremios. Otra de las resoluciones en estudio consistiría en impedir que los dirigentes sindicales sean sucedidos por familiares (el caso más conocido son los Moyano en Camioneros).
En este sentido, en fuentes del Gobierno aclaran que "no es que Macri tenga un problema personal con (Hugo) Moyano, sino que los costos del transporte surgen como un común denominador en las mesas sectoriales de las que participa el Presidente". En efecto, es poco conocido, pero el primer mandatario suele dedicar horas a participar en estos encuentros en búsqueda de la reducción de costos y ganancia de productividad. Y no sólo eso, señalan, sino que toma nota de los temas y es quien controla en los distintos encuentros el grado de cumplimiento, hecho que supone "un fuerte impulso a los cambios, ya que nadie quiere quedar en off side frente al Presidente".
Lo que no está del todo claro en el Gobierno es quién será el principal responsable del enfrentamiento con "las prácticas sindicales corruptas". El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, fue ratificado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña (tras el escándalo que lo involucró por la contratación de una casera en un sindicato intervenido por el Estado, el SOMU), pero en medios de la Casa Rosada hay quienes ponen en duda su continuidad en el cargo.
Más allá del "buen trabajo" que está haciendo Triaca, según fuentes del Gobierno, se plantean interrogantes sobre si el actual ministro es la persona indicada para llevar adelante el enfrentamiento con las prácticas espurias del sindicalismo (Jorge Triaca, el padre del ministro, fue un miembro destacadísimo del sindicalismo tradicional). Si bien es ponderada la tarea que realiza Patricia Bullrich al frente de la cartera de Seguridad, su perfil seduce al entorno presidencial por sus antecedentes. Bullrich, cabe recordar, supo enfrentar al sindicalismo y particularmente a Hugo Moyano, cuando se desempeñó como ministra de Trabajo en el Gobierno de la Alianza, cuando el enriquecimiento de los gremialistas no era tan conocido como hoy.
Por lo pronto, algunos datos poco conocidos dan cuenta de la decisión del Gobierno de confrontar al sindicalismo enfrentado a la administración oficial. Al respecto, desde la Casa Rosada no se hizo nada frente a las presiones de la Transportadora OCA (que se vincula al gremio de Camioneros) para hacerse cargo de la distribución que licitó recientemente el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, concurso del que quedó afuera.
En tren de bajar costos, el Gobierno está estudiando los gastos en medicamentos de las obras sociales. En medios oficiales se señala que sólo en los diez primeros meses del año pasado, las obras sociales sindicales gastaron unos $10.000 millones (en los dos últimos meses del año el gasto tiende a subir por razones de aprovisionamiento). Y pese a lo abultado de este gasto, "no recordamos que haya habido un enfrentamiento entre los compradores de las obras sociales y los laboratorios", deslizan con suspicacia.
El principal demandante de especialidades medicinales del país es el PAMI. Cabe recordar que sobre un presupuesto de $146.000 millones, en números redondos, la obra social de los jubilados gasta aproximadamente la cuarta parte en medicamentos, unos $3.000 millones por mes, y ya se sabe que el año viene difícil por los recortes presupuestarios.
Así, fuentes oficiales adelantan que los gastos en medicamentos y las políticas de precios de los laboratorios están bajo la lupa oficial. "No es que se vayan a aplicar controles de precios - anticipan-, sino que se utilizará la ley de defensa de la competencia". Pero, advierten, el tema no se limita a la industria farmacéutica; la decisión oficial es avanzar en todos aquellos sectores en los que la oferta pueda estar concentrada y se lleven a cabo prácticas abusivas.
Y el Gobierno también piensa dar el ejemplo, según sostienen en la Casa Rosada. Ya está tomada la decisión de congelar, al menos por este año, los sueldos del Presidente, los ministros, secretarios y subsecretarios de Estado. Se trata de una medida que afectaría a 324 funcionarios: al propio Presidente, al jefe de Gabinete, a los 21 ministros, 91 secretarios y 209 subsecretarios de Estado. A modo de referencia, el sueldo de los ministros en bruto asciende a $183.000 mensuales. Esta decisión se acompañaría de un recorte en las estructuras del Estado
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