EL PAIS:Crece el escándalo por los aportantes truchos a la campaña de Cambiemos y la Justicia comienza a investigar
La investigación periodística reveló que Cambiemos utilizó los nombres de casi 500 beneficiarios de planes sociales para hacerlos pasar por aportantes a su campaña electoral en provincia Buenos Aires en 2017.
Fue cuando el funcionario participó de Pluspetrol, una petrolera de capitales argentinos donde se desempeñó hasta mayo de 2015. Según reprodujo el sitio Política Argentina, el ex titular de Vialidad Nacional estuvo encargado de las operaciones de la compañía, a través tres poderes de abogado, otorgados entre 2012 y 2014. Los documentos lo autorizan a desarrollar actividades legales, bancarias y financieras en nombre de la offshore. El funcionario estuvo a cargo de “desarrollar la estrategia de negocios, la estructura del personal y logística” en ese país.
Una de las Letras tiene fecha de vencimiento el 12 de octubre próximo y se amplió en 300 millones de dólares. La otra, ampliada en 500 millones, vencerá el 22 de febrero de 2019
La resolución la tomó el Ministerio de Hacienda, comandado por Nicolás Dujovne, y fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
El fiscal Jorge Di Lello, pediría en los próximos días a la justicia provincial electoral la apertura del caso para determinar si Cambiemos hizo figurar a aportantes truchos de bajos recursos para la campaña de sus candidatos a legisladores en la provincia de Buenos Aires, listas que fueros encabezadas por Graciela Ocaña y Esteban Bullrich.
Di Lello aguarda pedidos de informe solicitados con carácter de urgencia a la Cámara Electoral, a la ANSES y Gendarmería y si de ello surgen indicios que corroboren una investigación periodística, se realizará la denuncia en sede provincial.
El fiscal Di Lello pidió informes a la Cámara Electoral, Anses y Gendarmería con carácter de urgencia
El fiscal realiza una investigación preliminar que se inició a raíz de una nota del periodista Juan Amorin, en El Destape, que reveló que Cambiemos utilizó la identidad de al menos 205 personas titulares de los planes sociales Ellas Hacen y Argentina Trabaja. Luego la lista se amplió a 467 personas, todas habitantes de barrios pobres en territorio bonaerense, lo que fue ratificado este miércoles por el periodista ante el fiscal Di Lello.
La competencia para el fiscal es la provincial porque se trata de la campaña para elecciones legislativas en ese distrito.
El fiscal ya pidió con carácter de urgente a la Cámara Nacional Electoral "a fin de que informe si se encuentran afiliadas a algún partido político las 205 personas que aparecen resaltadas en el listado de aportantes a la campaña legislativa, llevada a cabo por la alianza Cambiemos del distrito de la provincia de Buenos Aires para las elecciones generales 2017".
El oficialismo bonaerense habría utilizado los nombres de casi 500 personas para fraguar los aportes de campaña.
Asimismo requirió a la ANSES con carácter urgente "un informe que contenga la situación de revista de las 205 personas que aparecen resaltadas en el listado de aportentes".
Cambiemos falsificó la firma de 500 beneficiarios sociales, los afilió y los hizo pasar como aportantes de campaña
En la última semana, El Destape publicó una extensa investigación donde se encontraron a unos 467 titulares de programas sociales que figuran como aportantes de la campaña de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich, pero que jamás contribuyeron con un peso, en una clara maniobra de lavado de activos. Sin embargo, eso no termina allí: todos ellos también figuran como afiliados al PRO, por lo que sus firmas fueron falsificadas a la hora de realizar la inscripción.
A partir del trabajo de investigación que comenzó a ser difundido la semana pasada por este medio, y que contará con varios capítulos más, muchos cooperativistas de Argentina Trabaja y beneficiarias del plan Ellas Hacen se comunicaron para informar sobre nuevas irregularidades, dado que sus nombres figuran como financistas de una campaña a la que jamás contribuyeron.
De esta forma, ya se encontraron 467 beneficiarios de planes sociales de todo el conurbano bonaerense (Quilmes, La Plata, San Isidro, San Vicente, Avellaneda, Lomas de Zamora, Temperley, La Matanza entre otros) que solo hasta el momento aparecen aportando unos $1.160.225 cuyo origen ahora se desconoce.
Sin embargo, lejos de detenerse allí, el escándalo creció todavía más: es que esta semana, luego que el fiscal con competencia electoral Jorge Di Lello decidiera abrir una investigación preliminar por las claras violaciones a la ley de financiamiento partidario que existieron, y, en paralelo, que el juez Casanello recibiera una denuncia penal por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra los diputados Graciela Ocaña y Héctor Toty Flores, y contra los senadores Esteban Bullrich y Gladys González, desde Cambiemos intentaron explicar las severas irregularidades que existieron en el financiamiento de su campaña electoral, aunque terminaron agregando un nuevo ilícito al ya largo listado.
En diálogo con el diario La Nación, desde Provincia argumentaron que los falsos aportantes “son todos afiliados al PRO”, y según pudo corroborar El Destape, es cierto: el 100% de los casos relevados por este medio resultaron positivos, figurando como “afiliados” a un partido político en la provincia de Buenos Aires.
En este sentido, es necesario destacar que para que una persona sea afiliada a una agrupación, se requieren dos copias de su documento nacional de identidad, y que complete y firme dos fichas de afiliación: una que queda en el propio partido político, y otra que queda en poder del afiliado, por lo que el PRO debió falsificar las firmas de los 467 involucrados para inscribirlos.
Es por esto que El Destape decidió relevar azarosamente casos de todos los municipios encontrados, y el resultado fue sorpresivo: el 100% de los consultados reciben planes sociales, figuran como aportantes aunque nunca pusieron un centavo, y además, están “afiliados” en la provincia de Buenos Aires.
Tal es el caso de Delia Isabel Campos, de La Matanza, cuyo documento finaliza en 893, y quien, según los registros obtenidos de la Justicia Electoral, aportó en total $2.000 a las campañas de Graciela Ocaña y Esteban Bullrich ($500 para cada uno en las PASO y las generales) y se encuentra inscripta como afiliada al PRO. Misma situación ocurre con Rodrigo Ramírez, de San Martín, cuyo DNI termina en 625: teóricamente aportó $2.450 a las campañas de Cambiemos, y también se encuentra registrado como afiliado, aunque nunca completó ninguna ficha.
Lo mismo sucede con Paula Benapres, con DNI terminado en 974, y residencia en Florencio Varela. Paula figura como aportante de $2.400 a las campañas de Ocaña y Bullrich ($600 para cada uno en las PASO y las generales) y también, se supone, es afiliada al PRO. En diálogo con El Destape, Benapres fue taxativa: “Quiero que solucionen esto y que me devuelvan algo tan propio, algo que es tan mío como mi nombre. No puede ser que hagan esto con los que menos tienen”, declaró.
Algo similar también sucedió con Noemi Viera, ex oooperativista de Argentina Trabaja. Viera figura cooperando $1950 a la campaña de Ocaña y Bullrich, y también como afiliada a un partido político. Ante la consulta de El Destape, Viera negó toda vinculación financiera o política con Cambiemos o el PRO, y le pídió en forma directa a Graciela Ocaña "que explique por qué" figura allí "ya que tanto habla de la corrupción y la transparencia".
Cartón lleno: el nuevo ministro de Energía figura en los Paradise Papers
Javier Iguacel, quien reemplaza a Aranguren en la cartera de Energía, está vinculado a operaciones en paraísos fiscales para la petrolera Pluspetrol. Uno más y van...
Ya no es novedad. Este Gobierno que vino supuestamente a terminar con la corrupción, sigue dando noticias que van en sentido contrario. El flamante ministro de Energía, Javier Iguacel, figura en los Paradise Papers.
Según una docena de archivos identificados por el diario Página 12 entre los Paradise Papers, Iguacel contó con atribuciones administrativas, bancarias y financieras otorgadas por la compañía caimanesa a Iguacel entre 2012 y 2014. El documento utilizado para extender esas capacidades se denomina “poder de abogado”. Las megafiltraciones expusieron que es un extendido instrumento utilizado por los verdaderos dueños de las empresas offshore que pretenden ocultar su identidad a las autoridades correspondientes ya que sus nombres no figuran en los documentos oficiales.
El Gobierno volvió a emitir deuda, esta vez por 800 millones de dólares
La decisión del Ministerio de Hacienda, comandado por Nicolás Dujovne, se da en el marco de una "estrategia financiera integral" para el 2018.
El Gobierno volvió a emitir duda esta vez, por 800 millones de dólares. Lo hizo mediante la emisión de dos Letras del Tesoro y “en el marco de una estrategia financiera integral y del programa financiero” para 2018.Una de las Letras tiene fecha de vencimiento el 12 de octubre próximo y se amplió en 300 millones de dólares. La otra, ampliada en 500 millones, vencerá el 22 de febrero de 2019
La resolución la tomó el Ministerio de Hacienda, comandado por Nicolás Dujovne, y fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
Comentarios
Publicar un comentario