Referentes de cinco provincias, incluida la santafesina Analía Colombo, enviaron notas al presidente Macri, al ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a Diputados y al Senado de la Nación. Piden participar en el debate legislativo del anteproyecto.
Defensores provinciales de Niñas, Niños y Adolescentes enviaron una nota al presidente Mauricio Macri en la que plantearon reparos al anteproyecto de ley que baja la edad de imputabilidad penal de 16 a 15 años. También reclaman que se priorice el interés superior de la niñez y se fortalezcan adecuadamente los sistemas de protección integral; y que se designe a un defensor o defensora nacional, decisión que está demorada desde hace años.
También se dirigieron por nota al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Emilio Monzó, y a la titular del Senado Gabriela Michetti, para pedir que se los convoque al momento del debatir el anteproyecto de Ley Penal Juvenil en el Congreso.
Se trata de los defensores y defensoras de Santa Fe -a cargo de Analía Colombo-, Córdoba, Santiago del Estero, Misiones y La Pampa; es decir, las cinco provincias que cuentan con ese organismo y que también enviaron una misiva al subsecretario de Justicia y Política Criminal del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan José Benítez.
Cifras que alarman
“En el marco de un complejo contexto económico entendemos que es urgente priorizar y fortalecer el financiamiento de la protección social y redoblar los esfuerzos en favor de la infancia”, exponen en la nota enviada al jefe de gobierno nacional. “Es sabido que las crisis económicas producen un gran impacto en las niñas, niños y adolescentes, sobre todo, en aquellas que viven en condiciones de vulnerabilidad y se ven afectadas particularmente”.
En este punto, remiten a los datos aportados por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que indica que la situación de pobreza en niñas y niños supera el 48% y un 33,8 % de esta población debe asistir a un comedor escolar o barrial para alimentarse. Y suman como argumento que Unicef Argentina reveló que el 48% de los chicos argentinos son pobres.
“Ante estas alarmantes cifras, la responsabilidad del Estado es doble: por un lado, ampliar derechos y prestar protección haciendo foco en aquellas familias con niñas y niños en situación de pobreza, y, por otro lado, garantizar el presupuesto del sistema de protección integral infantil”. En ese marco, consideran que los recortes presupuestarios a los programas y políticas dirigidas a niñez y adolescencia “encienden una alarma para quienes trabajamos en favor de los derechos de esta población y violan la obligación, que Argentina tiene como Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, de garantizar el principio de ‘interés superior del niño hasta el máximo de los recursos de que dispongan’“.
En este contexto, advierten sobre la “incertidumbre y preocupación” que suma la postergada designación de un Defensor de Niñas y Niños y Adolescentes -nombramiento que se espera desde hace más de 11 años- y de cuyo proceso ante la Comisión Bicameral hemos participado los cinco defensores provinciales sin que, a la fecha, haya novedades sobre el dictamen final y la designación”.
Giro Punitivista
El proyecto de Ley Penal Juvenil que estipula la baja de edad de punibilidad es otro tema de preocupación, teniendo en cuenta que quienes firman el documento también fueron convocados a participar de las mesas de diálogo en el ministerio de Justicia de la Nación “y hubo un consenso casi unánime en no bajar la edad de imputabilidad”.
“La propuesta significa un giro punitivista que apunta a lograr mayores niveles de seguridad, y tal como se ha manifestado Unicef Argentina, bajar la edad de imputabilidad no mejora la seguridad”. Si bien evalúan que “es necesario avanzar hacia una adecuación normativa”, advierten que “es preciso hacerlo en línea con los nuevos paradigmas de protección integral, en consonancia con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos, garantizando el acceso a la Justicia y donde la restricción de la libertad personal sea el último recurso”.
En el centro del debate
Como se dijo, otras tres notas fueron dirigidas al subsecretario de Justicia y Política Criminal del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a Monzó y a Michetti. En este caso es para hacer un llamado “a la reflexión”, apelar al “buen criterio” y, en el caso del Poder Legislativo, ser convocados para discutir el proyecto en la Cámara.
Sobre el anteproyecto presentado el viernes últimos por los ministros de Justicia y de Seguridad de la Nación, insisten en que “como organismos públicos de derechos humanos especializados en niñez y adolescencia consideramos que no expresa el consenso construido en las mesas de trabajo de las cuales participamos en torno a la edad de punibilidad”.
Y argumentan que “si bien los estándares internacionales en la materia no establecen la edad mínima de punibilidad, existe en nuestro país el principio constitucional de no regresividad. Por lo cual, un Sistema de Justicia Penal Juvenil desde el enfoque de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia y el paradigma de la Protección Integral, no debe asumir la baja de edad de punibilidad en las y los adolescentes”.
Los cinco defensores de Niñez y Adolescencia señalan por último que “las infancias y adolescencias tienen derecho a contar con un Sistema de Justicia Penal Juvenil de la democracia; respetuoso del principio de especialidad, que siga los lineamientos de la justicia restaurativa, que se enmarque dentro del Sistema de Protección Integral y que exprese en la ley y en las políticas públicas las Observaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas”. Aclaran que “por y para ello, nos dispusimos a trabajar conjuntamente desde el primer momento”; no obstante, “no acompañamos la redacción final de este anteproyecto”.
El 25% de los reclamos de usuarios es sobre créditos y servicios bancarios
En un comunicado de prensa, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe informó que el 25 % de los reclamos de consumidores están vinculados a tarjetas de créditos y servicios bancarios. A raíz del número de ciudadanos que se presentaron en las defensorías del país manifestando problemas vinculados a entidades financieras, entre los que se destacan los créditos UVA y a las tarjetas de crédito, las defensorías de todo el país gestionaron un canal de diálogo más fluido con funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Tras este canal de diálogo abierto entre las instituciones, desde las defensorías informaron que todas las entidades bancarias están obligadas a tener una oficina de atención a los usuarios, y que éstas tienen obligación de responder los reclamos efectuados desde las defensorías del Pueblo en un plazo máximo de 20 días.
“Los reclamos vinculados a tarjetas de créditos y servicios bancarios representan un 25 % del total de reclamos de consumidores que llegan a la institución”, agrega el parte de prensa. Ante un reclamo sobre esta temática, la Defensoría del Pueblo de Santa Fe efectúa gestiones oficiosas ante la entidad financiera.
De no obtenerse respuestas, “no sólo se derivan las actuaciones a la Dirección de Comercio Interior y Servicios sino que también a la Gerencia de Protección de Usuarios de Servicios Financieros del BCRA, quien tiene la facultad de proveer a la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros”, agrega.
En este contexto, desde la institución enfatizaron en que los usuarios que requieran información, o bien presentar reclamos relativos a bancos, tarjetas de crédito, créditos UVA o cualquier otro producto financiero, puede acercarse a cualquiera de las sedes o delegación de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe.
Puerto de Santa Fe: la justicia federal pide investigar a Vorobiof por evasión
Para la AFIP, durante la gestión del ex titular del Ente Administrador Puerto de Santa Fe se presentó documentación falsa con el fin de evadir impuestos, por lo que la justicia federal solicitó medidas. Vorobiof tiene un procesamiento firme por "negociaciones incompatibles con la función pública" y "peculado". La sindicatura había advertido al entonces gobernador, Antonio Bonfatti, de las irregularidades en el Puerto. Pero el Ejecutivo decidió hacer oídos sordos.
El ex titular del Ente Administrador Puerto de Santa Fe, Marcelo Vorobiof, otra vez está en la mira de la justicia. Esta vez, la federal. El fiscal Walter Rodríguez solicitó promover la acción penal contra el ex funcionario por el presunto delito de “evasión impositiva agravada”, durante su gestión al frente del EAPSF. Cabe recordar que Vorobiof tiene un procesamiento firme en la justicia provincial por “negociaciones incompatibles con la función pública” y “peculado”, en una causa en la que quedó al descubierto el armado de empresas fantasmas, integradas por familiares directos del máximo responsable del puerto, para facturarle servicios al Ente.
Según un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante 2012 y 2013 el organismo presentó documentación apócrifa, lo que le permitió evadir $488.671,73 en 2012 y $462.097,52 en 2013. Teniendo en cuenta la cotización del dólar en esos años, la defraudación al Estado fue de aproximadamente 170 mil dólares. Para la AFIP, “los responsables del Ente ocultaron su obligación tributaria mediante la presentación de declaraciones juradas engañosas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado de los ejercicios fiscales 2012 y 2013, respaldados con documentación apócrifa”.
En su informe, además, quedan claras varias de las irregularidades ya denunciadas, por otros delitos, en la causa que se tramita en la provincia. Entre ellas, por ejemplo, la incorporación como proveedor de Aníbal Daniel Carioliche, quien por servicios como “limpieza de elevadores de descarga de cereales, limpieza de silos, sótanos y tolvas” percibió, supuestamente, un total de 163.962,08 pesos (aproximadamente 38 mil dólares). Sin embargo, todo indica que Carioliche era simplemente un prestanombre: según empleados del puerto, iba a cobrar los cheques “siempre acompañado por alguien cercano a Vorobiof”. Un detalle: seis meses después de esas tareas, Carioliche fue detenido por un homicidio. En 2015 fue condenado a 14 años de prisión.
No sólo para cobrar cheques utilizaron a Carioliche. También para integrar la firma Rumbo Portuario SRL, junto a Rodrigo Carelli y su esposa, María Guadalupe Oroño, cuyo directorio estaba integrado por dos personas del Ente vinculadas a Vorobiof: Fernando Molinari y Sebastián Alonso. Esa firma tuvo la suerte que desea cualquier emprendedor: apenas un día después de su creación, el Ente Portuario le asignó obras de “desmalezamiento y mantenimiento de espacios verdes”. Cobró por diferentes obras entre el 22 de diciembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2012 un total de 1.094.957,76 pesos. Según el cambio de aquel momento el equivalente a, aproximadamente, 245 mil dólares. En total, le adjudicaron tareas por más de 2 millones de pesos.
“Esa empresa se creó para facturarle al Puerto sin hacer nada. Todas esas tareas se realizaban con máquinas, combustibles y camionetas del propio puerto. A veces incluso las tareas las realizaban gente de la Cooperativa, ni siquiera de la empresa”, afirmó un trabajador del EAPSF, que pidió reserva. Según la pericia contable oficial, algunas de las órdenes de pago fueron firmadas por personas de las que “se desconoce su relación con la empresa contratista”. Una de ellas vinculada a la empresa Las Brisas, dedicada a la producción de productos orgánicos y propiedad de, no casualmente, Vorobiof, un “proyecto de familia”, tal como puede leerse en su sitio.
El fiscal federal Rodríguez solicitó promover la acción penal contra Vorobiof, y dispuso además una serie de medidas: que “se despejen las circunstancias de las adjudicaciones que favorecieron a Rumbo Portuario SRL”, que “se certifique el Estado actual de la causa seguida a Marcelo Héctor Vorobiof ante la justicia provincial” y que se requiera una copia de la pericia contable realizada al Ente, en el marco de esa causa (parte de esa pericia, puede leerse aquí).
Bonfatti sabía del Puerto
Lo que está claro es que la gestión del entonces gobernador de la provincia, y actual precandidato a gobernador, Antonio Bonfatti, estaba al tanto de las groseras irregularidades cometidas por Vorobiof en el Puerto.
La Sindicatura General de la Provincia elaboró informes en los meses de junio de 2012 y 2013. La SIGEP, que es el órgano de control interno del gobierno, desnudó todas las irregularidades que hoy investiga la justicia. Pese a esos informes, que fueron presentados en la Dirección Provincial de Entes Portuarios y Túnel Subfluvial, que depende del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, el Ejecutivo decidió no actuar.
Allí, por ejemplo, se refería específicamente a la situación de la empresa Rumbo Portuario, una de las empresas fantasmas montadas durante la gestión Vorobiof. Fue allanada y se demostró que allí sólo hay una casa de familia. Cuando el Ministerio de Trabajo requirió la presencia de una autoridad de la firma, se hizo presente en el lugar Sergio Vázquez, yerno de Vorobiof.
Ya en 2012 la SIGEP remarcaba que “la presentación de Rumbo Portuario ante los organismos oficiales pertinentes (AFIP, API, Registro Público de Comercio) son de fecha posterior a la oportunidad de presentar ofertas (implica que no estaba regularmente constituida al momento de observar y no puede decirse que a la fecha lo esté)”.
En junio de 2013, un año después, la SIGEP remarcaba que el capital social de la empresa es de 100 mil pesos y que las dos obras que le fueron adjudicadas (una de ellas un día después de su creación) ascienden a “un monto cercano a los 600 mil pesos”. Además, sostiene que “el objeto social con el que se constituyó es notoriamente incompatible con las gestiones adjudicadas por el EAPSF”.
Según un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante 2012 y 2013 el organismo presentó documentación apócrifa, lo que le permitió evadir $488.671,73 en 2012 y $462.097,52 en 2013. Teniendo en cuenta la cotización del dólar en esos años, la defraudación al Estado fue de aproximadamente 170 mil dólares. Para la AFIP, “los responsables del Ente ocultaron su obligación tributaria mediante la presentación de declaraciones juradas engañosas correspondientes al Impuesto al Valor Agregado de los ejercicios fiscales 2012 y 2013, respaldados con documentación apócrifa”.
En su informe, además, quedan claras varias de las irregularidades ya denunciadas, por otros delitos, en la causa que se tramita en la provincia. Entre ellas, por ejemplo, la incorporación como proveedor de Aníbal Daniel Carioliche, quien por servicios como “limpieza de elevadores de descarga de cereales, limpieza de silos, sótanos y tolvas” percibió, supuestamente, un total de 163.962,08 pesos (aproximadamente 38 mil dólares). Sin embargo, todo indica que Carioliche era simplemente un prestanombre: según empleados del puerto, iba a cobrar los cheques “siempre acompañado por alguien cercano a Vorobiof”. Un detalle: seis meses después de esas tareas, Carioliche fue detenido por un homicidio. En 2015 fue condenado a 14 años de prisión.
No sólo para cobrar cheques utilizaron a Carioliche. También para integrar la firma Rumbo Portuario SRL, junto a Rodrigo Carelli y su esposa, María Guadalupe Oroño, cuyo directorio estaba integrado por dos personas del Ente vinculadas a Vorobiof: Fernando Molinari y Sebastián Alonso. Esa firma tuvo la suerte que desea cualquier emprendedor: apenas un día después de su creación, el Ente Portuario le asignó obras de “desmalezamiento y mantenimiento de espacios verdes”. Cobró por diferentes obras entre el 22 de diciembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2012 un total de 1.094.957,76 pesos. Según el cambio de aquel momento el equivalente a, aproximadamente, 245 mil dólares. En total, le adjudicaron tareas por más de 2 millones de pesos.
“Esa empresa se creó para facturarle al Puerto sin hacer nada. Todas esas tareas se realizaban con máquinas, combustibles y camionetas del propio puerto. A veces incluso las tareas las realizaban gente de la Cooperativa, ni siquiera de la empresa”, afirmó un trabajador del EAPSF, que pidió reserva. Según la pericia contable oficial, algunas de las órdenes de pago fueron firmadas por personas de las que “se desconoce su relación con la empresa contratista”. Una de ellas vinculada a la empresa Las Brisas, dedicada a la producción de productos orgánicos y propiedad de, no casualmente, Vorobiof, un “proyecto de familia”, tal como puede leerse en su sitio.
El fiscal federal Rodríguez solicitó promover la acción penal contra Vorobiof, y dispuso además una serie de medidas: que “se despejen las circunstancias de las adjudicaciones que favorecieron a Rumbo Portuario SRL”, que “se certifique el Estado actual de la causa seguida a Marcelo Héctor Vorobiof ante la justicia provincial” y que se requiera una copia de la pericia contable realizada al Ente, en el marco de esa causa (parte de esa pericia, puede leerse aquí).
Bonfatti sabía del Puerto
Lo que está claro es que la gestión del entonces gobernador de la provincia, y actual precandidato a gobernador, Antonio Bonfatti, estaba al tanto de las groseras irregularidades cometidas por Vorobiof en el Puerto.
La Sindicatura General de la Provincia elaboró informes en los meses de junio de 2012 y 2013. La SIGEP, que es el órgano de control interno del gobierno, desnudó todas las irregularidades que hoy investiga la justicia. Pese a esos informes, que fueron presentados en la Dirección Provincial de Entes Portuarios y Túnel Subfluvial, que depende del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, el Ejecutivo decidió no actuar.
Allí, por ejemplo, se refería específicamente a la situación de la empresa Rumbo Portuario, una de las empresas fantasmas montadas durante la gestión Vorobiof. Fue allanada y se demostró que allí sólo hay una casa de familia. Cuando el Ministerio de Trabajo requirió la presencia de una autoridad de la firma, se hizo presente en el lugar Sergio Vázquez, yerno de Vorobiof.
Ya en 2012 la SIGEP remarcaba que “la presentación de Rumbo Portuario ante los organismos oficiales pertinentes (AFIP, API, Registro Público de Comercio) son de fecha posterior a la oportunidad de presentar ofertas (implica que no estaba regularmente constituida al momento de observar y no puede decirse que a la fecha lo esté)”.
En junio de 2013, un año después, la SIGEP remarcaba que el capital social de la empresa es de 100 mil pesos y que las dos obras que le fueron adjudicadas (una de ellas un día después de su creación) ascienden a “un monto cercano a los 600 mil pesos”. Además, sostiene que “el objeto social con el que se constituyó es notoriamente incompatible con las gestiones adjudicadas por el EAPSF”.
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