EL PAIS:Córdoba 80 días de acampe y sin respuestas del intendente Radical ante fumigaciones ilegales

Tras decenas de denuncias de fumigaciones con agrotóxicos, vecinos autoconvocados continúan reclamando al municipio mayor control y sanciones, además de una legislación que amplíe las restricciones para las fumigaciones, en resguardo de la salud y el ambiente de la región.
hace 80 días mantienen un acampe en protesta contra el uso desmedido e irregular de agroquímicos en la zona.
Según la Asamblea de Autoconvocadxs, la Municipalidad de Sebastián Elcano no está aplicando las sanciones previstas en la Ley Provincial de Agroquímicos N° 9.164 ante situaciones de fumigaciones ilegales. Tampoco se realizan controles oficiales y son los vecinos y vecinas de la ciudad, los que alertan cada pulverización y fumigación irregular.
En diálogo con Radio La Ronda, Mónica Ponce, integrante de la Federación de Organizaciones de Base (FOB Córdoba Norte) y miembro de la Asamblea de Autoconvocadxs de Sebastián Elcano, denunció la falta de respuestas y manifestó que elevarán a juicio la causa por varios casos de contaminación ambiental.
“Tuvimos la primera mesa de diálogo con gente del municipio y gente del Ministerio de Agricultura de la provincia, después para el 13 de diciembre tuvimos una convocatoria para una segunda mesa, donde no pudo estar el ministerio y estuvieron sólo la gente del municipio y algunos gringos de la localidad. Entonces no pudimos llegar a nada. La primera mesa de diálogo estuvo bien, la segunda, no. Todo lo que se había prometido en un principio, nada se cumplió”, explicó Mónica Ponce.
A su vez, en materia de legislación local, aún sigue sin ser tratado por el Concejo Deliberante de Sebastián Elcano el proyecto vecinal para restringir las fumigaciones en la localidad.
Manolo Bonaldi, intendente (UCR), que gobierna la ciudad desde hace 25 años, se negó al tratamiento del proyecto presentado por vecinos y vecinas, e hizo una contrapropuesta que difiere mucho del proyecto original y que es rechazada unánimemente por la Asamblea de Autoconvocados.
“Nosotros queremos llegar a un buen arreglo y que llevemos a un acuerdo intermedio de los metros, y no que sea la propuesta que nos dan de 100 metros, porque 100 metros no es nada para nosotros”, comentó Ponce.
Desde el ejecutivo proponen restringir las fumigaciones a sólo 100 metros del ejido urbano, mientras que la asamblea de autoconvocadxs exige 1.500 metros de distancia de la zona urbana para las aplicaciones terrestres y 3.000 metros para las aéreas.
Finalmente, tras falta de respuestas por parte de los estados municipal y provincial, miembros de la Federación de Organizaciones de Base (FOB) del Norte de Córdoba junto a la Abogada del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), Victoria Gauna, presentaron la denuncia por “contaminación ambiental con agrotóxicos en la localidad de Sebastián Elcano”.
“Creemos que no es la única localidad de Sebastián Elcano y no es el único pueblo que nos están envenenando sino que hay varias localidades cercanas, y nosotros queremos con ésto concientizar a las otras regiones, a las otras localidades, pueblos y parajes vecinos para que hagan el mismo paso que estamos haciendo nosotros y que se vea que se puede sembrar, se puede trabajar sin agrotóxicos”, dijo Mónica Ponce de la Asamblea de Autoconvocadxs de Sebastián Elcano.
Luego de una semana de dicha presentación en la Fiscalía de Instrucción de Deán Funes, se analizan elevar otras denuncias de personas afectadas en la salud por fumigaciones irregulares.

Otra recuperación territorial mapuche a Benetton

La comunidad Kurache anunció que inició ese proceso en el denominado cuadro El Platero, que hoy ocupa la multinacional Compañía Tierras del Sur. Fijó postura contra la megaminería y la políticas extractivistas.

“Hemos recuperado lo robado” que “por derecho ancestral nos pertenece”. En estos términos la Lof Kurache anunció el “proceso de recuperación territorial en el cuadro El Platero a la multinacional Compañía tierras del sur de la familia Benetton”.
La se origina ”en la necesidad primaria de seguir existiendo como mapuche en nuestro territorio, en tierras aptas para nuestro desarrollo espiritual, cultural, económico, social y político negado por más de 140 años. Como así también, en las escasas o casi nulas políticas de entregas de tierra productivas a pesar de los grandes conflictos territoriales”, señaló la comunidad a través de un comunicado.
Los integrantes de la Lof deunciaron que, en Chubut, “se prioriza la creación de ministerios de minería e hidrocarburos antes que instancias gubernamentales para la expropiación y devolución de tierras usurpadas por estancieros, o creación de escuelas interculturales en los espacios rurales de las comunidades para poner un freno la migración del campo a la ciudad, desplazando los conflictos territoriales al Poder Judicial o mesas de mediación que no conducen a ninguna solución concreta por la ausencia del Poder Ejecutivo o criminalizando las reivindicaciones territoriales y optando por protocolos para reprimir los reclamos de las comunidades”.
Sobre la estancia de la familia Benetton -que posee más de 900 mil hectáreas en la Patagonia-, la Lof Kurache señaló que pretende “continuar agrietando los cimientos de la estructura económica de la gran estancia la cual nos ha llevado luego del despojo a padecer de hambre, explotación de nuestros hermanos y pobreza para las comunidades. Y la mejor forma de hacerlo es recuperar lo robado que por derecho ancestral nos pertenece”.
“Nuestro posicionamiento ideológico que se nutre del kimun y el feyentun mapuche nos impulsa a definirnos hoy como anticapitalistas e ir en contra de la concentración de tierras en manos de unos pocos”, agregó la comunidad.
En relación al renovado impulso a la minería, planteó que su “herramienta fundamental es la recuperación y el control territorial por parte de las comunidades para seguir preservando los ecosistemas naturales que durante miles de años han permitido la diversidad de vida en nuestro wallmapu en una completa armonía, y no seguir permitiendo más zonas de sacrificio”.
“No hay vida sin agua y no hablamos del agua embotellada sino del agua que corre libre por el territorio”, resumió la Lof.
Finalmente, la comunidad realizó “un llamado a todos los trabajadores mapuche, puesteros jornaleros, empleadas domésticas, estudiantes, esquiladores, obreros de la construcción y desocupados a recuperar en familias lo usurpado por la gran estancia, ya que la riqueza de esta se ha generado con el sudor y la sangre de nuestro padres y abuelos y por ende nos pertenece. A los peñi y lamgen con tierras poco productivas, linderos de las estancias los invitamos a voltear el alambre. A dejar las rencillas por la escasa tierra entre vecinos mapuche y unirnos para luchar contra el verdadero enemigo, los dueños de las estancias los grandes grupos empresariales que usurpan nuestros territorios para crear paraísos privados, las empresas mineras y de hidrocarburos que aún intentan vendernos un falso progreso y bienestar económico a cambio de la entrega total de nuestro wallmapu y los bienes comunes, dejando el agua la tierra y el aire totalmente contaminado”.

Imputan al Presidente de la Corte Rosenkrantz por presuntas cuentas offshore

La justicia imputó al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz por la presunta existencia de cuentas offshore en paraísos fiscales. Rosenkrantz, figuraría como titular de las cuentas donde habría recibido millonarios pagos.

En la causa que recayó en el juzgado del Juez Ariel Lijo, también está imputado su exsocio, Gabriel Bouzat, quien había declarado anteriormente en una oportunidad en la justicia que nunca estuvo en Panamá -donde creen que constituyó una financiera-, sin embargo, un trabajo de investigación periodística lo expuso a mediados de este año (2019).
Denuncian que Carlos Rosenkrantz y su ex socio tienen 71 cuentas offshores. Es el juez de la Corte que Macri intentó meter por decreto. Todo el macrismo tiene denuncias con offshores, negocios con Odebrecht y prebendas del Estado.Ojalá no nos olvidemos de esto en el futuro.
La fecha de asignación de esta denuncia al juzgado número 4, es del 18 de diciembre del año en curso (2019), expediente núm: CFP 9347/2019.
Como se observa en la carátula del expediente difundido por el periodista Darío Villarruel, el denunciante es Silvio Gabriel Gusso, (candidato a secretario General de la Unión Tranviarios Automotor, UTA).
Imputan al Presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz y a su ex socio Gabriel Bouzat por la presunta existencia de cuentas off shore en paraísos fiscales. La causa recayó en el Juzgado de Ariel Lijo.
Cabe recordar que Rosenkrantz, fue recomendado al expresidente de la nación, Mauricio Macri por Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, ex abogado de Clarín y principal arquitecto del armado judicial del presidente, en 2016 Rosenkrantz aceptó ser nombrado (junto a Rosatti) Juez de la CSJN por un Decreto de Necesidad y Urgencia. Ante el repudio generalizado de la sociedad, esta medida inconstitucional debió revertirse, enviando los pliegos para la posterior aprobación de su nombramiento por el poder legislativo, con el aval del bloque PJ-FPV (con voto dividido), UCR y PRO entre otros.