Trabajo semiesclavo y ausencia de medidas de bioseguridad
Entre el 17 y 22 de junio, las autoridades costarricenses clausuraron 92 empresas agrícolas ubicadas en el norte del país, a pocos kilómetros de la frontera nicaragüense. No sólo operaban sin permiso sanitario, sino que empleaban a trabajadores migrantes irregulares y en condiciones de semiesclavitud. Decenas los casos positivos de Covid-19.
Una vez más, la imagen-país de Costa Rica como herramienta de marketing choca con la realidad inquietante de la explotación laboral y el trabajo semiesclavo de miles de migrantes.
Lo que las autoridades “descubrieron” en estas empresas agrícolas es tan sólo la punta del iceberg de una situación de barbarie de sobra conocida e irresponsablemente desdeñada y desatendida, que la Rel UITA ha abordado y denunciado en diferentes oportunidades.
Fueron 148 las empresas inspeccionadas. Además de las 92 que fueron cerradas (entre fincas y empacadoras), a 57 se les aplicó órdenes sanitarias y 21 fueron sancionadas por infringir el código laboral. La inspección abarcó a casi 6.000 personas, dijo el ministro de Seguridad Michael Soto[1].
Decenas los trabajadores migrantes con condición migratoria irregular, sobreexplotados y sin derechos. Varios de ellos con coronavirus.
En el epicentro de los controles están empresas productoras, empacadoras, comercializadoras y exportadoras de piña, caña de azúcar, tubérculos y cítricos.
En estas mismas zonas (San Carlos, Upala, Los Chiles, San Ramón, Guatuso, Sarapiquí) es donde en las últimas semanas ha habido un fuerte aumento de los casos de Covid-19.
Para nadie es un secreto que las condiciones inhumanas de vida y trabajo de cientos de trabajadores y trabajadoras son una bomba de tiempo anunciada, que obliga a las autoridades a asumir sus responsabilidades ante el tiempo perdido.
Años de explotación y desidia
“Más del 60 por ciento de las empresas inspeccionadas fueron clausuradas. Ahora se rasgan las vestiduras, pero se han mantenido años mirando para otro lado. En el norte del país hay un estado de apartheid de hecho. Una vergüenza.
Ahora vamos a ver si las autoridades se atreven a inspeccionar a las grandes plantaciones del gran capital transnacional”, dijo Frank Ulloa, asesor de la Rel UITA.
Para la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) estas empresas, todas de capital transnacional que operan a través de intermediarios nacionales, serían responsables de los delitos de trata de personas, incumplimiento culposo y propagación de epidemia.
Este importante espacio de lucha ecologista apunta el dedo en especial contra la expansión de las plantaciones de piña en Costa Rica.
“Todas estas empresas piñeras que fueron cerradas deben ser investigadas por la fiscalía para sentar las responsabilidades de manera clara”, manifiesta la FECON en un comunicado[2].
Una de ellas, Exportaciones Norteñas S.A., es socia de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP). Desde el año 2015 ha sido cuestionada por mantener a centenares de trabajadores en condiciones de semiesclavitud y por su antisindicalismo, advierte el Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (SITRASEP).
Durante la inspección que llevó a su cierre, el Ministerio de Salud detectó al menos 21 trabajadores con Covid-19. Para Dany Villalobos, presidente de la FECON, esta y otras empresas habrían actuado de mala fe.
“El sector agroindustrial no sólo ha sido reacio a seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, sino que ha venido presionando para que el gobierno flexibilizara las disposiciones.
Su único objetivo es continuar acumulando ganancias por encima de la salud de trabajadores y poblaciones rurales”, señaló Villalobos en el comunicado.
Trabajadores migrantes y trata de personas
Tampoco ha habido avances en las denuncias por la contratación de personas migrantes indocumentadas.
En una investigación realizada por el Semanario Universidad[3] se advierte que “ni una sola empresa agrícola ha sido sancionada por contratar a personas migrantes indocumentadas que cruzan día a día la frontera con Nicaragua para realizar labores agrícolas”.
La Dirección General de Migración y Extranjería y el Ministerio del Trabajo y Seguridad se bolearon la responsabilidad de la carencia de acción.
“En el trabajo de campo, 9 de cada 10 trabajadores son migrantes y, de ellos, 7 de cada 10 están en condición irregular”, dijo a Semanario Universidad, Gustavo Gatica López, investigador del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE).
Para el catedrático Mauricio Álvarez, lo que ha ocurrido en estos días ha dejado en claro que el Estado “no tiene la capacidad, los deseos o el interés de meterse a fondo en una actividad que ha demostrado ser amo y señor de Costa Rica”.
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