MUNDO:Situación de varados y migrantes venezolanos en Argentina

 

Compartimos este texto que nos hizo llegar a Red Eco, el historiador, migrante venezolano, activista por los derechos humanos migrantes, Arturo Lev. Los varados y migrantes que desean volver a Venezuela piden ser exonerados de todo gasto y que busquen los mecanismos para que las aerolíneas privadas no se aprovechen y les cobren tarifas que ya han pagado en sus boletos. 

 

SITUACIÓN DE VARADOS Y MIGRANTES VENEZOLANOS EN ARGENTINA

 

 

En Argentina actualmente existen más de 300 turistas venezolanos varados desde marzo de 2020 cuando se decretó la pandemia y por consecuencia el aislamiento social, preventivo y obligatorio del gobierno argentino.

 

A ellos/ellas se suman un aproximado de 200 migrantes, también del país caribeño, que llegaron a la Argentina entre enero y marzo de 2020 buscando nuevas condiciones de vida, salud, educación y trabajo. Seguramente la data es más alta, pero muchos han optado por regresar a Venezuela por carretera y caminos ilegales antes de permanecer más tiempo en Argentina sin documento de identidad argentino, sin estar legalizados, sin tener techo ni trabajo estable.

 

Se han ido conformando en grupos de WhatsApp y por allí interactúan, buscan las maneras de ayudarse mutuamente, de darse contención y de pensar acciones para retornar a Venezuela ante las dificultades que enfrentan en Argentina, sobre todo personas mayores con problemas serios de salud.

 

Migrar es un derecho universal, pero retornar también, no a todas ni a todos les ha ido de la mejor manera en su proceso migratorio. Cuando se establecen en otros países sufren el racismo y la xenofobia en el país receptor. Además, de que no hay políticas migratorias que contengan a esta población en momentos de excepción.

 

Por ejemplo, en Argentina trabajadores/as migrantes de la economía popular e informal, y personas en condición de refugiados/as y peticionantes de refugio, han sido excluidos de los planes de contingencia y contención social por parte del gobierno que dirige Alberto Fernández.

 

Algunos/as no poseen documento nacional de identidad argentino (DNI), solo cuentan con pasaporte o cédula de identidad del país de origen o la “Precaria” (documento previo a la entrega del DNI). Esto lo ocasionó la política regresiva de derechos, aplicada por el gobierno de Mauricio Macri a través del Decreto de Necesidad y Urgencia - DNU 70/2017, que endureció los controles migratorios, modificó la Ley de migraciones y aceleró la expulsión de migrantes.

 

El gobierno argentino para mitigar la crisis económica y alimentaria de las familias implementó el “Ingreso Familiar de Emergencia - IFE” (Decreto 310/2020) para argentinos y extranjeros que tengan el DNI permanente, es decir dos (2) años de residencia ininterrumpida en territorio argentino, el IFE es una ayuda económica para quien cumpla los requisitos. Por supuesto, los migrantes venezolanos que llegaron este año a Argentina no pueden acceder a tal ayuda, en general, por el mismo problema de que no hay regularización migratoria, muchos/as migrantes de diferentes nacionalidades no pueden acceder al IFE. Ha sido una cuarentena desigual en Argentina.

 

El ser un migrante o refugiado/a no debe ser impedimento para tener derecho a protección por parte del Estado receptor y en igualdad de condiciones que los nacionales. Así lo hace ver la Ley de Migraciones 25.871 y de la Ley de Refugio 26.165, que aseguran el acceso universal a los derechos con total independencia de la situación migratoria y documentaria de las personas.

 

Los/as migrantes venezolanos, entre tantos otros, han quedado expuestos a una situación de vulnerabilidad: no tienen ni documentación ni una red de apoyo y contención en Argentina, no tienen trabajo legal o que no sea precario o temporal, y al final no pueden cumplir los requisitos que se exigen para alquilar una vivienda digna, lo cual los/as lleva a buscar opciones de vivienda en los hoteles que son en realidad lugares transitorios que no presentan las condiciones necesarias para que vivan allí las familias, siendo desalojados en muchas ocasiones durante la pandemia.

 

Con todo este contexto de dolor e indignación, es que los/as migrantes venezolanos han decidido optar por pedir a su embajada en Argentina que los retorne a Venezuela. Aquí se comienza a complicar aún más las cosas. Los espacios aéreos están cerrados, deben usar la herramienta de “vuelos especiales de repatriación humanitaria”, pero el plan del gobierno venezolano “Vuelta a la Patria” es con la aerolínea del Estado venezolano Conviasa que tiene sobre ella medidas coercitivas impuestas por la Oficina de Relaciones de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Estado de los Estados Unidos, es decir, unos 40 aviones civiles y comerciales de Conviasa no pueden volar a otros destinos del mundo que tengan convenio con esa oficina o serán sancionados.

 

Por otro lado, las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Argentina siguen tensas, ambos países no tienen embajadores sino ministros consejeros o encargados de negocios. A eso hay que sumarle que en plena cuarentena se le vencieron las credenciales, a inicios del 2020, al cuerpo diplomático venezolano que estaba anteriormente. La llegaba de otra misión diplomática, encabezado por Stella Lugo de Montilla como jefa de la misión junto con la cónsul Katiuska Maestre, fue en diciembre de 2019, pero no tuvo el reconocimiento inmediato del gobierno argentino, es decir, fueron reconocidas con sus credenciales por Cancillería argentina recién en julio y agosto de 2020 respectivamente.

 

El 19 de agosto fue habilitado un avión de la aerolínea venezolana privada Estelar para repatriar a ciudadanos argentinos y venezolanos con residencia permanente en Argentina que ya tenían boletos adquiridos para regresar a Argentina con anterioridad.

 

Ese mismo vuelo llevó el 20 de agosto ciudadanos venezolanos repatriados para Venezuela. El día 22 de agosto el presidente Maduro y el canciller Arreaza presentaron ese vuelo como uno de repatriación humanitaria de venezolanos en Argentina.

 

La embajada venezolana en Argentina y la embajada de Argentina en Venezuela se encargaron de llamar a los afectados/as para coordinar la documentación, pruebas PCR para descartar Covid-19, alojamiento para el aislamiento y para sorpresa de muchos, los pagos en dólares que tenían que realizar para ese viaje que fue notificado a última hora.

 

Las familias afectadas, tanto en Venezuela como en Argentina debieron pagar las pruebas PCR, pagar el alojamiento y pagar una suma importante en dólares para poder viajar, a pesar de que ya habían pagado su boleto, se les exigió cancelar 740 dólares a la aerolínea Estelar. Muchas familias, tal vez y tenían las condiciones económicas para pagarse el retorno especial pero comercial y nada humanitario, pero otros/as se endeudaron para poder unirse a sus familias nuevamente, los que corrieron peor suerte fueron aquellos/as, la mayoría en todo caso, que no tienen las condiciones económicas y siguen en Argentina esperando la ayuda humanitaria.

 

Desde ese vuelo las demandas en la embajada de Venezuela se han hecho más continuas, lastimosamente solo los/as que deciden y pueden acercarse son los/as que reciben respuestas del consulado aun cuando la embajada tiene en su cuenta de correo electrónico o en físico, cartas e informes que dan cuenta de la cantidad de ciudadanos venezolanos varados o migrantes que piden ser repatriados/as.

 

Parece ser que no hay el tiempo o el personal calificado para leer y sistematizar los datos aportados y ya sistematizados sea por los/as propios afectados/as o por organizaciones migrantes en Argentina. Esta manera de trabajar sigue siendo excluyente, pues muchos afectados viven en las afueras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) donde se encuentra la sede de la embajada venezolana. Para viajar de provincia a capital se debe tener permisos y dinero, lo cual son requisitos que no cumplen esos migrantes. Entonces los arreglos de viaje quedan para unos pocos.

 

Otro vuelo de Estelar ha salido de Venezuela el día 19 de octubre para traer al equipo de fútbol Estudiantes de Mérida para jugar contra Rancing por la copa Libertadores, en ese vuelo también viajaron familiares del personal diplomático. El día 20 el mismo avión regresó a Venezuela con todos los puestos ocupados, 120 personas aproximadamente, entre ellos 17 varados con boleto y otros que no se sabe cuál fue el criterio para subirlos al avión de Estelar, pero en muchos casos no eran discapacitados, ni personas mayores ni niños, no se sabe bien qué grado de vulnerabilidad presentaban ni por qué los priorizaron. Igual que el vuelo de agosto, éste fue presentado como uno humanitario, pero debieron pagar las pruebas PCR, el alojamiento, la tasa aeroportuaria y en algunos casos una diferencia en dólares con respecto al pasaje que tenían algunos.

 

Definitivamente no son vuelos de carácter humanitario asumidos por el Estado venezolano, son vuelos para unos pocos que tienen las condiciones para pagarse su retorno.

 

Otro vuelo “humanitario” de Estelar llegará a Argentina el 29 de octubre, no sé sabe si vienen las familias afectadas varadas en Venezuela ni quienes abordaran en Argentina para regresar, las familias siguen separadas y pasando tiempos difíciles de afrontar en un país que no es el suyo y en el cual ya no tienen esperanzas ni contención emocional ni económica.

 

El retorno debe ser una medida humanitaria en estos tiempos de excepcionalidad planetaria que afecta la salud y sobre todo afecta a los más desposeídos que no tienen acceso a ciertas herramientas para sobrevivir las cuarentenas o aislamientos excluyentes.

 

En virtud del derecho internacional, toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia, así lo deben hacer los países firmantes del Pacto Mundial sobre Migración y las convenciones internacionales que lo sustentan. Los gobiernos deben garantizar un regreso seguro, digno y voluntario de sus ciudadanos, así como su reincorporación sostenible a la sociedad. Los gobiernos están obligados a recibir a los migrantes y a velar por su acceso a la atención sanitaria y a otros derechos. En caso contrario, colocan a los migrantes en situaciones de extrema vulnerabilidad, en particular durante la actual pandemia del Covid-19.

 

Los gobiernos deben disponer de acceso equitativo a la información, a los tests, a los cuidados sanitarios y a la protección social de migrantes y varados. No se puede jugar con el dolor ajeno y la falta de condiciones de muchas y muchos, debe prevalecer la voluntad política y humanitaria de los gobiernos de Venezuela y Argentina para resolver la crisis que enfrentan los que menos tienen.

 

Ahora bien, la propuesta apunta a que se debe exonerar de todo gasto tanto a los varados como a los migrantes, se deben buscar los mecanismos para que las aerolíneas privadas no se aprovechen de los varados y que no se les siga cobrando tarifas que ya han pagado en sus boletos. La propuesta apunta también a que se revisen con otras aerolíneas, venezolanas y argentinas, para establecer un puente aéreo humanitario entre ambos países en beneficio de las y los varados y migrantes que desean ser retornados a sus países de origen.

 

Los próximos vuelos deben ser realmente humanitarios para todos por igual. Que no prevalezca la indolencia ni las individualidades ante tal problema.