Los datos personales de más de 200 personas en total figuran en un fichero "ilegal" de la empresa estadounidense Monsanto. ¿El motivo? Las personas que aparecen en el archivo se oponen al herbicida glifosato por ser susceptibles de influir en la opinión pública sobre el uso de este producto insignia de la empresa, propiedad desde 2018 del gigante químico alemán Bayer.
Los miembros del archivo de Monsanto están relacionados con la oposición a los productos herbicidas de la empresa, ahora perteneciente a la multinacional alemana Bayer. Según un ente regulador francés, que multó a Monsanto con unos 400.000 euros, la compañía almacenó de forma "ilegal" información privada y clasificó a sus integrantes en función de su capacidad para influir en la opinión pública sobre el polémico uso del glifosato.
Por ello, el miércoles 28 de julio la agencia de protección de datos personales de Francia multó con 400.000 euros, unos 473.000 dólares, a la compañía Monsanto, por recopilar ilegalmente archivos de personas que discrepan sobre el uso de sus controvertidos pesticidas. Un caso que presentaron siete demandantes afectados ante la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL).
La lista fue revelada por el diario francés 'Le Monde' y la cadena francesa France 2 en 2019, pero es ahora cuando se anunció el fallo de la demanda. La noticia se extendió por todo el Viejo Continente, puesto que Monsanto también habría configurado listas similares en la Unión Europa, con más de 1.400 personas implicadas.
Entre los datos archivados por Monstanto se encuentran los lugares de trabajo de las personas, el puesto que ocupan y sus números de teléfono fijo y móvil, las direcciones de correo electrónico o las redes sociales. Sumado a una clasificación del 1 al 5 sobre la capacidad de influir en la opinión pública y su posible apoyo a los productos de la empresa.
El ente francés regulador examinó las demandas de los afectados y achaca a la empresa no haber informado del archivo a quienes fueron investigados. Explica que incumplió con la obligatoriedad de informar, ya que los datos del fichero si fueron "recabados legalmente", "las personas deben ser informadas de su existencia (del archivo) para que puedan ejercer sus derechos, en particular su derecho de oposición", apuntó la CNIL.
Según señaló la CNIL, "la creación de ficheros de contactos por representantes de intereses con fines de cabildeo no es, en sí mismo, ilegal. En cambio, solo pueden figurar personas que puedan razonablemente esperar, por su notoriedad o su actividad, ser contactadas".
Bayer cuestiona su responsabilidad y el fallo del regulador francés
Por su parte, el grupo alemán cuestionó el fallo y su "responsabilidad del tratamiento de datos". La compañía envió también un comunicado a la prensa este miércoles, alegando que el organismo francés había "reducido considerablemente" el alcance inicial de sus acusaciones contra la firma y reiterando que su archivo era totalmente legal.
En un informe publicado por Bayer, el bufete de abogados Sidley Austin, con sede en Estados Unidos, agregó que no había encontrado evidencia de actividad de vigilancia ilegal en torno a las listas de vigilancia.
Debate a nivel mundial sobre el uso de los herbicidas con glifosato
La multinacional alemana sostiene también que los estudios científicos muestran que el ingrediente principal de su polémico herbicida Roundup, el glifosato, es seguro. Esto después de que el pasado mayo un juez de Estados Unidos rechazara un millonario acuerdo para resolver futuras demandas por cáncer relacionadas con su herbicida y en medio de un polémico debate sobre el uso del glifosato que se está dando en varios países europeos.
La Unión Europea está sumida en un debate sobre el glifosato, un herbicida que podría ser cancerígeno, según los detractores de su uso y que es utilizado en varios países de todo el mundo, como su polémico uso en Colombia, para erradicar cultivos de coca, pero cuyos efectos afectan a las poblaciones que rodean estas plantaciones.
De hecho, países como México han prohibido las aspersiones con este herbicida a partir de 2024, por sus efectos adversos para la salud y el medio ambiente.
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